La Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó la continuidad del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, al frente de la investigación contra el exintendente de ese municipio y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La decisión, conocida este miércoles, representa el tercer revés judicial para la estrategia defensiva del exfuncionario, que buscaba apartar al representante del Ministerio Público por presunta parcialidad. El caso, bautizado mediáticamente como ‘Yategate’, se originó tras la difusión en septiembre de 2023 de un viaje de lujo a Marbella, España, a bordo del yate ‘Bandido’ junto a la modelo Sofía Clerici, episodio que desencadenó su renuncia al cargo provincial en plena campaña electoral.
El fallo de los camaristas Emilio Faggi y Roberto Lemos Arias se fundamentó en la doctrina de la irrecurribilidad de las recusaciones. Los magistrados recordaron que, como regla general, las decisiones sobre apartamiento de fiscales no son apelables, salvo que se configure una vulneración manifiesta al derecho de defensa. En el caso concreto, los jueces sostuvieron que ‘los argumentos expuestos por la parte no alcanzan a demostrar la concurrencia de aquellas circunstancias excepcionales’. Asimismo, precisaron que ‘la continuidad de la actuación del fiscal durante el trámite del proceso no basta por sí sola para configurar el gravamen irreparable invocado ni justifica apartarse de la regla de irrecurribilidad señalada’. De este modo, ratificaron la decisión de primera instancia del juez federal Luis Armella, quien ya había rechazado el planteo defensivo.
La defensa de Insaurralde había recusado a Mola argumentando que el fiscal actuó con ‘ensañamiento’ y ‘manifiesta desproporción’ al solicitar la detención del exfuncionario y de su exesposa, Jesica Cirio, tras la difusión de videos que mostraban fajos de dólares en el vestidor de su residencia en San Vicente. Según el planteo, esas medidas evidenciaban una ‘pérdida de la objetividad funcional’ incompatible con la garantía de imparcialidad. Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Cámara coincidieron en que no se acreditaron los extremos necesarios para apartar al fiscal, quien continúa liderando la pesquisa con el respaldo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
El núcleo de la investigación se centra en presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En 2024, Mola y Velasco pidieron la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de familiares y presuntos testaferros. La hipótesis fiscal sostiene que el exfuncionario no puede justificar su patrimonio ni su nivel de vida con los ingresos declarados como empleado público. En julio pasado, un peritaje contable presentado en la causa concluyó que existen ‘inconsistencias’ en la evolución patrimonial de Insaurralde, lo que refuerza la acusación. A ello se suman los videos grabados por Cirio, que muestran grandes cantidades de dinero en efectivo en cajas y cajones de la casa familiar, elementos que la fiscalía considera reveladores de actividades de lavado.
El contexto del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando la difusión de imágenes del viaje a Marbella junto a Clerici, con champán, carteras de lujo y un yate privado, provocó un escándalo político de magnitud. Insaurralde, entonces jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, renunció a su cargo en medio de la campaña presidencial. La causa judicial avanzó en paralelo al proceso electoral y se convirtió en un símbolo de los cuestionamientos a la dirigencia política por parte de la opinión pública. Desde entonces, la defensa del exintendente intentó sin éxito apartar a Mola en tres oportunidades, alegando distintas causales de parcialidad.
La ratificación del fiscal por parte de la Cámara Federal de La Plata implica que la investigación continuará su curso con el mismo equipo fiscal. Fuentes judiciales consultadas por Clarín indicaron que el expediente se encuentra en etapa de producción de prueba y que podrían reiterarse los pedidos de indagatoria. La defensa, por su parte, evalúa nuevas presentaciones, aunque el fallo de la Cámara sienta un precedente adverso a sus pretensiones. El caso ‘Yategate’ se ha convertido en uno de los expedientes de corrupción más resonantes de los últimos años en Argentina, con ramificaciones que involucran a familiares y allegados al exfuncionario.
El impacto del caso trasciende lo judicial. La difusión de los videos y el escándalo del yate generaron un fuerte debate público sobre la transparencia en la función pública y la conducta de los funcionarios. Organizaciones de la sociedad civil y sectores de la oposición utilizaron el episodio para exigir mayores controles y reformas en materia de declaraciones juradas y régimen de bienes de los funcionarios. Asimismo, el caso expuso las tensiones entre la justicia federal de Lomas de Zamora y los tribunales de alzada, en un contexto de alta exposición mediática.
En términos procesales, la decisión de la Cámara Federal de La Plata consolida la posición del fiscal Mola y despeja el camino para que la causa avance hacia la etapa de juicio oral, aunque aún restan diligencias probatorias. La defensa de Insaurralde podría intentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, aunque los especialistas consideran que las chances son limitadas debido a la naturaleza de la materia discutida. Mientras tanto, el exfuncionario continúa imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que en el fuero federal contemplan penas de prisión de hasta diez años.
La resolución de la Cámara también subraya la importancia de la independencia del Ministerio Público Fiscal en investigaciones de alta sensibilidad política. Al rechazar el apartamiento, el tribunal reafirmó que las recusaciones no pueden convertirse en un mecanismo dilatorio para obstaculizar el avance de causas complejas. En ese sentido, el fallo se alinea con la jurisprudencia de la Corte Suprema que exige acreditar un interés concreto y una afectación real a la garantía de imparcialidad, extremos que no se configuraron en el caso.
El derrotero judicial del ‘Yategate’ continuará en los próximos meses con la producción de prueba y la eventual elevación a juicio. La ratificación de Mola representa un golpe a la estrategia defensiva de Insaurralde, que había apostado a deslegitimar la investigación desde el inicio. Con un peritaje patrimonial adverso y videos que comprometen su versión de los hechos, el exfuncionario enfrenta un escenario procesal complejo. La sociedad argentina, mientras tanto, observa con atención un caso que se ha convertido en un testeo de la eficacia del sistema judicial frente a la corrupción de alto perfil.
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