La distancia geográfica entre Malmö, una ciudad sueca del sur de Escandinavia conectada con Copenhague a través del puente de Øresund, y el Barrio San José, en el partido de Almirante Brown del conurbano bonaerense, supera los 12.000 kilómetros. Mientras Malmö exhibe un patrimonio urbano que incluye una iglesia del siglo XIV, un castillo del siglo XV, una escultura monumental de un revólver con el caño anudado y un museo de arte moderno con obras de Picasso, Dalí y Matisse, el Barrio San José, fundado el 12 de diciembre de 1948 sobre tierras que alguna vez alojaron quintas y hornos de ladrillo, encuentra su nervio principal en la Avenida Eva Perón. Sin embargo, una misma peripecia vital unifica ambos puntos del planeta: la historia de María Esther Ramírez, quien luego de que su madre fuese asesinada en aquel rincón de la provincia de Buenos Aires y de permanecer más de seis años en el Hogar Casa de Belén de Banfield, se radicó definitivamente en la ciudad escandinava que da título al libro de Mónica Szurmuk.
La historiadora Mónica Szurmuk, investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de San Martín, publicó «Malmö. Una historia argentina» (Sudamericana), una obra de 192 páginas que reconstruye, a partir del testimonio directo de la protagonista, uno de los episodios menos transitados de la última dictadura cívico-militar argentina: la suerte de los niños que, sin haber sido apropiados por familias de represores, fueron retenidos en instituciones dependientes del circuito judicial bajo identidades fraguadas y sometidos a toda clase de vejaciones.
El origen de la tragedia se remonta a principios de la década del 70, en plena dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Allí se conocieron y contrajeron matrimonio civil Julio Ramírez y Vicenta Orrego Mesa, ambos militantes de la organización Montoneros. El matrimonio se trasladó a la Argentina escapando de la persecución política del régimen paraguayo y se estableció en Bernal, partido de Quilmes, donde Julio desempeñó tareas de albañil y logró ocupar la vicepresidencia de la Sociedad de Fomento local, mientras que Vicenta organizaba actividades culturales para los chicos del barrio en vínculo con sacerdotes del movimiento tercermundista. La pareja tuvo tres hijos: Carlos, nacido en 1971; María Esther, nacida en 1972; y Mariano Alejandro, nacido en 1974.
El proceso de desintegración familiar comenzó a fines de 1974, cuando la policía detuvo a Julio Ramírez. El padre fue secuestrado y luego legalizado como detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, permaneciendo privado de su libertad hasta 1981. Vicenta, con sus tres hijos, debió abandonar la casa de Bernal, vivió un tiempo en una casilla en la Villa Itatí, junto a una parroquia, y a comienzos de 1977 se instaló en el Barrio San José de Almirante Brown, en la intersección de las calles Nother y Santa Cruz, donde residió aproximadamente tres meses. Quince días antes del operativo, había alojado en su vivienda a una pareja de militantes de Montoneros que huía de la represión: María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga.
En la madrugada del 15 de marzo de 1977, un grupo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, integrado por policías bonaerenses junto a efectivos militares, rodeó la vivienda. Según consta en la elevación a juicio, tras un intenso tiroteo, Vicenta pidió una tregua para que pudieran salir los niños. Primero salió María Esther y luego Carlos, quien sangraba por el rozamiento de una bala. Acto seguido, Vicenta abandonó la casa con el menor, Mariano, en brazos, exhibiendo un trapo blanco. Un efectivo la condujo unos pasos hasta el límite de la construcción y, sin mediar provocación, le disparó a corta distancia en la cabeza. Vicenta cayó al suelo con el niño aún en brazos. El bebé fue apartado del cuerpo de su madre mediante una patada, momento en el cual el agresor descargó sobre ella una ráfaga de ametralladora. El mismo operativo se completó con la muerte de Ruival y Alvarenga, quienes quedaron alcanzados por el fuego posterior.
Los tres niños, con edades de dos, cuatro y cinco años, fueron recogidos por una pareja de vecinos, Raúl y Ofelia, quienes los mantuvieron bajo su cuidado durante aproximadamente una semana y luego los trasladaron al Tribunal de Menores de Lomas de Zamora. Allí los recibió la jueza Marta Pons y su secretaria, Norma Susana Pellicer. Se conformó un expediente y los menores fueron derivados inicialmente al Hogar Leopoldo Pereyra de Banfield para luego ser trasladados, el 14 de abril de 1977, al Hogar Casa de Belén, una institución ubicada en la calle Pueyrredón 1651 de esa localidad, dependiente de la iglesia Sagrada Familia y abierta poco tiempo atrás con el apoyo de miembros de la Iglesia Católica y feligreses de la parroquia local.
