La investigación por la adquisición de una lujosa mansión en la localidad bonaerense de Pilar, vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, suma un nuevo capítulo de incertidumbre judicial. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó tratar una apelación presentada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como propietarios formales del inmueble pero son señalados por la fiscalía como posibles testaferros del dirigente futbolístico. El tribunal fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto a las 11:30 horas, donde se escucharán los argumentos de la defensa y del fiscal general de Casación, Mario Villar.
El objeto de la apelación es la decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que hace un mes ordenó que el caso quede bajo la órbita del Juzgado 10 de ese fuero, actualmente a cargo de la magistrada Verónica Straccia. Pantano y Conte reclaman que el expediente retorne al Juzgado Federal de Campana, liderado por Adrián González Charvay. Este conflicto de competencia se ha convertido en el eje central del proceso, generando una demora significativa en el avance de la pesquisa.
La causa se originó en diciembre pasado, a raíz de una denuncia por el presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados, que incluye un helipuerto y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de lujo y colección. La propiedad está registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., cuyos titulares formales son Pantano y Conte. Sin embargo, las autoridades judiciales han señalado que ninguno de ellos posee la capacidad económica declarada para justificar una inversión de tal magnitud.
El primer magistrado en intervenir fue Daniel Rafecas, quien ordenó el allanamiento de la propiedad. Durante el operativo, se encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central en agradecimiento, y se constató que los 54 vehículos poseían cédulas azules – que habilitan su uso – a nombre de familiares del tesorero de la AFA. Posteriormente, el caso pasó a Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, quien planteó la hipótesis de que la propiedad se habría adquirido con fondos de la propia AFA. Aguinsky determinó que Pantano poseía una tarjeta corporativa de la entidad, con la que realizaba gastos de hasta 50 millones de pesos por mes, incluyendo los pagos del Telepase de los vehículos secuestrados.
La defensa de Pantano y Conte, sin embargo, argumentó que el tribunal con jurisdicción en Pilar era la justicia federal de Campana, con asiento en la ciudad de San Martín. El juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, aceptó este planteo, y el caso quedó a cargo de González Charvay. Esta decisión fue apelada por todos los fiscales intervinientes, quienes recurrieron a la Cámara de Casación. El tribunal de alzada determinó que el planteo de los acusados debió haber sido resuelto por la Cámara en lo Penal Económico, y no por la de San Martín. Así, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robigilio dispusieron que el expediente regresara al fuero Penal Económico.
Este fallo, a su vez, fue apelado por Pantano y Conte, quienes insisten en que la causa debe volver a Campana. La apelación fue aceptada por la Cámara de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Este último, en diciembre, fue parte del tribunal que confirmó la competencia de la justicia Penal Económica. La resolución de la audiencia del 12 de agosto será clave para definir el rumbo de la investigación, que acumula ya un cuarto juez en el expediente.
Las implicancias de este conflicto de competencia son significativas. De confirmarse la hipótesis de que la propiedad fue adquirida con fondos de la AFA, el caso podría revelar un esquema de corrupción sistémica dentro de la entidad deportiva, afectando no solo a sus dirigentes sino también la percepción pública sobre la gestión de los recursos del fútbol argentino. La demora en la definición del fuero ha generado críticas por parte de sectores de la sociedad civil y de la política, que ven en la complejidad del proceso una posible estrategia dilatoria de la defensa. El Poder Judicial, por su parte, se enfrenta al desafío de resolver esta controversia sin que afecte la credibilidad de la investigación.
En conclusión, el caso de la mansión de Pilar se encuentra en un punto muerto debido a la puja por la competencia judicial. La decisión de la Cámara de Casación de tratar la apelación de Pantano y Conte introduce un nuevo elemento de incertidumbre. La audiencia del 12 de agosto será el escenario donde se definirán los próximos pasos, mientras se espera que la agilidad procesal permita avanzar en la determinación de responsabilidades y en la transparencia de las finanzas de la AFA.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
