El sábado 12 de septiembre de 2026, a las 18:15, un violento accidente automovilístico tuvo lugar en el kilómetro 1019 de la Ruta Nacional 11, a la altura de Colonia Benítez, en el norte de la provincia de Chaco. El diputado nacional por el peronismo Aldo Leiva, de 63 años, conducía un Toyota Camry cuando colisionó contra un camión Scania. El impacto destruyó por completo el frente del rodado del legislador, aunque tanto Leiva como el conductor del camión, un hombre de 33 años identificado como P. L. B., con domicilio en Cayastá, Santa Fe, resultaron ilesos. Personal médico de una ambulancia de FEMECHACO acudió al lugar y constató que ninguno presentaba lesiones; además, se les practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo para ambos.
El accidente generó complicaciones en el tránsito de la zona y motivó la intervención del Equipo Fiscal N° 15, que quedó a cargo de la investigación para determinar las causas y circunstancias del siniestro. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la mecánica del choque ni sobre posibles responsabilidades.
En las horas posteriores, el diputado Leiva se pronunció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales: «Agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde». Asimismo, calificó lo ocurrido como «un momento de mucha preocupación pero gracias a Dios nadie resultó herido» y agradeció a «quienes me llamaron me escribieron y se preocuparon».
Sin embargo, el accidente pronto dejó de ser una simple noticia vial para convertirse en un escándalo político. Referentes del espacio libertario comenzaron a cuestionar al diputado por la tenencia del vehículo. El legislador Sergio «Tronco» Figliuolo escribió en la red social X: «Ahora ¿quién arregla el auto: el municipio o usted?» y añadió: «¿Es cierto que el auto no es de su propiedad y que pertenece al municipio de General José de San Martín? Si es así ¿por qué estaba usando ese vehículo?». En la misma línea, la diputada Alida Ferreyra presentó supuestos documentos que indicarían que el Toyota Camry pertenece al Municipio de General José de San Martín, en Chaco, donde es intendente Mauro Leiva, hijo del diputado peronista. Ferreyra afirmó en X: «Un diputado nacional ex intendente colisiona con cruce en doble amarilla con auto de la municipalidad donde… es intendente el hijo». Hasta el momento, no se ha podido constatar que el vehículo señalado en los documentos sea efectivamente el que conducía Leiva al momento del accidente.
La controversia se enmarca en un contexto de creciente fiscalización sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y legisladores. En Argentina, el uso de vehículos oficiales está regulado por normativas que establecen que estos bienes deben destinarse exclusivamente a funciones inherentes al cargo, y su utilización para fines personales puede constituir una falta grave. En el caso de los diputados nacionales, si bien no existe una prohibición explícita de usar vehículos municipales, la asignación de un automóvil por parte de un municipio a un legislador nacional plantea interrogantes sobre la legalidad y la transparencia en la administración de los bienes provinciales. La provincia de Chaco, con una economía basada en la agricultura (soja, algodón, girasol) y con altos índices de pobreza, enfrenta periódicamente denuncias por clientelismo y mal uso de fondos públicos.
Aldo Leiva es una figura de larga trayectoria en el peronismo chaqueño. Fue intendente de General José de San Martín en varios periodos y luego diputado nacional. Su hijo, Mauro Leiva, actualmente ocupa la intendencia de esa localidad, lo que refuerza las sospechas de un entramado familiar en el poder local. La oposición libertaria, representada por Figliuolo y Ferreyra, ha encontrado en este episodio un nuevo frente de crítica contra el kirchnerismo y el peronismo provincial.
El accidente también reactivó el debate sobre la seguridad vial en la Ruta Nacional 11, una de las principales arterias del noreste argentino, que conecta Santa Fe con Chaco y Formosa. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la RN 11 registra un promedio de 15 accidentes fatales por año en el tramo chaqueño, debido a la falta de mantenimiento, la presencia de animales sueltos y la imprudencia de conductores. En este caso, el choque ocurrió en un tramo recto, y las autoridades investigan si hubo un cruce indebido o una maniobra antirreglamentaria.
La causa judicial, a cargo del Equipo Fiscal N° 15, deberá determinar no solo las responsabilidades del siniestro, sino también esclarecer la titularidad del vehículo. Si se comprobara que el auto pertenece a la municipalidad de General José de San Martín, el diputado Leiva podría enfrentar una investigación por malversación de fondos públicos o peculado, delitos que en Argentina contemplan penas de prisión. Además, la Cámara de Diputados podría iniciar un proceso disciplinario si se confirma el uso indebido de un bien municipal.
El impacto político trasciende lo individual: expone las tensiones entre el oficialismo nacional y los gobiernos provinciales, y alimenta la narrativa opositora sobre la corrupción sistémica. En un año con elecciones legislativas en el horizonte, este tipo de episodios suele tener consecuencias electorales, especialmente en provincias donde el peronismo ha gobernado durante décadas.
Mientras la investigación avanza, Aldo Leiva mantiene su versión de los hechos y no ha ampliado declaraciones sobre la propiedad del vehículo. La oposición, por su parte, exige que se aparte del cargo hasta que se aclare la situación. La sociedad chaqueña, golpeada por crisis económicas y sociales, observa con atención un caso que combina un accidente fortuito con denuncias de privilegios políticos, un combo que podría tener derivaciones insospechadas.
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