La controversia estalló a dos días del inicio del festival. El 17 de septiembre de 2026, la Red Universitaria por Palestina de Granada envió una carta a la organización del II Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-ALH —organizado por la Universidad de Granada (UGR) con motivo de su quinto centenario— solicitando que se reconsiderara la participación de Ariana Harwicz. Al día siguiente, la escritora argentina anunció públicamente en la red social X que había sido «desprogramada» de la conversación ‘Oponerse al mundo’, que iba a mantener con el escritor Jesús Ortega el 26 de septiembre en la Plaza de las Pasiegas. «Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror», escribió. El festival, previsto del 21 al 27 de septiembre con más de sesenta invitados en treinta actos y trece sedes, se cerró el domingo 27 sin uno de sus nombres principales: el irlandés John Banville, Premio Booker y Princesa de Asturias de las Letras 2014, quien declinó su participación en solidaridad con Harwicz.
La secuencia cronológica permite reconstruir el conflicto con precisión. El 18 de septiembre Harwicz hizo pública su exclusión y sostuvo que le comunicaron que no podían garantizar su seguridad si mantenía la actividad. El 19 de septiembre la UGR emitió un comunicado en el que se desligó de la decisión: aseguró que no fue adoptada, aprobada ni respaldada por su equipo de gobierno, y defendió que la universidad pública debe ser un espacio abierto a posiciones plurales. La responsabilidad quedó atribuida a las codirectoras del festival, la catedrática Ana Gallego Cuiñas y la editora Patricia Escalona Ruiz. El 20 de septiembre, la Red Universitaria por Palestina rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que sus críticas apuntaban a las posiciones públicas de Harwicz sobre Israel y el boicot cultural, no a su origen ni a su religión. «No somos un peligro para nadie. Una carta no es una amenaza. Protestar es un derecho y, frente al genocidio, una obligación», respondió el colectivo.
El punto de mayor tensión institucional llegó el lunes 21, cuando la Embajada de Argentina en España envió una carta al rectorado de la UGR en la que calificó la exclusión de la escritora como un asunto de «especial gravedad institucional» y reclamó mecanismos de reparación. La comunidad judía española también condenó el veto y pidió explicaciones. El Foro Argentino contra el Antisemitismo repudió la decisión y la calificó como censura.
El desarrollo del caso se organiza en tres capas superpuestas. La primera es la decisión concreta: la retirada de una invitación confirmada, comunicada tres días antes del evento. La segunda es la disputa sobre los motivos: la organización alegó que la presencia de Harwicz era «difícilmente conciliable» con los compromisos institucionales de la UGR respecto de Gaza —la universidad había suspendido en 2024 su colaboración científico-técnica con instituciones israelíes—, mientras la autora sostuvo que fue apartada por ser judía. La tercera capa es la guerra de manifiestos, que convirtió un episodio de programación cultural en un plebiscito sobre los límites de la libertad de expresión.
Harwicz llevó su versión a los medios argentinos. En una entrevista con Jorge Fernández Díaz en el programa Pensándolo bien, de radio Mitre, afirmó: «Me castigan por ser la mala judía. ¿Por qué ellos tienen que ver quién es judío bueno y malo? Fui la única del festival a la que le miraron todos los artículos a ver si me dejaban pasar o no. A los demás, libertad total para llevar un pañuelo». La autora de ‘Matate, amor’ apuntó directamente contra la cineasta Lucrecia Martel y la escritora y actriz Camila Sosa Villada por no haberla respaldado. «Yo decidí hablar esta vez y fue duro, hostil, y me atacaron seis compañeras contra uno. Eso fue lo más doloroso», expresó. Y agregó: «Algunas compatriotas argentinas, con las que tenemos amigas en común, como Rita Segato y otras. Ahí me deprimí más. Lucrecia Martel, que fui a ver todas sus películas cuando era estudiante de cine, con orgullo yo daba sus películas y analizaba la gramática. Y que una compañera con amigas en común, compatriota, feminista como yo, cada una a su manera, pida mi cabeza. Llegamos a un lugar de la cultura oscurísimo».