En el Hogar Casa de Belén, presentado como un espacio idílico que ofrecía el cuidado de una familia tradicional, los hermanos Ramírez fueron registrados con identidades fraguadas. Allí permanecieron hasta diciembre de 1983, soportando durante los seis años, ocho meses de encierro condiciones de vida que el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata calificaría décadas después como «condiciones de vida inhumanas». Los tres niños padecieron de manera sistemática y progresiva maltratos físicos, morales y psicológicos, además de abusos sexuales, en un contexto que el tribunal caracterizaría como constitutivo de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre 1976 y 1983.
La retención de los menores se produjo pese a los reclamos sostenidos del padre, quien desde la cárcel, a través de familiares y de organizaciones de derechos humanos entre las que se destacó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con la intervención directa de Emilio Mignone, promovió acciones judiciales, presentaciones ante tribunales y recursos extraordinarios que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos ellos desatendidos durante el período de encierro. Esta dinámica reveló la articulación entre el Poder Judicial de menores, los organismos de beneficencia y el aparato represivo del Estado, una trama de complicidades que permitió que niños testigos de un crimen de lesa humanidad fueran sustraídos de su identidad y recluidos durante la totalidad del período dictatorial.
El proceso judicial por estos hechos, tramitado en el marco de los juicios de lesa humanidad, concluyó en primera instancia el 2 de mayo de 2023. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, integrado por los jueces José Michilini, Andrés Basso y Nelson Jarazo, condenó a prisión perpetua a seis policías bonaerenses y al exministro de Gobierno provincial Jaime Lamont Smart. Entre los policías condenados se encontraban José Augusto López, Antonio Armando Calabró, Rubén Carlos Chávez, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangelli, integrantes de la Brigada de Lanús, además de Juan Miguel «Nazi» Wolk. Las condenas abarcaron tanto el operativo del 15 de marzo de 1977 como un segundo procedimiento del 16 de marzo, en el que también fueron asesinados los militantes Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee. En la misma sentencia, se condenó a cinco años de prisión a Norma Susana Pellicer, secretaria del Tribunal de Menores que había internado y retenido a los niños, desestimando los reclamos del padre sobre quien pesaba la condición de preso político.
El conjunto de las responsabilidades penales fue establecido por el tribunal, que además formuló una declaración de verdad expresa sobre los padecimientos sufridos por Carlos, María y Mariano Ramírez durante su alojamiento en el Hogar Casa de Belén, reconociendo de manera explícita la modalidad de abuso sexual y maltrato sistemático a la que fueron sometidos siendo niños de dos, cuatro y cinco años al momento de su ingreso. La fiscalía había solicitado, además de las penas principales, la afectación del inmueble de Pueyrredón 1651 como espacio de memoria en los términos de la Ley 26.691, con participación de la familia Ramírez.
Tras recuperar su libertad en diciembre de 1983, los tres hermanos fueron reunidos con su padre, quien había obtenido asilo político en Suecia. El grupo familiar se radicó en la ciudad de Växjö, donde el padre estableció residencia tras su liberación en 1981. Con el tiempo, los hermanos configuraron sus vidas en territorio escandinavo: Carlos se desempeña como chef, Mariano como maestro y María Esther reside en Malmö con su esposo y su hijo. La reconstrucción de la vida familiar se desarrolló en paralelo al proceso judicial que, cuatro décadas después de los hechos, reconoció la responsabilidad estatal en la cadena de violaciones a los derechos humanos que atravesó la infancia de los tres niños.
La obra de Szurmuk, presentada en el marco de los cincuenta años del golpe de Estado, se inscribe en una línea de investigación histórica que examina las modalidades de victimización infantil durante el terrorismo de Estado en la Argentina. A diferencia de los casos de apropiación de menores por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, la situación de los hermanos Ramírez evidencia una vía paralela de vulneración: la retención institucional con supresión de identidad y sometimiento a condiciones degradantes bajo la cobertura formal de organismos de protección de la infancia. La historia de Malmö, en palabras de su autora, señala la responsabilidad colectiva de continuar documentando y transmitiendo las experiencias de los niños víctimas de la dictadura, cuya reparación jurídica llegó recién con las sentencias de lesa humanidad del siglo XXI.
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