En una exposición realizada en la Universidad de San Andrés, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestó su inquietud respecto al ritmo de la recuperación económica en Argentina y solicitó una reducción de impuestos «para todos». Sus declaraciones se producen en un contexto donde el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la disparidad en los indicadores económicos y la implementación de regímenes especiales como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y el Súper RIGI, que otorgan beneficios fiscales a grandes empresas, mientras que sectores industriales, comerciales y tecnológicos continúan operando con altos costos.
La preocupación de Bullrich se centra en la competitividad de la economía argentina. «A mí me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto», afirmó. Estas declaraciones reflejan una tensión interna en el oficialismo respecto a la estrategia económica: mientras se incentivan inversiones específicas a través de beneficios fiscales, la carga impositiva general permanece elevada, afectando la competitividad de amplios sectores.
El contexto económico actual presenta señales mixtas. Según datos oficiales, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21%, mientras que el tipo de cambio oficial se depreció solo un 3,4% en el mismo período, pasando de $1.480 por dólar el 31 de diciembre de 2025 a $1.530 el 30 de agosto de 2026. Esta brecha entre inflación y devaluación ha generado un atraso cambiario que beneficia a algunos sectores exportadores pero perjudica a otros, y ha llevado a que el gobierno mantenga un control estricto sobre el mercado de cambios. La apreciación real del peso encarece los productos argentinos en el exterior y abarata las importaciones, lo que impacta negativamente en la industria nacional.
En cuanto al empleo, los datos disponibles indican que el crecimiento del empleo formal se concentra en solo tres provincias, lo que evidencia una recuperación geográficamente desigual. Este fenómeno sugiere que los beneficios del crecimiento no se distribuyen uniformemente en todo el país, profundizando las disparidades regionales. Las provincias que lideran la creación de empleo son aquellas vinculadas a sectores exportadores tradicionales, como la minería y la agricultura, mientras que las regiones más industrializadas, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, muestran un desempeño más débil. Esta asimetría plantea desafíos para la cohesión social y el desarrollo equilibrado.
La implantación del RIGI, aprobado en 2024, ha sido uno de los pilares de la política económica del gobierno de Milei para atraer inversiones en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura y tecnología. Este régimen ofrece reducciones impositivas, estabilidad fiscal por 30 años y acceso preferencial a divisas para proyectos que superen los 200 millones de dólares. Sin embargo, críticos argumentan que genera inequidad al beneficiar a grandes corporaciones mientras las pymes y comercios minoristas enfrentan una carga tributaria que asfixia su capacidad de crecimiento. La propuesta de Bullrich de extender la baja de impuestos a todos los sectores busca corregir esta asimetría y fomentar un entorno más competitivo.
La reacción opositora no se hizo esperar. El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó duramente las afirmaciones del presidente Milei sobre la recuperación del consumo. A través de la red social X, Paulón señaló: «Es muy bobo porque después los datos de recaudación (IVA) y consumo en supermercados y shoppings se desploma». Sus declaraciones apuntan a la inconsistencia entre las imágenes compartidas por Milei en redes sociales, donde se lo ve comprando en supermercados, y los datos duros que muestran una caída en el consumo masivo. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un indicador clave de la actividad económica, ha mostrado una disminución en términos reales en los últimos meses, lo que sugiere que la demanda interna sigue débil.
El cruce entre oficialismo y oposición refleja la polarización en torno a la interpretación de los datos económicos. Mientras el gobierno sostiene que la economía está en recuperación y que los indicadores negativos son heredados de la gestión anterior, la oposición argumenta que las políticas de ajuste y la falta de un plan integral de crecimiento están profundizando la recesión. La discusión sobre la baja de impuestos se enmarca en este debate más amplio sobre el modelo económico.
En el ámbito político, La Libertad Avanza continúa fortaleciendo su estructura de cara a las elecciones de 2027. Este sábado, la juventud del partido en Córdoba realizará su primer Congreso Provincial con la participación de más de 500 jóvenes, en un encuentro que busca consolidar el respaldo a la figura de Bornoroni como precandidato a gobernador. La estrategia del oficialismo apunta a movilizar a las bases y ampliar su base electoral en distritos clave, aunque las tensiones internas, como las expresadas por Bullrich, podrían afectar la cohesión del espacio.
Las implicancias de una baja de impuestos generalizada serían significativas. Por un lado, una reducción de la carga fiscal podría estimular la inversión privada, aumentar el consumo y mejorar la competitividad de las empresas argentinas en el mercado global. Sin embargo, también implicaría una disminución de la recaudación fiscal, lo que podría agravar el déficit fiscal y complicar el equilibrio de las cuentas públicas, especialmente en un contexto donde el gobierno ha priorizado la meta de déficit cero. La viabilidad de esta medida depende de la capacidad de compensar la pérdida de ingresos con recortes del gasto público o con un crecimiento económico que amplíe la base imponible.
En el corto plazo, la incertidumbre sobre la evolución de la economía persiste. La inflación, aunque en desaceleración, sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales, y el atraso cambiario podría corregirse abruptamente si se producen cambios en las expectativas de los mercados. La concentración del empleo en pocas provincias plantea riesgos de fragmentación social y presión sobre las cuentas provinciales. El gobierno de Milei enfrenta el desafío de mantener la estabilidad macroeconómica mientras atiende las demandas de los sectores productivos que reclaman menores costos y mayor previsibilidad.
La posición de Bullrich, como una de las figuras de mayor peso dentro del oficialismo, podría influir en la dirección de la política económica. Su llamado a una baja de impuestos generalizada resuena con las demandas de las pymes y los sectores industriales, que han sido críticos de los beneficios exclusivos para grandes inversiones. Resta saber si el Poder Ejecutivo adoptará esta propuesta o si mantendrá el rumbo actual, que privilegia los incentivos sectoriales. En cualquier caso, el debate sobre la política fiscal y su impacto en la recuperación económica se mantendrá en el centro de la agenda pública en los próximos meses.
La situación actual refleja las tensiones inherentes a un modelo que busca estabilizar la economía mediante ajustes fiscales y monetarios, mientras intenta sentar las bases para un crecimiento sostenido. Los datos de inflación, tipo de cambio y empleo serán cruciales para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. La presión por una reforma tributaria que alivie la carga sobre todos los sectores productivos podría intensificarse si la recuperación no se traduce en mejoras tangibles para la población. El gobierno deberá balancear la necesidad de consolidación fiscal con la de fomentar un entorno propicio para la inversión y el empleo, un equilibrio complejo en un contexto de alta polarización política y expectativas sociales elevadas.
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