El lunes 31 de agosto de 2026, el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, denunció a través de su cuenta en la red social X un incidente ocurrido en la Sala de Acreditados de la Casa Rosada. Según su relato, al llegar al lugar encontró los cajones de los escritorios abiertos y pertenencias personales desordenadas sobre las superficies. Además, señaló que se habrían sustraído alimentos de las heladeras y de los cajones: paquetes de yerba, leche y otros artículos de consumo habitual de los trabajadores de prensa acreditados. La denuncia fue acompañada por fotografías y un video que muestran el estado del lugar.
Ante la consulta de este medio, una fuente oficial del Gobierno nacional indicó que están “averiguando qué pasó”. La seguridad del edificio presidencial depende de la Casa Militar, unidad que reporta directamente a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Este incidente se suma a un contexto de creciente fricción entre el oficialismo y los medios de comunicación, particularmente con aquellos periodistas que han sido críticos con la gestión del presidente Javier Milei.
El hecho fue calificado por Waldman como un “robo a periodistas en Casa Rosada”. En su publicación, el comunicador comparó la situación con la gestión anterior: “Antes de LLA los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes”, afirmó. Esta referencia al partido La Libertad Avanza (LLA) subraya un cambio en los protocolos de acceso y control dentro del edificio histórico.
El incidente no es el primero que involucra a la Sala de Acreditados bajo la gestión actual. En junio de 2026, el mismo Waldman había difundido videos que mostraban el traslado de la Biblioteca del edificio, evidenciando un aparente descuido con los libros durante el proceso. Ese episodio generó críticas por parte de sectores vinculados a la cultura y la memoria institucional, aunque no tuvo mayores repercusiones oficiales.
El funcionamiento de la Sala de Acreditados ha sido objeto de controversia desde los primeros meses de gobierno. A raíz de un incidente en el que un cronista filmó en el interior de Casa Rosada sin autorización formal, el presidente Milei ordenó el cierre de la sala. La medida fue interpretada como una acción de censura por parte de las asociaciones de periodistas, que presionaron para su reapertura. Finalmente, la sala fue reabierta, pero con restricciones significativas: se limitó el acceso a ciertas áreas y se establecieron controles adicionales.
A pesar de que algunos funcionarios han sugerido al presidente volver al esquema anterior, donde los acreditados gozaban de mayor flexibilidad, Milei se ha mantenido inflexible. La situación se agrava con los recientes cambios en la comunicación oficial: la salida de Manuel Adorni y Javier Lanari, y el nombramiento de Adrián Ravier y Fabián Fernández al frente de la vocería presidencial.
El robo en la Sala de Acreditados tiene implicaciones que trascienden el hecho material. En primer lugar, evidencia una posible falla en los protocolos de seguridad interna, dado que el lugar cuenta con cámaras de vigilancia que podrían identificar a los responsables. La expectativa es que, con las grabaciones, el caso se resuelva rápidamente, como señalaron fuentes cercanas a la investigación.
Sin embargo, el incidente también refleja el deterioro de las relaciones institucionales entre el poder ejecutivo y la prensa. En los últimos meses, el presidente ha protagonizado episodios de hostilidad verbal hacia periodistas, lo que ha sido señalado por organizaciones de libertad de prensa como un factor que aumenta la vulnerabilidad de los profesionales que cubren la actividad oficial.
Desde el ámbito gremial, se espera que el Gobierno brinde una explicación clara sobre lo ocurrido y que se tomen medidas para garantizar la integridad de las pertenencias y el normal desarrollo del trabajo periodístico. Mientras tanto, los corresponsales acreditados continúan operando bajo un esquema restrictivo que, sumado a este incidente, podría profundizar la desconfianza mutua.
En conclusión, el hurto de alimentos y la manipulación de los cajones en la Sala de Acreditados de Casa Rosada no solo constituyen un hecho delictivo menor, sino que se insertan en un contexto más amplio de tensión entre el oficialismo y los medios. La respuesta del Gobierno, limitada a un escueto “estamos averiguando”, no ha disipado las dudas sobre la eficacia de la seguridad interna ni sobre la intención de restablecer un clima de respeto hacia la labor periodística. Los próximos días serán clave para determinar las acciones correctivas y para observar si las cámaras de seguridad permiten esclarecer los hechos.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
