La Fiscalía de Bolivia que investiga el intento de femicidio de Nadia Beller, pareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, avanza este miércoles con una prueba que podría ser determinante: la apertura y peritaje del teléfono celular y la computadora portátil del acusado, quien permanece detenido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la fiscal Yolanda Aguilera, a cargo de la investigación, ordenó la realización de los peritajes técnicos sobre los dispositivos, los cuales fueron incautados en el momento de la detención de Cerimedo, ocurrida el lunes pasado en el aeropuerto internacional Viru Viru. El consultor, conocido por su trabajo en campañas electorales y por haber asesorado al presidente argentino Javier Milei, había llegado a Bolivia horas después del ataque armado sufrido por Beller, quien recibió tres disparos por parte de sicarios a bordo de una motocicleta, en las inmediaciones de un hotel de la capital cruceña. La víctima, que sobrevivió al ataque, identificó a Cerimedo como el instigador del intento de homicidio, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar su detención preventiva.
El peritaje de los dispositivos electrónicos es considerado un paso crucial por los investigadores, pues podría revelar comunicaciones, coordenadas, o cualquier otro elemento que vincule al consultor con la planificación del ataque. Cabe destacar que Cerimedo, al momento de su detención, proporcionó voluntariamente la clave de acceso a su teléfono móvil, lo que facilitaría el trabajo de los peritos. No obstante, algunos analistas especulan que el dispositivo podría no contener información que incrimine directamente al acusado, dado que este habría tenido tiempo de eliminar o transferir datos relevantes antes de su arresto. En paralelo, este miércoles también está previsto que la fiscal Aguilera presente la acusación formal contra Cerimedo por el delito de tentativa de femicidio. El plazo legal para dicha presentación vence a las 15:00 horas en Bolivia (14:00 en Argentina), y junto con la acusación, la fiscal solicitará que la detención del consultor se convierta en prisión preventiva, es decir, que continúe privado de libertad durante el proceso judicial.
Tras la presentación de la acusación, el juzgado competente deberá convocar a una audiencia oral, en la que estarán presentes la fiscal, los abogados defensores de Cerimedo y el propio acusado. En esa instancia, el juez decidirá si mantiene la prisión preventiva o si otorga la libertad con medidas restrictivas, como el uso de tobillera electrónica o la prohibición de salir del país. Se estima que dicha audiencia podría realizarse este jueves, aunque aún no hay una confirmación oficial. Durante el martes, Cerimedo se negó a declarar ante la Fiscalía, siguiendo la recomendación de su defensa, que busca conocer primero el contenido de las pruebas en su contra. Este silencio procesal es habitual en casos de alta complejidad, donde la estrategia legal suele reservarse para evitar contradicciones o filtraciones de información.
Mientras tanto, la Justicia boliviana continúa la búsqueda de los dos sicarios que ejecutaron el ataque contra Beller. Según las primeras investigaciones, los atacantes, vestidos como repartidores de una aplicación de delivery, llegaron al lugar en una motocicleta y huyeron en otra que los esperaba. Además de efectuar los disparos, los agresores sustrajeron el teléfono móvil de la víctima, un dato que podría indicar un intento de eliminar posibles evidencias. La detención de Cerimedo también derivó en allanamientos a al menos dos viviendas, incluido su departamento en la ciudad de La Paz. Durante estas diligencias, el fiscal Carlos Torres informó que se secuestraron sumas importantes de dinero en efectivo, así como objetos de valor ocultos en compartimentos especialmente acondicionados en muebles, un teléfono satelital, indumentaria de la Policía de Bolivia, valijas, una motocicleta con las llaves puestas y un vehículo que, por sus características, aparentaba ser de uso oficial. También se encontraron tarjetas personales de Cerimedo en las que este se presentaba como «asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia», cargo que, según las autoridades, habría estado ejerciendo de manera no oficial pero con acceso directo al mandatario.
Estos hallazgos han llevado a la Fiscalía a abrir una segunda causa penal contra Cerimedo, esta vez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, dado que los objetos y el dinero no guardan relación con los ingresos declarados del consultor. La noticia ha tenido un fuerte impacto político en Bolivia, donde el gobierno del presidente Rodrigo Paz se ha visto obligado a reconocer oficialmente que Cerimedo ejercía labores de asesoría en el ejecutivo. Este reconocimiento ha generado críticas de la oposición, que cuestiona la contratación de un extranjero con antecedentes de manejo de campañas agresivas y su posible influencia en decisiones gubernamentales. Además, el caso ha puesto en el centro del debate público el rol de los asesores internacionales y la transparencia en los vínculos entre el poder político y figuras externas.
Desde el punto de vista social, el intento de femicidio ha reavivado el debate sobre la violencia de género en Bolivia, un país con altas tasas de este delito. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de sicarios para cometer este tipo de crímenes, una modalidad que, aunque no es nueva, se ha vuelto más visible en casos de alto perfil. Asimismo, el caso de Cerimedo, quien antes de su detención era una figura pública influyente, ha generado un escrutinio sobre los métodos de captación de clientes políticos y la ética de quienes asesoran a mandatarios en la región. La posibilidad de que Cerimedo haya utilizado fondos ilícitos para financiar su estilo de vida o sus actividades políticas añade una capa de complejidad a un caso que ya era jurídicamente intrincado.
En el plano internacional, el suceso podría tensar las relaciones entre Argentina y Bolivia, especialmente porque Cerimedo mantiene vínculos estrechos con sectores del gobierno argentino. Aunque el presidente Milei no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino ofrezca asistencia consular al detenido, en el marco de los tratados bilaterales. Los expertos legales señalan que el proceso en Bolivia podría extenderse por meses, dependiendo de la complejidad de las pruebas y de los recursos que la defensa interponga. La fiscalía, por su parte, sostiene que cuenta con evidencias sólidas, aunque algunos elementos aún no han sido divulgados para no entorpecer la investigación. Mientras tanto, la figura de Cerimedo, otrora conocida por su estrategia digital y su cercanía con líderes de la derecha latinoamericana, se ve ahora envuelta en un escándalo de consecuencias impredecibles.
A la espera de la audiencia de este jueves, la opinión pública boliviana sigue con atención cada detalle del proceso. La apertura de su celular, prevista para hoy, es un paso que podría acelerar los tiempos o, por el contrario, complejizarlos si se encontraran elementos que requieran un análisis forense más profundo. La fiscal Aguilera ha reiterado que se actuará con estricto apego a la ley, evitando especulaciones y filtraciones. En este contexto, el caso Cerimedo se ha convertido en uno de los más seguidos de la región, no solo por la gravedad de los cargos, sino por las implicancias políticas y sociales que conlleva. La lucha contra el femicidio y el crimen organizado se entrelazan ahora con el universo de la consultoría política, un escenario que pocos habían previsto y que tendrá, sin duda, repercusiones en la forma en que se percibe a los asesores internacionales que operan en América Latina.
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