El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) ha establecido un ultimátum para la conclusión de una prueba pericial contable sobre la inmobiliaria Los Sauces SA, una pieza central en la causa que investiga a la familia Kirchner por presunto lavado de dinero. Este lunes, el juez José Michilini intimó a los peritos para que en el plazo de 24 horas informen el estado de situación del informe técnico, el cual no podrá extenderse más allá de esta semana. En paralelo, este viernes vence el plazo para que las partes presenten su lista de testigos, paso previo a que el TOF 5 fije la fecha de inicio del juicio oral. Se espera que las audiencias comiencen antes de fin de año y que, por primera vez, Máximo Kirchner se siente en el banquillo de los acusados.
El caso Hotesur-Los Sauces se remonta a la investigación sobre las empresas familiares del matrimonio Kirchner: Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria). Según la acusación, estas compañías habrían sido utilizadas como vehículo para lavar 120 millones de pesos entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, mediante la simulación de contratos de alquiler en los rubros hotelero e inmobiliario. Ambas firmas carecían de sedes comerciales y tenían como común denominador a Lázaro Báez, quien actuaba como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación vincula al empresario como una pieza necesaria para ‘devolver’ a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas, en el marco del caso Vialidad, donde Cristina Kirchner y Báez fueron condenados.
Además del lavado de dinero, se atribuye el delito de dádivas, por tratarse de una funcionaria y un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado. En el centro de la controversia se encuentran dos pericias contables. La primera, ya entregada, concluyó que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera a través de su empresa Valle Mitre SRL. Esta compañía recibía fondos de manera exclusiva de Austral Construcciones, que solo… [el texto original se interrumpe abruptamente].
La demora en el inicio del juicio ha estado marcada por la culminación de una pericia contable sobre Los Sauces SA, solicitada por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Esta prueba ha sufrido continuos retrasos, lo que ha postergado el debate oral. El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, realizó hace dos semanas la audiencia preliminar donde se estableció que habrá tres audiencias semanales, estrictamente presenciales, y se habilitarán los fines de semana y la feria judicial de verano si fuera necesario. Esta modalidad anticipa que el juicio podría iniciar antes de fin de año.
El camino hacia el juicio oral no ha estado exento de obstáculos. En diciembre de 2024, la Corte Suprema revocó una absolución previa de los acusados que se había dictado sin realizar el juicio oral. Aquella absolución, controvertida y luego anulada, había sido dictada por el TOF 5 en 2021, pero la Corte Suprema la invalidó y ordenó que se realice el debate. Desde entonces, el tribunal ha trabajado en la preparación del juicio, incluyendo la realización de pericias contables y la organización de las audiencias.
La causa Hotesur-Los Sauces tiene sus raíces en la investigación sobre el presunto entramado de corrupción que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. La empresa Hotesur fue creada en 2007, poco después de que Cristina Kirchner asumiera la presidencia, y era propietaria de varios hoteles, entre ellos el Alto Calafate. Los Sauces, por su parte, se constituyó como una inmobiliaria que administraba propiedades de la familia. Según la fiscalía, estas empresas recibían fondos de empresas de Lázaro Báez, quien a su vez obtenía contratos de obra pública en Santa Cruz. La hipótesis sostiene que el dinero pagado en alquileres era en realidad un retorno de los sobreprecios cobrados en esas obras.
El caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es un antecedente clave. En esa causa se determinó que Báez se benefició con contratos fraudulentos y que parte de esos fondos habrían retornado a la familia Kirchner a través de Hotesur y Los Sauces. La condena en Vialidad fue dictada en diciembre de 2022 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. Aunque la sentencia no está firme, ya que está pendiente un recurso ante la Corte Suprema, sienta un precedente importante para el juicio por lavado de dinero.
La pericia contable sobre Los Sauces SA es fundamental para la acusación, ya que busca determinar el flujo de fondos entre las empresas de Báez y la inmobiliaria de los Kirchner. Los peritos deben analizar los contratos de alquiler, los movimientos bancarios y la contabilidad de la firma. La demora en la entrega de este informe ha sido motivo de controversia y ha llevado al tribunal a imponer plazos estrictos. La intimación del juez Michilini es un paso necesario para desbloquear el proceso y permitir que las partes preparen sus estrategias para el juicio.
La lista de testigos que deben presentar las partes es otro elemento crucial. Se espera que declaren numerosos ex funcionarios, empresarios y peritos. Entre los posibles testigos se encuentran Lázaro Báez, quien ya está condenado en otras causas, y varios ex colaboradores de la familia Kirchner. La defensa de Cristina Kirchner ha sostenido que las empresas eran legítimas y que los alquileres respondían a operaciones comerciales reales. Por su parte, la acusación intentará demostrar que los contratos eran simulados y que no existía una contraprestación efectiva.
El juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner será un hito en la historia judicial argentina, ya que por primera vez un ex presidente y su hijo se sentarán en el banquillo por este tipo de delito. La expectativa social y política es alta, y el desarrollo del juicio podría tener un impacto significativo en el escenario político nacional. Cristina Kirchner, quien fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, ha denunciado en repetidas ocasiones una persecución política en su contra, mientras que la justicia sostiene que existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio oral.
El TOF 5 ha dispuesto que las audiencias sean estrictamente presenciales, lo que implica que los acusados deberán comparecer físicamente en la sala. Esta decisión contrasta con la modalidad virtual que se adoptó durante la pandemia y que algunos tribunales mantuvieron. La presencialidad refuerza la solemnidad del debate y permite una mejor valoración de los testimonios. Además, la habilitación de fines de semana y feria judicial indica la intención del tribunal de avanzar con celeridad una vez que el juicio comience.
En cuanto a las implicancias económicas, el caso ha tenido un impacto en la percepción de la justicia argentina y en la confianza de los inversores. La lentitud de los procesos judiciales y la corrupción son factores que afectan el clima de negocios. Un juicio rápido y transparente podría contribuir a restaurar cierta credibilidad en el sistema judicial. Por otro lado, la condena en el caso Vialidad ya ha tenido consecuencias políticas, como la inhabilitación de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos, aunque la misma no está firme.
La sociedad argentina sigue de cerca este caso, que involucra a una de las figuras políticas más influyentes de las últimas décadas. Los medios de comunicación cubren cada desarrollo y las redes sociales se hacen eco de las novedades. La transparencia del proceso será clave para mantener la confianza pública en la justicia. El tribunal ha mostrado firmeza al establecer plazos y al rechazar demoras injustificadas.
En conclusión, el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner se acerca a su inicio. La intimación a los peritos y el vencimiento del plazo para presentar testigos son señales de que el TOF 5 está decidido a avanzar. La pericia contable sobre Los Sauces SA es la última pieza que falta para que el debate oral comience. Se espera que antes de fin de año se fije la fecha de inicio y que las audiencias se desarrollen con la celeridad que el caso requiere. La atención estará puesta en el desarrollo del juicio y en las pruebas que se presenten, que determinarán la responsabilidad de los acusados en los delitos imputados.
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