La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para un nuevo capítulo de la disputa política en torno a la crisis económica, con la oposición intentando imponer en el recinto un paquete de medidas orientadas a contener el creciente endeudamiento de las familias. La convocatoria a una sesión especial, solicitada por el diputado radical Pablo Juliano, está fechada para el miércoles 9 de septiembre a las 12 del mediodía, y en su temario figuran más de 50 iniciativas. El escenario de fondo es un informe de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), que revela un deterioro acelerado: la morosidad total del sector privado alcanzó el 7,73% en julio, afectando a casi seis millones de personas en situación de mora.
El proyecto original, que cuenta con el respaldo de varios bloques opositores, propone un abordaje integral de la situación. Uno de los ejes centrales es la modificación del artículo de la Ley de Contratos de Trabajo que regula la inembargabilidad de las cuentas sueldo, con el objetivo de blindar los ingresos mínimos de los trabajadores frente a acciones judiciales de los acreedores. A esto se suma la declaración de la emergencia crediticia para las familias endeudadas, que habilitaría un régimen especial de saneamiento y alivio financiero. El temario también incluye la prórroga de la emergencia nacional de discapacidad hasta fines de 2027, un tema que suele generar consenso transversal.
La pulseada por el quórum es el primer obstáculo. La oposición deberá garantizar la presencia de 129 diputados para habilitar el debate, un número que parece difícil de alcanzar sin el acompañamiento de sectores dialoguistas del oficialismo. La convocatoria, firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, establece un temario que el Gobierno de Javier Milei ya anticipó que no acompañará. La postura oficial, expresada en reiteradas oportunidades por el Presidente y sus principales funcionarios, es que el problema de la morosidad es “un tema entre privados” que debe resolverse en el marco del mercado, sin intervención estatal directa.
El contexto económico explica la urgencia opositora. El informe de la consultora 1816, al que tuvo acceso este medio, detalla que la irregularidad en el repago de créditos del sector privado aumentó de 7,63% a 7,73% en julio. El segmento más crítico es el consumo: la mora de las familias escaló al 12,94%, mientras que en las empresas se ubicó en 3,61%. La comparación interanual es contundente, ya que en octubre de 2024 la irregularidad de los hogares era de apenas 2,5%. Además, el fenómeno no es sectorial: se incrementó en 23 de los 30 principales bancos del país, lo que refleja una generalización del problema.
Para amortiguar el impacto de la caída de los ingresos reales, el sistema financiero recurrió a un volumen récord de refinanciaciones. Según las estimaciones, los hogares ya refinanciaron deudas por más de 26 billones de pesos, un nivel inédito en décadas. Estas operaciones representan actualmente el 37% del saldo total prestado a las familias, lo que evidencia la estrategia de los bancos para evitar un colapso en sus carteras. Sin embargo, la situación es aún más delicada fuera del circuito bancario tradicional. En las entidades no financieras de crédito, un segmento liderado por empresas como Mercado Pago y Tarjeta Naranja que concentra el 54% del mercado, la tasa de morosidad trepó al 33,69%, una cifra que duplica los niveles de riesgo considerados tolerables.
Las implicancias de un eventual tratamiento legislativo son significativas. Si la oposición logra imponer su agenda, se sentaría un precedente de intervención estatal en un área que el oficialismo considera privada. La modificación de la inembargabilidad de las cuentas sueldo, por ejemplo, requeriría una adecuación de los procedimientos judiciales y un nuevo equilibrio entre los derechos del acreedor y del deudor. La declaración de emergencia crediticia, por su parte, habilitaría al Poder Ejecutivo a dictar medidas administrativas para reestructurar deudas, un mecanismo que ya se utilizó durante la crisis de 2001 y que podría ser visto como un freno al negocio de las financieras.
La sesión especial del miércoles será la primera prueba de fuego para una oposición que busca capitalizar el malestar social, aunque el resultado final dependerá de la capacidad de negociación y de la asistencia al recinto. Fuentes parlamentarias consultadas indicaron que, en caso de no alcanzar el quórum, se podría convocar a una nueva sesión para la semana siguiente, intensificando la presión pública. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene su postura de no intervenir, confiando en que la desaceleración inflacionaria y la recuperación del crédito permitirán una resolución orgánica del problema. Con casi seis millones de personas en mora y una ola de refinanciaciones que ya supera el 37% del total prestado a los hogares, los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de una economía que aún no encuentra un piso sólido.
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