El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela acusado de espionaje, publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que identifica por primera vez a los responsables de su cautiverio, colocando al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, como el principal responsable político de su secuestro. En su declaración, Gallo señaló directamente a Cabello, afirmando: «Yo era ‘el preso de Diosdado’. Él sabía dónde estaba y públicamente habló de mí y de mi supuesta acusación por espionaje». Este pronunciamiento marca un punto de inflexión en la búsqueda de justicia del gendarme, quien también anunció que ya solicitó ante la Justicia argentina la detención y captura internacional de cinco funcionarios vinculados a su caso.
La detención de Gallo ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela con su pasaporte argentino para reunirse con su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, quienes habían viajado a Caracas para pasar las fiestas con su familia. Según el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gallo completó los trámites migratorios de rutina y luego fue apartado para una «entrevista» por funcionarios venezolanos. A partir de ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro, entonces autoproclamado presidente, lo acusó de presuntas «acciones conspirativas» y de un supuesto plan para asesinar a altos funcionarios, cargos que Gallo siempre negó.
En su descargo, Gallo detalló la estructura involucrada en su cautiverio, mencionando a Javier Marcano Tábata, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y a Alexander Granko Arteaga, vinculado a la estructura de Asuntos Especiales. También señaló a los responsables del penal El Rodeo I, incluyendo a Carlos Enrique «Tiburón» Rincones Serven, director del penal durante el primer período de su cautiverio, y a Alexander José «Pater» Martínez Endeiza, quien lo sucedió. Gallo describió las condiciones de reclusión, indicando que los custodios utilizaban seudónimos y tenían el rostro cubierto, por lo que sus identidades fueron conocidas después de su liberación.
Respecto al sistema judicial venezolano, Gallo apuntó contra los funcionarios que intervinieron en su proceso, como el entonces fiscal general Tarek Williams Saab, la fiscal Farik Karín Mora Salcedo, quien participó en la audiencia que sostuvo su detención, y el juez Carlos Enrique Liendo Acosta, quien lo acusó de terrorismo. Gallo afirmó que el juez nunca tuvo comunicación directa con él, subrayando que no tuvo un verdadero debido proceso. Estas declaraciones evidencian las fallas procesales y la falta de garantías legales que caracterizaron su caso, según organismos internacionales de derechos humanos.
El caso de Gallo ha tenido implicancias significativas a nivel internacional, ya que su detención generó reclamos ante la CIDH, que documentó la irregularidad del procedimiento. La organización también señaló que el gendarme había cumplido todos los trámites migratorios, lo que contradice la versión oficial venezolana. Este incidente agravó las tensiones bilaterales entre Argentina y Venezuela, que ya eran tensas debido a las diferencias políticas entre los gobiernos de ambos países. La detención de un gendarme en misión oficial reflejó el clima de represión política que se vive en Venezuela, según reportes de ONG y organismos internacionales.
Las consecuencias de este hecho se extienden al ámbito jurídico y diplomático. La solicitud de captura internacional presentada por Gallo ante la Justicia argentina podría generar un conflicto diplomático con Venezuela, que no cuenta con un tratado de extradición con Argentina. Sin embargo, esta acción representa un avance en la búsqueda de justicia por parte del gendarme, quien sostiene que «esas personas tienen que responder ante la Justicia». En su descargo, Gallo expresó su intención de ampliar la investigación para identificar a todos los involucrados, desde los interrogadores hasta los torturadores, afirmando: «Quiero saber quiénes eran los hombres que me recibieron, quiénes me interrogaron, quiénes me torturaron, quiénes me trasladaron y quiénes dieron las órdenes».
El caso de Gallo se enmarca en un contexto más amplio de denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, donde organizaciones como Foro Penal y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias y torturas contra opositores y ciudadanos extranjeros. La liberación de Gallo, ocurrida el 1 de marzo de 2026, fue el resultado de negociaciones diplomáticas y presiones internacionales, aunque su testimonio revela la magnitud de la crisis institucional en el país. La denuncia pública de Gallo y su solicitud de justicia internacional podrían influir en futuros procesos legales contra funcionarios venezolanos en el ámbito internacional, especialmente en países que aplican la jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad.
En conclusión, la declaración de Nahuel Gallo no solo constituye un acto de visibilización de su caso, sino también un paso hacia la rendición de cuentas de los responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Su testimonio detalla la cadena de mando y las instituciones involucradas, lo que podría servir de base para investigaciones futuras. La respuesta del gobierno venezolano no se ha hecho esperar, aunque no se ha emitido un pronunciamiento oficial al cierre de esta edición. Mientras tanto, Gallo se convierte en un símbolo de la lucha contra la impunidad en la región, y su caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
