La Ciudad de Buenos Aires asiste a un debate creciente sobre el impacto de las torres de alta densidad en su tejido urbano. El arquitecto y urbanista Luis Bruno, en una columna publicada en Arq (suplemento de Arquitectura de Clarín), advierte que la multiplicación de estos edificios, especialmente en zonas como Núñez y la Avenida del Libertador, responde más a una lógica de exhibición de poder que a necesidades habitacionales reales. Sus dichos se inscriben en una historia de tensiones entre desarrollo inmobiliario y preservación del paisaje urbano que arranca en la década de 1970 y que hoy enfrenta un punto de inflexión.
El antecedente más claro es la Torre Buenos Aires, inaugurada en 1977 en la Avenida de Mayo, en plena dictadura militar. En aquel momento, una publicación titulaba: “En la avenida una torre”, reflejando la sorpresa por un edificio que rompía con la morfología homogénea del centro histórico. Esa torre, de 110 metros y 28 pisos, fue una de las primeras en desafiar la escala tradicional, pero su impacto fue acotado. En contraste, las dos torres recientes en Libertador al 7300, a la altura de Núñez, presentan una escala mucho más agresiva: se implantan en un barrio de baja densidad, proyectan sombras sobre la calle Arribeños y generan un perímetro de seguridad con rejas y cercos eléctricos que interrumpe el tejido social.
La columna de Bruno coincide con datos del mercado inmobiliario: según un informe de la consultora Reporte Inmobiliario, la oferta de departamentos de lujo en torres creció un 34% en los últimos cinco años, mientras que la vivienda asequible disminuyó. Esta tendencia se explica por la “financiarización” del sector, que prioriza la rentabilidad máxima sobre la calidad de vida. El ex Jefe de Gobierno, en una presentación sobre códigos morfológicos, calificó a las torres como “una crueldad” para la vida urbana, pero no se tradujo en políticas concretas. La falta de regulación efectiva se debe, según Bruno, a “funcionarios débiles y organismos públicos infiltrados por los grupos jugadores”, una crítica que resuena con denuncias de sobreprecios y permisos irregulares en el Code Urbanístico.
El problema no es nuevo. En 2002, la Legislatura porteña sancionó el Código de Planeamiento Urbano, que fijó alturas máximas para cada zona, pero las excepciones por “proyectos singulares” se volvieron moneda corriente. Un ejemplo es la torre Mulieris, en Retiro, aprobada en 2015 con una altura de 130 metros, pese a la oposición de vecinos. En 2021, una auditoría de la Defensoría del Pueblo reveló que el 60% de los permisos de obra en torres tenían inconsistencias. La situación llevó a que el actual gobierno porteño convocara a una revisión del Código Urbanístico para 2027, con foco en limitar alturas en zonas residenciales.
Más allá de la normativa, Bruno plantea una discusión de fondo: ¿cuánto aportan estas torres a la vida urbana? Cita a Jane Jacobs, quien en su obra “Muerte y vida de las grandes ciudades” describió el “ballet de la calle”, la interacción entre viviendas, comercios, vecinos y transeúntes que hace vibrante un barrio. Las torres, con sus plantas bajas cerradas, sus accesos controlados y sus perímetros de seguridad, tienden a anular esa dinámica. En lugar de integrarse, se convierten en enclaves que expulsan la actividad pública, como ocurre en Puerto Madero, donde el 90% de las torres tiene locales comerciales solo hacia adentro.
Ante esta realidad, el arquitecto propone un impuesto progresivo a la altura, para que quienes disfrutan de la vista y el estatus compensen a la comunidad. Esa idea ya se aplica en ciudades como Nueva York, donde los desarrolladores pagan por derechos de aire, o en Vancouver, que grava las viviendas vacías. En Buenos Aires, un tributo de este tipo podría financiar mejoras en el espacio público y vivienda social, atendiendo a la vez el déficit habitacional y la especulación.
En el plano normativo, expertos como el urbanista Andrés Borthagaray proponen actualizar el Código de Planeamiento Urbano para exigir retiros arbolados, plantas bajas activas y porcentajes de vivienda accesible en proyectos de gran escala. Hasta ahora, la discusión se ha polarizado: los desarrolladores defienden la torre como símbolo de modernidad, mientras que los vecinos la ven como una agresión. Sin embargo, el consenso técnico apunta a que la altura no debería ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para densificar de manera sustentable, cerca del transporte público y con servicios.
La columna de Bruno, leída en clave histórica, refleja una evolución: de la torre excepcional de 1977, que aún respetaba el contexto, se pasó a megaedificios que imponen su presencia. La pregunta de fondo no es si las torres son buenas o malas, sino bajo qué condiciones se integran a la ciudad. La respuesta, que parecía encaminarse en la década de 2000 con códigos morfológicos, quedó truncada por la presión del mercado. Hoy, con la revisión del Código Urbanístico en agenda, la ciudad tiene la oportunidad de establecer reglas claras que reconciliar desarrollo y calidad de vida. La sociedad civil, organizaciones urbanas y académicos, como Bruno, seguirán empujando para que esa oportunidad no se pierda.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
