La causa judicial que investiga el fraude por compensaciones impositivas apócrifas dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) sumó un nuevo capítulo penal. El 1 de septiembre de 2026, la exfuncionaria María Estrella Martínez de Yankelevich, condenada un mes antes por su participación en la maniobra, presentó una denuncia formal contra seis exintegrantes de la conducción del organismo. La acusación alcanza directamente al histórico dirigente del Partido Justicialista provincial, Marcelo Casaretto, quien ejerció como titular de ATER durante el período en que se cometieron las irregularidades.
El expediente original, que ya había logrado 180 imputaciones y un juicio abreviado con sentencia firme, se enfoca ahora en determinar si las operaciones fraudulentas fueron posibles sin el conocimiento de los niveles jerárquicos superiores. La presentación de Martínez de Yankelevich, quien admitió su responsabilidad como coautora de los hechos, añade una nueva dimensión al caso: la de las posibles órdenes o autorizaciones provenientes del máximo nivel administrativo.
La investigación, iniciada en junio de 2014, reconstruyó el mecanismo ilícito utilizado durante una década. De acuerdo a las fuentes judiciales citadas en el expediente, la maniobra consistía en la incorporación deliberada de datos falsos en el sistema tributario provincial. Esta acción generaba créditos fiscales inexistentes que luego se aplicaban para compensar obligaciones reales de contribuyentes determinados. El resultado práctico era doble: por un lado, el contribuyente beneficiado cancelaba deudas sin desembolsar dinero; por el otro, el Estado provincial dejaba de percibir los fondos correspondientes, lo que configuraba un perjuicio directo a las arcas públicas.
La denuncia presentada por la exfuncionaria incluye, además de Casaretto, a cinco directores que integraron la conducción durante su gestión: Damián Alcides Zoff (ex director de Impuestos), César Del Castillo (ex director de Fiscalización Tributaria), Germán Gietz (ex director de Informática), Federico Borra (ex director Jurídico) y Manuel Valiero (ex director de Interior). La imputación contra estos seis exfuncionarios sostiene que la estructura de control interno del organismo debió haber detectado las irregularidades o, en su defecto, que fue parte activa de la autorización para llevarlas a cabo.
La gravedad del caso radica en la magnitud del perjuicio económico. Los cálculos oficiales del tribunal determinaron pérdidas por $8 millones entre 2004 y 2007, $20 millones adicionales entre 2008 y 2011, y más de $18 millones para el lapso 2012-2014. Estos montos, valuados nominalmente en $46 millones al momento de su ejecución, pierden su dimensión real cuando se los actualiza al contexto económico actual. Utilizando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para diferenciar cada período, la cifra proyectada asciende a aproximadamente $14.700 millones, equivalentes a US$97 millones según el tipo de cambio mayorista de agosto de 2026.
Esta actualización refleja no solo el paso del tiempo, sino también el profundo impacto que la inflación argentina tuvo sobre el valor real de los montos defraudados. Desde el punto de vista técnico, el dato es crucial porque permite dimensionar el perjuicio en valores comparables, algo que las defensas han cuestionado en audiencias anteriores, argumentando que la corrección monetaria debería aplicarse únicamente desde la fecha de la sentencia.
El proceso judicial tuvo un desarrollo extenso y complejo. La investigación retrocedió desde 2014 hasta 2004, incorporando operaciones de años anteriores a medida que avanzaba la pesquisa. En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de los 180 imputados, un hito que marcó un antes y un después en la causa. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el vocal Alejandro Diego Grippo del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná dictó sentencia mediante el mecanismo de juicio abreviado, condenando a Martínez de Yankelevich, quien aceptó su culpabilidad a cambio de una pena reducida.
Sin embargo, para el análisis jurídico y político, la nueva denuncia plantea un interrogante fundamental: ¿hasta dónde llega la responsabilidad penal de los mandos medios y cuál fue el rol efectivo de la conducción superior en la maniobra? La exfuncionaria sostiene que las operaciones de compensación fraudulenta implicaban necesariamente la intervención de varias áreas -Informática, Fiscalización, Despacho y Jurídica- y que una coordinación de tal envergadura no podía ejecutarse sin un visto bueno consciente de las autoridades.
La presentación alcanzó al fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Gonzalo Badano, quien deberá evaluar la viabilidad de las imputaciones y, en caso de encontrar elementos suficientes, avanzar con las citaciones a indagatoria. La defensa de Casaretto, quien también se desempeñó como diputado nacional, aún no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia, aunque fuentes cercanas al dirigente peronista anticiparon que se tratará de una estrategia de la condenada para obtener beneficios procesales.
El escenario judicial que se abre ahora podría escalar hacia una instancia superior, dado que la denuncia involucra a funcionarios de alto rango que aún conservan influencia política en la estructura partidaria provincial. No obstante, los estándares probatorios continúan siendo estrictos: para elevar la causa a juicio oral, la fiscalía deberá corroborar la existencia de un vínculo directo entre las instrucciones dadas y los hechos concretos cometidos.
La causa de ATER se convierte así en un referente obligatorio para otras investigaciones por fraude estatal en el país. La existencia de una condena firme, la posterior ampliación de la imputación hacia los niveles superiores y el uso de instrumentos técnicos de actualización monetaria podrían sentar un precedente metodológico en el modo de abordar delitos económicos cometidos durante décadas.
Los próximos pasos procesales serán determinantes. La fiscalía deberá decidir si formaliza la imputación contra los seis exfuncionarios o si archiva la denuncia por falta de pruebas. En paralelo, el tribunal de ejecución penal deberá evaluar si la conducta de Martínez de Yankelevich, que aportó información nueva y útil, puede ser considerada como un atenuante en la condena ya dictada. La transparencia de los actos administrativos y la rendición de cuentas ante el sistema de justicia conforman un eje central del debate público que rodea a esta investigación.
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