El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que comenzó el viernes 23 de octubre de 2026 en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), avanza con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Este documento, que la fiscalía y la querella leen por segunda audiencia consecutiva, detalla la estructura de una maniobra que, según la acusación, permitió a Lázaro Báez devolver parte de los fondos obtenidos de la obra pública a la economía privada de la familia Kirchner. La causa pone en el centro de la escena la relación entre el empresario y los ex presidentes, y desarma la tesis defensiva de Cristina Kirchner, quien declaró en su momento: ‘Nunca fue mi socio, no somos amigos ni lo seremos’.
El requerimiento de elevación a juicio, cuya lectura continuó este lunes, describe el punto de partida de la maniobra: ‘la formación de una sociedad comercial que permitiera ser utilizada por los integrantes de la familia Kirchner para diseñar y ejecutar la maniobra de lavado de activos que se proponían encarar junto con los empresarios amigos’. Según la acusación, esa sociedad fue Los Sauces, una firma creada en 2003 y controlada por la familia presidencial, que sirvió como vehículo para recibir fondos y bienes provenientes de contratistas del Estado. La justicia no se pronuncia sobre la amistad, pero da por corroborada la sociedad comercial que, según el documento, posibilitó un incremento patrimonial mutuo.
La reconstrucción judicial se apoya en datos precisos. Lázaro Báez, quien al asumir Néstor Kirchner en 2003 era un empleado bancario con un patrimonio declarado de poco más de 800.000 pesos, pasó a concentrar el 80% de los contratos viales de Santa Cruz, por un monto superior a los 16.000 millones de pesos a valores históricos. Ese flujo millonario provino de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que adjudicó obras a las empresas de Báez, en particular Austral Construcciones. La acusación sostiene que, una vez garantizado ese financiamiento, Báez actuó como constructor cautivo de la familia: en noviembre de 2008, mientras el matrimonio presidencial aportaba a Los Sauces dos terrenos en Río Gallegos valuados en 13.500 pesos cada uno, la constructora Loscalzo y Del Curto, propiedad de Báez, ya levantaba allí dos complejos de cuatro departamentos con un 60% de avance de obra, facturando a la sociedad familiar 4.185.683,65 pesos por las edificaciones. Es decir, la sociedad de los Kirchner aportaba el terreno a bajo costo y la empresa de Báez construía los inmuebles, que luego serían alquilados a firmas del mismo empresario.
La fase definitiva del reciclaje de fondos, según el requerimiento, se completó con la simulación sistemática de contratos de arrendamiento que alimentaron las cuentas bancarias de la expresidenta y sus hijos. Apenas terminadas las obras, Báez alquiló todos los departamentos a través de sus firmas (Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones), al tiempo que administraba el Hotel La Aldea del Chaltén mediante la gerenciadora Valle Mitre. De este modo, se aseguró un circuito cerrado y continuo en el que Lázaro Báez oficiaba al unísono de financista del capital inicial, constructor de las propiedades y locatario cautivo, lo que permitía devolver los fondos públicos con ropaje de rentas privadas. La acusación detalla que los alquileres eran pagados por las empresas de Báez a Los Sauces, y que esos fondos luego eran distribuidos entre los integrantes de la familia Kirchner. Este mecanismo, según la fiscalía, constituye lavado de activos, ya que los fondos de origen público ingresaban al patrimonio de los ex presidentes a través de una cadena de operaciones simuladas.
El juicio, que se extenderá por varias audiencias, busca determinar la responsabilidad de los imputados, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, y otros ex funcionarios y empresarios. La causa Hotesur se centra en el alquiler de habitaciones del hotel de la familia Kirchner en El Calafate a empresas de Báez, mientras que Los Sauces investiga la sociedad homónima y sus operaciones inmobiliarias. Ambas causas fueron elevadas a juicio oral en 2023 y ahora se ventilan en el TOF 5. La lectura del requerimiento de elevación a juicio es una etapa procesal en la que se expone la acusación completa, y continuará en las próximas audiencias.
El impacto de este juicio trasciende lo judicial. La causa Hotesur-Los Sauces se inscribe en un contexto de causas de corrupción que involucran a la ex presidenta y a su entorno, y que han polarizado a la sociedad argentina. La acusación, si bien aún no es una sentencia, refuerza la hipótesis de que existió un entramado de negocios entre el poder político y el empresariado contratista. Para los analistas, el caso pone en evidencia los riesgos de la concentración de obra pública en pocos contratistas y la necesidad de mecanismos de control más estrictos. Asimismo, la causa podría tener implicancias en el ámbito político, ya que Cristina Kirchner sigue siendo una figura central del peronismo y su situación judicial influye en el tablero electoral.
En el plano económico, la causa expone cómo los fondos públicos destinados a infraestructura pueden ser desviados hacia fines privados. Según datos de la Oficina Anticorrupción, entre 2003 y 2015, la obra pública en Santa Cruz creció exponencialmente, y Austral Construcciones fue uno de los principales beneficiarios. La acusación sostiene que ese crecimiento no fue solo producto de la eficiencia empresarial, sino de un vínculo político que garantizó contratos y luego permitió el retorno de esos fondos a la familia presidencial. Este tipo de mecanismos, de comprobarse, socava la confianza en las instituciones y distorsiona la competencia en el mercado de la construcción.
La defensa de Cristina Kirchner ha sostenido que no existió tal sociedad con Báez y que los alquileres eran operaciones reales. Sin embargo, el requerimiento de elevación a juicio presenta documentación y testimonios que, según la fiscalía, demuestran lo contrario. El juicio oral permitirá a las partes presentar pruebas y contrapruebas, y se espera que declaren testigos clave, como ex funcionarios de Vialidad y empleados de las empresas de Báez. La sentencia, que podría demorar meses, definirá el futuro judicial de los imputados.
En conclusión, el juicio por Hotesur-Los Sauces avanza con la lectura de un requerimiento que describe un circuito financiero cerrado entre la obra pública y el patrimonio de la familia Kirchner. La acusación sostiene que Lázaro Báez utilizó su rol como contratista para financiar, construir y alquilar propiedades de Los Sauces, devolviendo así fondos públicos a través de rentas simuladas. El tribunal deberá determinar si estas operaciones constituyeron lavado de activos y si los imputados son responsables. Más allá del resultado, el caso expone la trama de intereses que rodeó la gestión kirchnerista y plantea interrogantes sobre la transparencia en la contratación pública y la responsabilidad de los empresarios que se benefician del poder político.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
