El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó este domingo su malestar por una decisión del Gobierno nacional que derogó normativas que prohibían el ingreso de bananas provenientes de países con plagas fitosanitarias. La medida, materializada a través de la resolución 114 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue publicada el lunes 20 de julio y eliminó ocho regulaciones de actividades agropecuarias, argumentando que eran obsoletas o que ya habían cumplido su objetivo.
Sáenz calificó la decisión como «una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario». En declaraciones a radio Mitre, el mandatario recordó que su provincia cuenta con 3.000 hectáreas dedicadas al cultivo de bananas que abastecen a todo el país. Según explicó, la entrada del hongo sigatoka, una enfermedad foliar que afecta a bananos y plátanos, podría poner en riesgo la tierra y convertirla en improductiva durante más de tres décadas.
La sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) es una enfermedad altamente destructiva que se propaga a través de esporas transportadas por el viento, el agua o material vegetal infectado. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), esta plaga está presente en países como Ecuador, Colombia y Brasil, desde donde se importa la fruta. La normativa derogada establecía cuarentenas obligatorias para evitar la introducción del patógeno en regiones libres, como el noroeste argentino.
El gobernador peronista enfatizó que la desregulación estatal, impulsada bajo la administración de Javier Milei y materializada a través de las denominadas «leyes hojarascas», no debe realizarse sin consultar previamente a las autoridades y productores provinciales. «Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten con las provincias», sostuvo Sáenz, y añadió que la medida fue «una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene la producción y su gente».
La resolución 114 forma parte de un paquete de medidas para reducir la burocracia estatal, pero Sakenta advirtió que eliminar normas fitosanitarias sin un análisis de impacto regional puede tener consecuencias graves para economías locales. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cultivo de bananas en Salta genera alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos, y su producción es clave para el abastecimiento interno, compitiendo con importaciones de países como Bolivia y Ecuador.
En paralelo, Sáenz también se pronunció sobre el proyecto de ley de Propiedad Privada que impulsa el oficialismo. El gobernador recordó que viene conversando con gobernadores y legisladores para defender que la tierra y los recursos del subsuelo sean competencia exclusiva de las provincias, según establece la Constitución Nacional. «Esa no tiene que ser una decisión del Gobierno Nacional», remarcó, y consideró que el tema es «más complejo» de lo que plantea la iniciativa actual.
El mandatario salteño advirtió que tratar este proyecto de ley «no es oportuno en el momento» y pidió analizarlo con mayor profundidad, ya que podría perjudicar a las generaciones futuras. Respecto al apoyo parlamentario, Sáenz puso en duda que la iniciativa sea aprobada rápidamente, señalando que se requieren «modificaciones importantes» que aún no se han incorporado.
La controversia por la derogación de las normativas fitosanitarias expone la tensión entre las políticas de desregulación económica del Gobierno nacional y las necesidades de protección de las economías regionales. La resolución 114, que eliminó regulaciones que databan de las décadas de 1990 y 2000, podría ser revisada tras las críticas de Sáenz, quien ya solicitó una reunión urgente con autoridades del Senasa y de la Secretaría de Agricultura para evaluar las consecuencias de la medida.
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