El juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal 4 de Comodoro Py por más de dos décadas, se encuentra al frente de una serie de expedientes judiciales de alta sensibilidad política que mantienen en vilo tanto al Gobierno libertario como al expresidente Alberto Fernández. Las investigaciones abarcan desde un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta el análisis del patrimonio del vocero presidencial, Manuel Adorni, y la posible reapertura del procesamiento de Fernández en el caso Seguros.
Recientemente, concluyeron las indagatorias en el caso ANDIS, donde se investiga un supuesto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y coimas. La fiscalía, a cargo de Franco Picardi, imputó a 35 personas tras detectar maniobras que habrían defraudado al Estado por aproximadamente 75.478.149.019 pesos. Los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS habrían direccionado compras de insumos de alto costo (PACBI) hacia un grupo reducido de empresarios a cambio de retornos económicos. Entre los indagados se encuentran Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, además de Diego Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, ya procesado previamente por corrupción.
En paralelo, el juez Lijo deberá resolver en breve el requerimiento de justificación para que Manuel Adorni, actual vocero presidencial, explique las inconsistencias detectadas en su patrimonio. Este caso ha generado particular atención en el entorno del Gobierno, dado que Adorni es una figura clave en la comunicación oficial. La investigación se centra en posibles irregularidades en la declaración de bienes del funcionario, aunque aún no se han definido los pasos procesales posteriores.
Otra causa que mantiene en alerta al expresidente Alberto Fernández es la conocida como caso Seguros. Tras una pericia ordenada por el juzgado, Lijo deberá decidir si se vuelve a procesar al exmandatario, quien ya había sido imputado anteriormente por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. La resolución de este expediente podría tener implicancias políticas significativas, especialmente en un contexto de fuerte polarización.
Las implicancias de estas causas trascienden lo judicial, ya que tocan directamente a actores centrales del poder político y económico. El caso ANDIS, por ejemplo, expone un posible desvío de fondos destinados a personas con discapacidad, lo que genera un fuerte rechazo social. Por otro lado, las investigaciones sobre Adorni y Fernández ponen en duda la transparencia de figuras que ocupan o han ocupado altos cargos públicos. La decisión final de Lijo, que no podrá ser apelada en muchos casos por su carácter de juez federal con competencia originaria, será determinante para el curso de estos procesos.
La conclusión de estos expedientes dependerá de la evidencia recabada y de las decisiones del magistrado, quien ha demostrado en el pasado una postura firme en casos de corrupción. Mientras tanto, el Gobierno y el expresidente aguardan con cautela los próximos movimientos judiciales, que podrían reconfigurar el panorama político en los próximos meses.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