La escritora también cuestionó a las catedráticas responsables del festival. «Me dijeron tres días antes: ‘Te tenemos que desprogramar’. El mail comienza con ‘Querida Ariana, usted sabe cuánto la admiramos’. Me parece significativo porque no empieza diciendo que finalmente se dieron cuenta de que soy una novelista menor y desprecio la literatura. Me tienen que desprogramar porque la red de estudiantes por Palestina no está de acuerdo con mi programación», sostuvo. Sobre las condiciones de seguridad declaró: «Me dijeron off the record que se habían quedado sin presupuesto para la policía para los autores que tenían que tener policía, que son los que piensan distinto. Yo me angustié mucho porque ya me lo habían hecho en la Feria del Libro de Madrid. No puede ser que una autora judía o no judía que piensa distinto a otras tenga que estar angustiada porque viene alguien, te señala y te baja».
La comparación entre fuentes y perspectivas revela dos relatos incompatibles. La declaración de solidaridad con Harwicz, difundida el 23 de septiembre, reunió inicialmente más de 350 firmas —entre ellas las de Piedad Bonnett, María Negroni, Rodrigo Rey Rosa, Fernando Savater, Margo Glantz, Ana María Shua, Pola Oloixarac, Santiago Kovadloff y Santiago Roncagliolo— y luego superó las seiscientas. «Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica», afirmaba ese texto, que también señalaba: «Este comunicado no exige compartir las opiniones de Ariana Harwicz. Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias».
En sentido opuesto, el 25 de septiembre más de 500 escritores, artistas e intelectuales firmaron una ‘contracarta’ que respaldó la exclusión. Entre los firmantes figuran Lucrecia Martel, Camila Sosa Villada, Cristina Rivera Garza, Fernanda Trías, Lydia Cacho, Pilar Quintana, Alana S. Portero, Verónica Gago, Nona Fernández, Mónica Ojeda, Alejandro Zambra, Paul B. Preciado, Rodrigo Sorogoyen y la propia Patricia Escalona, una de las programadoras del festival. El documento respaldó a Rita Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro, Silvia Federici y Ángelo Néstore, quienes se habían pronunciado a favor de retirar la invitación. «Nuestro respaldo se extiende a quienes ejercen la protesta pacífica y la organización colectiva para exigir que las instituciones culturales y académicas respondan por las decisiones políticas que toman desde sus programaciones», sostiene el texto, que rechaza las acusaciones de antisemitismo y sostiene que la defensa del pueblo palestino no debe equipararse con ataques contra personas judías.
El perfil de la protagonista aporta dimensión al caso. Ariana Denise Harwicz nació en Buenos Aires en 1977, en una familia judía, y reside en Francia desde 2007. Su primera novela, ‘Matate, amor’ (2012), fue finalista del Premio Booker Internacional en 2018 y entró en la lista larga del galardón. La obra fue adaptada al cine en 2025 por la directora Lynne Ramsay, con producción de Martin Scorsese y protagónico de Jennifer Lawrence, bajo el título ‘Die, My Love’. Scorsese adquirió además los derechos de otras tres novelas de la autora. Es considerada una de las voces más radicales de la narrativa hispanoamericana reciente.
Las implicancias del episodio exceden el ámbito literario. El caso se inscribe en una secuencia de presiones sobre instituciones culturales europeas vinculadas al conflicto en Gaza. Días antes, más de treinta invitados al Festival de las Ideas de Madrid forzaron la retirada del patrocinio de la aseguradora Allianz, señalada como tenedora de bonos del Estado de Israel. Las universidades de Granada y Jaén habían suspendido en 2024 su colaboración con instituciones académicas israelíes. El patrón sugiere un desplazamiento del boicot cultural de los Estados hacia los individuos: no se boicotea a una institución, sino a autores identificados con determinadas posiciones. La paradoja que señalan los defensores de Harwicz es explícita: la autora fue apartada de un festival por oponerse al boicot.
El cierre del festival el domingo 27 de septiembre dejó un balance institucional ambiguo. La UGR atribuyó la responsabilidad a las directoras, que a su vez sostuvieron la decisión ante la presión del colectivo estudiantil y de una parte de los invitados. Banville, figura central del cartel, declinó acudir sin hacer declaraciones públicas. Harwicz no participó y anunció que evalúa acciones legales. La escritora reconoció que teme las consecuencias profesionales de denunciar estos episodios: «Mi vida depende de poder publicar y seguir yendo a estos lugares», declaró. El caso queda instalado como precedente sobre los mecanismos de exclusión en el ámbito cultural hispanohablante y sobre la creciente dificultad de sostener posiciones disidentes en espacios institucionales atravesados por el conflicto de Medio Oriente.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
