El Gobierno nacional se expresó este martes 22 de septiembre de 2026 respecto al caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien presentó ante la Justicia un descargo de 78 páginas para justificar su patrimonio. La única voz oficial fue la del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en una breve declaración evitó referirse al fondo de la controversia y trasladó la responsabilidad al Poder Judicial.
«En relación a Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia. Al respecto no vamos a agregar más información. Esperaremos que la Justicia hable», manifestó Ravier. Con esta escueta fórmula, el funcionario desligó al Ejecutivo de cualquier opinión sobre el ex funcionario y marcó distancia con un caso que involucra a quien fuera una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei hasta su salida del gabinete.
La investigación judicial, a cargo del juez Ariel Lijo, busca determinar la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió como jefe de Gabinete, y el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia. Según trascendió, el incremento patrimonial registrado en ese período asciende al 119%, un porcentaje que llamó la atención de los fiscales y que motivó la apertura de la causa. Adorni intentó justificar ese crecimiento con una presentación en la que sostiene que realizó inversiones tempranas en Bitcoin entre 2014 y 2018, lo que le habría permitido acumular más de medio millón de dólares en efectivo.
El escrito de descargo, titulado «Alegato sobre la evolución patrimonial», afirma: «Adelanto desde ya que según se demostrará la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental contable y técnica que se acompaña y en la que oportunamente se incorporará sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación». Sin embargo, la Justicia cuestiona la falta de documentación respaldatoria para esas operaciones con criptomonedas, así como inconsistencias en las cifras declaradas.
El vocero Ravier también se refirió a los proyectos de ley de Inocencia Fiscal I y II, impulsados por el Gobierno, y negó cualquier vinculación con el caso Adorni. «Seguimos pensando que es una ley fundamental (Inocencia Fiscal II) no vamos a mezclarlo con el tema Adorni que es un tema que continuará en la Justicia y no vamos a expresarnos más al respecto», sentenció. Estas iniciativas buscan incentivar el blanqueo de capitales no declarados y establecer un régimen de regularización de activos, lo que en la oposición generó suspicacias sobre una posible conexión con la situación del ex funcionario.
El silencio del presidente Javier Milei ha sido notable. A diferencia de otras oportunidades en las que respaldó públicamente a Adorni, en esta ocasión el mandatario no se pronunció en redes sociales ni emitió declaración alguna. Fuentes oficiales consultadas por este medio indicaron que Milei sigue de cerca el caso pero prefiere mantener distancia para no interferir en la investigación judicial.
El caso Adorni plantea un desafío para la imagen de transparencia que el Gobierno de La Libertad Avanza intentó proyectar desde su asunción. La investigación sobre el enriquecimiento de un funcionario de primer nivel, sumada a la falta de explicaciones oficiales, podría tener consecuencias políticas en un contexto económico aún frágil. Analistas señalan que la oposición podría utilizar este episodio para cuestionar la coherencia del discurso oficialista en materia de lucha contra la corrupción.
El juez Lijo deberá ahora evaluar el descargo presentado por Adorni y decidir si solicita medidas adicionales de prueba, como peritajes contables o testimonios de terceros. La causa se encuentra en una etapa inicial y no se descartan nuevos pedidos de información a organismos como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF).
Mientras tanto, el Gobierno optó por una estrategia de bajo perfil. La decisión de no defender públicamente a Adorni contrasta con la rapidez con la que otros funcionarios salieron a respaldarlo en el pasado. Esta vez, la consigna parece ser dejar que la Justicia actúe sin presiones políticas, aunque el silencio también puede interpretarse como una forma de tomar distancia preventiva.
En el ámbito legislativo, el debate por Inocencia Fiscal II continúa en comisiones. El oficialismo busca aprobar la ley antes de fin de año, pero la oposición exige garantías de que no se utilizará para beneficiar a funcionarios investigados. La conexión que algunos legisladores establecen entre el proyecto y el caso Adorni podría demorar su tratamiento.
La presentación de Adorni ante la Justicia incluye anexos con declaraciones juradas, comprobantes de inversiones y un detalle de las operaciones con Bitcoin. Según el ex funcionario, sus inversiones en criptomonedas comenzaron en 2014, cuando el precio del Bitcoin era significativamente menor, y le permitieron multiplicar su capital. No obstante, los investigadores dudan de la verosimilitud de esas operaciones debido a la falta de registros en exchanges locales y a que en esa época el mercado de criptomonedas en Argentina era incipiente y poco regulado.
El caso también puso el foco sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos. La Oficina Anticorrupción (OA) había advertido en informes previos sobre inconsistencias en las presentaciones de Adorni, aunque sin consecuencias inmediatas. Ahora, con la causa judicial en marcha, se espera que la OA presente su propio dictamen.
La reacción del Gobierno, expresada exclusivamente a través de Ravier, refleja una estrategia de contención: evitar amplificar el tema y confiar en que la Justicia desestime las acusaciones. Pero el silencio de Milei, quien suele ser activo en redes sociales, sugiere que el caso podría tener un costo político mayor al esperado.
En las próximas semanas, se espera que el juez Lijo convoque a Adorni a declarar indagatoria, aunque no hay fecha confirmada. También podría solicitar informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a bancos donde el ex funcionario habría operado. La causa está caratulada como «averiguación de enriquecimiento ilícito» y, por ahora, no hay imputados formales.
El desenlace de esta investigación podría marcar un precedente sobre cómo el Gobierno maneja las acusaciones de corrupción contra sus propios miembros. Hasta ahora, la respuesta ha sido delegar todo en la Justicia y evitar pronunciamientos que puedan comprometer al Ejecutivo. Resta saber si esa estrategia será suficiente para contener el impacto político y mediático del caso.
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