El primer tren de carga con destino de exportación que partió desde los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló en la provincia de Santa Cruz, y las autoridades de la empresa estatal interviniente denunciaron ante la Justicia un posible sabotaje. El hecho ocurrió en la noche del miércoles 7 de octubre de 2026, cuando una formación de 36 vagones cargados con 600 toneladas de carbón fino ciclónico se dirigía desde la mina, ubicada en la cuenca carbonífera de Río Turbio, hacia el puerto de Punta Loyola, cercano a Río Gallegos. Este era el primer cargamento de un contrato de exportación que contempla siete embarques y un total de 210.000 toneladas, un hito para una empresa que arrastra décadas de crisis financiera y operativa.
El descarrilamiento se produjo a la altura del apartadero Ingeniero Cappa, aproximadamente a mitad de camino de los 284 kilómetros que separan la mina del puerto. Según el relato del interventor de YCRT, Pablo Gordillo, la locomotora y tres vagones descarrilaron inicialmente, pero el funcionario sostuvo que en un descarrilamiento por rotura de vía la formación completa suele salirse de las vías, lo que encendió las sospechas. Una ambulancia rescató al conductor y al ayudante, quienes fueron dados de alta en la noche del miércoles, pero antes de ser atendidos alcanzaron a comunicarse con sus superiores. «El conductor nos envió una foto y un audio en el que dijo que algo pasó en la vía porque lo tiró para un costado», declaró Gordillo a Clarín. Esa evidencia inicial motivó una inspección inmediata del lugar.
Personal de vía y obra de la empresa estatal encontró un «artefacto extraño» sobre las vías. De acuerdo con la descripción del interventor, se trata de un aparato ferroviario similar a una llave, que habría sido clavado deliberadamente sobre el riel para que una de las ruedas se montara sobre él y provocara el descarrilamiento. «Es un artefacto que se usaba para otras locomotoras, un aparato ferroviario que parece como una llave que está clavado sobre la vía para que deliberadamente una de las ruedas se monte sobre eso y se descarrile», detalló Gordillo. Los técnicos hallaron una muesca tanto en el artefacto como en la vía, en el punto donde la rueda se levanta, lo que respaldaría la hipótesis de una colocación intencional. «Por cómo lo colocaron, la preocupación nuestra es que se trata de alguien que sabe mucho», añadió el funcionario, sugiriendo que el responsable tendría conocimientos técnicos ferroviarios.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se pronunció públicamente sobre el incidente y publicó fotografías en sus redes sociales. «Ante esta situación no podemos descartar ninguna hipótesis. Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí y qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento», escribió Vidal, quien respaldó la denuncia judicial. La empresa estatal, intervenida por el Gobierno nacional, radicó la denuncia ante Gendarmería Nacional, que ya inició las pericias correspondientes. La causa quedó caratulada como averiguación de ilícito y se espera que en las próximas horas se incorporen pruebas documentales y testimoniales.
El contexto del descarrilamiento es crucial para entender las sospechas. YCRT es una empresa que ha sido utilizada políticamente por sucesivos gobiernos, según reconoció el propio Gordillo, y que atraviesa un proceso de transformación orientado a su privatización. Ese plan ha generado una fuerte resistencia sindical. «Sospechamos de varias cosas porque la empresa está en una transformación. No hay buena vinculación con los gremios porque ellos están opuestos al esquema de privatización», afirmó el interventor. «Hay internas constantes porque es una empresa a la que la han vapuleado financieramente distintos gobiernos desde el punto de vista de usarla como una caja política», agregó. Esa interna sindical se perfila como una de las principales hipótesis, aunque no la única.
El carbón de Río Turbio es un recurso estratégico para la matriz energética argentina, aunque su explotación ha sido históricamente deficitaria. La mina, ubicada en el extremo sur del país, posee reservas estimadas en 450 millones de toneladas, pero su desarrollo se vio obstaculizado por problemas de gestión, falta de inversión y conflictos laborales. En los últimos años, la empresa acumuló pasivos millonarios y dependió de transferencias del Tesoro Nacional para sostener su operatoria. El contrato de exportación de 210.000 toneladas representaba una oportunidad para demostrar viabilidad comercial y atraer inversores en el marco del proceso de privatización. El primer envío, compuesto por carbón fino ciclónico, tenía como destino mercados internacionales, probablemente Brasil o Chile, según fuentes del sector.
La infraestructura ferroviaria utilizada es el ramal que conecta Río Turbio con Punta Loyola, una línea de trocha angosta de 284 kilómetros que data de mediados del siglo XX. Informes ferroviarios del año pasado habían advertido sobre el deterioro de las vías, pero Gordillo rechazó esas versiones: «Los rieles están en óptimo estado. La recorrimos un día antes con la autovía, un aparato que recorre toda la vía para ver si está en condiciones». Esa declaración pretende despejar la hipótesis de una falla estructural y reforzar la tesis del sabotaje. No obstante, expertos en transporte ferroviario consultados señalan que el estado de la vía férrea es un factor crítico en cualquier descarrilamiento y que las pericias deberán determinar con precisión si el artefacto hallado fue la causa eficiente del siniestro.
El impacto económico del incidente es doble. Por un lado, el descarrilamiento interrumpió temporalmente la operación del ramal, lo que podría retrasar los plazos de entrega comprometidos en el contrato de exportación. Por otro, la sospecha de sabotaje introduce un factor de riesgo político y reputacional que podría ahuyentar a potenciales compradores e inversores interesados en la privatización. La empresa deberá demostrar que cuenta con protocolos de seguridad adecuados y que el hecho fue aislado. Además, el costo de reparación de la vía y de los vagones dañados, si bien no fue cuantificado oficialmente, representaría una erogación significativa para una compañía que no genera ganancias operativas.
En el plano social, el descarrilamiento expone la tensión entre los trabajadores y el Gobierno nacional. Los gremios ferroviarios y mineros de la región han expresado su rechazo al plan de privatización, argumentando que pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo y la soberanía energética. La hipótesis de una interna sindical como causa del sabotaje, si bien no está probada, añade un elemento de conflictividad que podría derivar en nuevas medidas de fuerza. La comunidad de Río Turbio, que depende en gran medida de la actividad minera, observa con preocupación cómo la crisis se profundiza y cómo los hechos de violencia o sabotaje afectan la imagen de la empresa y la viabilidad de su futuro.
Las autoridades judiciales deberán determinar si el artefacto hallado fue colocado intencionalmente y, en ese caso, identificar a los responsables. La causa está en manos del Juzgado Federal de Río Gallegos, que ordenó medidas de prueba urgentes, incluyendo el análisis de las cámaras de seguridad del ramal y la declaración de los trabajadores que participaron en la inspección previa. Gendarmería Nacional secuestró el artefacto y tomó muestras de la vía para su peritaje. También se analizarán los registros de comunicaciones entre el personal de la empresa y los sindicatos en los días previos al viaje.
Mientras tanto, YCRT intenta reanudar sus operaciones. La empresa informó que se encontraba evaluando los daños y que esperaba restablecer el servicio en el menor plazo posible. Sin embargo, la incertidumbre persiste. El primer cargamento de exportación, que debía marcar un antes y un después para la mina, terminó en un descarrilamiento y una denuncia por sabotaje que promete convertirse en un nuevo capítulo de la conflictiva historia de Río Turbio. La investigación judicial será clave para esclarecer los hechos y despejar las sombras que hoy rodean al proyecto de exportación carbonífera.
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