El juez federal Luis Armella desestimó el pedido presentado por las defensas de Martín Insaurralde y Jesica Cirio para excluir de la causa el video en el que se observan fajos de dólares en una propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente. La decisión, emitida el 8 de julio de 2026, ratifica que el material audiovisual continuará formando parte del expediente como prueba, mientras se realizan pericias técnicas para determinar su origen y posible manipulación.\n\nEl caso, que investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se inició tras la difusión pública del video, el cual fue presentado como evidencia durante allanamientos realizados en el marco de la causa. Las defensas de ambos imputados argumentaron que la grabación podría haber sido obtenida de manera ilegal y que podría haber sido alterada mediante herramientas de edición o inteligencia artificial. Sin embargo, Armella consideró que esos cuestionamientos no justifican la exclusión de la prueba en esta etapa procesal, y que deben ser resueltos a través de las pericias técnicas ya ordenadas.\n\nEn su resolución, el magistrado respaldó las medidas adoptadas durante la instrucción, calificándolas de «completas y rigurosas». Como parte de esas medidas, la justicia ya extrajo la información del teléfono celular y de otros dispositivos electrónicos entregados por Jesica Cirio. Dicho contenido será analizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo que deberá determinar si el video fue manipulado antes de su difusión y si su origen se ajusta a los parámetros legales.\n\nEl video, que muestra fajos de dólares en una propiedad, se ha convertido en una pieza central para la investigación. Los investigadores buscan establecer si los bienes en cuestión fueron adquiridos mediante una estructura de testaferros para ocultar su verdadero origen y titularidad. Como parte de la pesquisa, se ha ordenado la tasación de distintos inmuebles bajo sospecha, incluida la propiedad de San Vicente, donde fue registrado el video. El análisis patrimonial incluye la identificación de los verdaderos propietarios y la posible utilización de intermediarios.\n\nLa resolución de Armella se da pocos días después de que el mismo magistrado rechazara un pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola contra Insaurralde, Cirio y otros imputados. En esa oportunidad, el juez consideró que la detención era prematura, pero mantuvo vigentes las restricciones procesales, como la prohibición de salir del país y la obligación de solicitar autorización judicial para ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas. Estas medidas buscan asegurar la presencia de los imputados durante el proceso.\n\nLas implicancias de esta decisión judicial son significativas para el desarrollo de la causa. Al mantener el video como prueba, la justicia preserva una de las evidencias que considera centrales para reconstruir el patrimonio de los imputados. El resultado de las pericias sobre el video y sobre los dispositivos electrónicos secuestrados será determinante para definir los próximos pasos de la investigación, que ha cobrado nuevo impulso en las últimas semanas. De confirmarse la autenticidad del material, podría acelerar las actuaciones judiciales y llevar a nuevas imputaciones.\n\nEn paralelo, la investigación continúa con nuevas medidas patrimoniales. Los peritos trabajan en la tasación de los inmuebles identificados, mientras que el análisis de los dispositivos electrónicos podría revelar comunicaciones, transacciones financieras y otros documentos relevantes. La causa, que involucra a figuras políticas y mediáticas, sigue siendo monitoreada de cerca por la opinión pública, aunque la justicia mantiene el secreto de sumario sobre ciertos detalles de la pesquisa.\n\nEn conclusión, el rechazo del planteo de exclusión del video por parte del juez Armella consolida una línea de investigación que busca esclarecer el origen de los fondos y bienes de los imputados. Las pericias técnicas en curso serán clave para determinar la validez definitiva de la evidencia, mientras que las restricciones procesales vigentes aseguran que los imputados permanezcan a disposición de la justicia. El expediente avanza dentro de los plazos procesales, a la espera de nuevos elementos que permitan definir la etapa de juicio.
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