La causa por el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA, promocionado en noviembre de 2024 por el presidente Javier Milei, retornó al centro de la escena judicial. Un inversor que había sido apartado como querellante apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de sobreseer a los imputados, entre ellos el propio Milei, su hermana Karina Milei, el empresario Hayden Davis y varios criptolobbistas. La apelación, presentada por Juan Patricio Marchetto con el patrocinio de Juan Grabois y Nicolás Rechanik, busca evitar el cierre definitivo del expediente y sostiene que la investigación debe profundizarse.
El origen del caso se remonta a la promoción que Milei hizo de $LIBRA a través de sus redes sociales. El token, lanzado en la plataforma Solana, experimentó un aumento vertiginoso de su cotización en minutos para luego desplomarse, generando pérdidas significativas entre inversores minoristas. La operación estuvo vinculada a Hayden Davis, un empresario estadounidense con antecedentes en el ecosistema de criptomonedas, y a los lobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy. La trama incluyó reuniones y comunicaciones previas al anuncio presidencial, según reconstruyó la investigación.
El fiscal Eduardo Taiano había solicitado el sobreseimiento al considerar que no se encontraron indicios de delito. El juez Martínez de Giorgi hizo lugar a ese pedido y sobreseyó a once personas, incluidos Milei, Karina Milei, Davis, Novelli, Terrones Godoy y otros involucrados en el proyecto. La decisión se basó en que las pérdidas de los inversores se explicarían por la volatilidad inherente al mercado de criptoactivos y no por una maniobra fraudulenta.
La apelación de Marchetto, motorizada por Grabois y Rechanik, ataca ese razonamiento. En su escrito, los abogados critican con dureza la actuación de Taiano y sostienen que, si el tribunal consideraba que ciertos extremos no estaban plenamente probados, correspondía dictar la falta de mérito o continuar investigando, pero no decretar de forma prematura que los hechos no constituyeron delito. Argumentan que la investigación permitió reconstruir una sucesión de acontecimientos anteriores, concomitantes y posteriores al lanzamiento de $LIBRA que, valorados en conjunto, justificaban profundizar la imputación y escuchar a los protagonistas.
Uno de los puntos centrales de la apelación es la falta de declaración indagatoria de los once investigados. Los abogados señalan que Taiano no llamó a declarar a ninguno de ellos, lo que constituye una de las mayores críticas a su labor. Sostienen que, con todos los elementos obrantes en autos, exigía escuchar en declaración indagatoria a quienes debían brindar explicación sobre las circunstancias del lanzamiento y las operaciones posteriores.
Otro eje del cuestionamiento es la hipótesis de la estafa. Para descartarla, Taiano había afirmado que las pérdidas de los inversores se correspondían con la volatilidad propia del mercado de criptoactivos. Los apelantes responden que debe investigarse si los organizadores contaban con información asimétrica que les permitiera ejecutar el engaño. Es decir, si los promotores del token sabían de antemano que su valor se derrumbaría y aun así lo publicitaron entre inversores desprevenidos.
Un dato llamativo del expediente es la identidad de los titulares de 74 billeteras cripto que ejecutaron 87 operaciones de compra por 135 millones de dólares segundos antes del tuit de Milei. Es decir, con información privilegiada sobre el inminente anuncio presidencial. La investigación no logró determinar quiénes eran esos titulares, lo que refuerza la necesidad de seguir indagando según los apelantes.
El contexto del caso se enmarca en el auge de las criptomonedas y los memecoins, activos digitales de alta volatilidad que suelen carecer de respaldo subyacente. La promoción de este tipo de activos por parte de figuras públicas plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal y ética de los influenciadores. En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) no regula específicamente los memecoins, lo que genera un vacío normativo que dificulta la persecución de conductas fraudulentas.
A nivel internacional, existen precedentes de casos similares. En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha iniciado acciones contra celebridades y empresarios por promocionar criptoactivos sin divulgar compensaciones. En 2023, el caso de la criptomoneda Squid Game, que resultó ser una estafa, derivó en investigaciones por fraude. Estos antecedentes sugieren que la promoción de tokens sin transparencia puede acarrear consecuencias legales.
El economista y especialista en criptomonedas, Carlos Massé, señaló a este medio que «la asimetría de información es un elemento clave en este tipo de casos. Si los promotores conocían el carácter efímero del token o tenían participación en las billeteras que compraron antes del anuncio, se configuraría una maniobra de insider trading o fraude». Massé agregó que «la volatilidad no es excusa si hubo engaño deliberado».
Por su parte, fuentes judiciales indicaron que la apelación será resuelta por la Cámara Federal, que deberá evaluar si el sobreseimiento fue prematuro. De prosperar, la causa podría reabrirse y avanzar hacia la indagatoria de los implicados. Mientras tanto, el expediente permanece caratulado como «averiguación de delito», lo que permite la producción de nuevas pruebas.
Las implicancias del caso trascienden lo judicial. La figura presidencial se vio salpicada por el escándalo, aunque Milei negó cualquier irregularidad y atribuyó las pérdidas a la volatilidad del mercado. La oposición ha utilizado el episodio para cuestionar la idoneidad del mandatario en materia económica y financiera. Asimismo, el caso puso en evidencia la necesidad de regular los criptoactivos en Argentina, un mercado que mueve miles de millones de dólares anuales pero que carece de un marco normativo integral.
En el plano internacional, la promoción de $LIBRA por parte de un jefe de Estado generó repercusiones. Analistas financieros advirtieron sobre el riesgo de que líderes políticos utilicen su influencia para beneficiar activos especulativos, lo que podría socavar la confianza en los mercados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a los países miembros establecer regulaciones claras sobre criptoactivos y publicidad de los mismos.
La apelación de Marchetto también pone el foco en la actuación del fiscal Taiano, quien habría sido cuestionado por su lentitud y falta de profundidad. Grabois, reconocido dirigente social, ha sido crítico del gobierno de Milei y su participación en la causa añade un componente político. Sin embargo, los abogados insisten en que su objetivo es que se investigue la verdad y se determine si hubo delito.
El escrito de apelación será analizado por la Sala correspondiente de la Cámara Federal, que deberá resolver si confirma o revoca el sobreseimiento. Si lo revoca, el expediente volverá al juzgado de Martínez de Giorgi para que continúe la investigación. Los apelantes confían en que la Cámara comparta su visión de que el caso no está cerrado y que existen elementos suficientes para sospechar la comisión de un delito.
Mientras tanto, los inversores que perdieron dinero con $LIBRA esperan respuestas. Muchos de ellos son pequeños ahorristas que confiaron en la palabra del presidente. La causa judicial es su única vía para obtener algún tipo de reparación. La decisión de la Cámara será clave para determinar si el sistema judicial argentino está dispuesto a investigar a fondo un caso que involucra a la máxima autoridad del país.
En síntesis, el caso $LIBRA sigue abierto y la apelación presentada por un inversor busca evitar que se cierre prematuramente. La investigación deberá dilucidar si hubo engaño, información privilegiada y responsabilidad de los funcionarios y empresarios involucrados. La resolución de la Cámara Federal marcará un precedente sobre la regulación de criptoactivos y la responsabilidad de las figuras públicas en su promoción.
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