El conflicto por el río Atuel entre las provincias de Mendoza y La Pampa, que se remonta a 79 años atrás, y la disputa por las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, con 53 años de historia, han recrudecido tras la decisión del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de eliminar un decreto de 1973 firmado por el ex dictador Agustín Lanusse. Esa norma distribuía en partes iguales entre ambas provincias el 10% de las regalías generadas por la represa Los Nihuiles, inaugurada en 1948 por el ex presidente Juan Domingo Perón. El porcentaje se elevó al 12% en 1984, pero desde el viernes pasado La Pampa perdió su 6% correspondiente. Este hecho desencadenó un fuerte cruce en las redes sociales entre los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de La Pampa, Sergio Ziliotto.
Introducción: Contexto del suceso
La disputa hídrica por el río Atuel tiene sus raíces en 1947, cuando Mendoza comenzó a desviar el caudal del río para riego y generación hidroeléctrica, afectando el escurrimiento hacia La Pampa. En 2020, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de La Pampa, ordenando a Mendoza garantizar un caudal mínimo de 32 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial. Sin embargo, Mendoza no ha cumplido plenamente con esa manda judicial, lo que ha generado tensiones permanentes. Por otro lado, la disputa económica por las regalías de Los Nihuiles se remonta a 1973, cuando el decreto-ley 18.569 estableció que el 10% de las regalías hidroeléctricas se repartiera por partes iguales entre ambas provincias. En 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ese porcentaje se elevó al 12%, manteniendo la distribución equitativa. Ahora, el decreto 592/2024 del Poder Ejecutivo Nacional deroga aquel decreto de 1973 y establece que las regalías corresponden íntegramente a Mendoza, por ser la provincia donde se ubica la fuente hidroeléctrica. La medida se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, y en la jurisprudencia de la Corte Suprema que avala la titularidad provincial de las regalías mineras e hidroeléctricas.
Desarrollo: Hechos estructurados con datos técnicos
El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel en territorio mendocino, tiene una capacidad instalada total de aproximadamente 300 megavatios (MW) distribuidos en tres centrales: Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III. Fue inaugurado en 1948 y es uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de la región de Cuyo. La generación anual promedio ronda los 1.000 gigavatios-hora (GWh), y las regalías se calculan como un porcentaje del precio de venta de la energía generada. Según datos oficiales, el último monto anual a repartir fue de 25 millones de dólares, de los cuales La Pampa recibía 12,5 millones (el 6% del total de las regalías, que equivalen al 12% de la facturación). Con la derogación del decreto, Mendoza percibirá la totalidad de ese 12%, lo que representa un ingreso adicional de 12,5 millones de dólares anuales, aunque se espera que en la próxima licitación, que se realizará conjuntamente entre la provincia y la Nación por 30 años, el precio de venta de la energía aumente significativamente, elevando el monto de las regalías.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró la medida y anunció que ampliará la demanda que su provincia mantiene contra La Pampa en la Corte Suprema. Cornejo reclama los 53 años durante los cuales las regalías se compartieron con La Pampa, calculando el monto adeudado en 680 millones de dólares más intereses. «Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas», expresó Cornejo en redes sociales, dirigiéndose a Ziliotto. «El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza. Por eso la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica», agregó.
Cornejo también enfatizó que «para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia. Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene». Y remató: «Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender».
La respuesta de Ziliotto no se hizo esperar. El gobernador pampeano recogió el guante y, tras confirmar que presentó una medida cautelar en la Justicia Federal para frenar el decreto de Milei, cuestionó la postura mendocina. «Mendoza incumple el fallo de la Corte Suprema desde 2020. No puede pretender ahora quedarse con la totalidad de las regalías cuando ni siquiera garantiza el caudal mínimo del Atuel que la Justicia ordenó», sostuvo Ziliotto. Además, recordó que La Pampa ha invertido en infraestructura hídrica para aprovechar el agua del Atuel, aunque no detalló montos. «Exigimos que se cumpla con el fallo de la Corte y que se respete el acuerdo histórico de distribución de regalías», añadió.
Implicancias: Análisis de consecuencias sociales, económicas y geopolíticas
La decisión del Gobierno nacional tiene múltiples implicancias. En primer lugar, profundiza la judicialización del conflicto entre ambas provincias. La medida cautelar presentada por La Pampa será dirimida por la Justicia Federal, y es probable que el caso llegue nuevamente a la Corte Suprema. Esto podría prolongar la incertidumbre jurídica durante años, afectando la planificación energética y los ingresos fiscales de ambas provincias.
En segundo lugar, la medida genera un precedente sobre la titularidad de las regalías hidroeléctricas en el país. Si bien la Constitución Nacional establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, la jurisprudencia ha sido variable. El fallo de la Corte Suprema en el caso «Mendoza» de 2020 no se pronunció sobre las regalías, sino sobre el caudal hídrico. Ahora, con el decreto 592/2024, el Poder Ejecutivo se alinea con la doctrina que otorga las regalías a la provincia donde se ubica la central generadora, lo que podría replicarse en otros conflictos interprovinciales, como el del río Colorado o el río Negro.
En tercer lugar, la disputa afecta la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. La Pampa es gobernada por el peronista Sergio Ziliotto, mientras que Mendoza está en manos del radical Alfredo Cornejo, aliado del presidente Milei. La decisión de eliminar el decreto de 1973 beneficia a Mendoza y perjudica a La Pampa, lo que podría interpretarse como un gesto político hacia los radicales, aunque la Casa Rosada sostiene que se basa en criterios técnicos y legales.
En cuarto lugar, el conflicto por el Atuel tiene un trasfondo ambiental y social. La Pampa reclama el agua del río para el desarrollo de actividades productivas y el consumo humano en el oeste de la provincia, una zona árida. La falta de caudal ha generado desertificación y migración. Mendoza, por su parte, utiliza el agua para riego de viñedos y otras producciones agrícolas, además de la generación hidroeléctrica. El equilibrio entre ambos usos es complejo y requiere de acuerdos políticos que hasta ahora han sido esquivos.
Conclusión Informativa
El cruce entre los gobernadores Cornejo y Ziliotto refleja la profundidad de un conflicto que combina historia, recursos naturales y millones de dólares. La derogación del decreto de 1973 por parte del Gobierno nacional reabre la disputa por las regalías de Los Nihuiles y añade un nuevo capítulo a la larga pelea por el río Atuel. Mientras Mendoza celebra la medida y planea reclamar retroactivamente 680 millones de dólares, La Pampa resiste judicialmente y exige el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de 2020. El desenlace dependerá de la Justicia, pero también de la capacidad de ambos gobiernos para negociar una solución integral que contemple el uso equitativo del agua y la distribución de los beneficios económicos. Por ahora, las redes sociales se han convertido en el escenario de un enfrentamiento que parece lejos de resolverse.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
