La tensión interna en el oficialismo por las modificaciones en el área de Discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 escaló ayer cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a responder públicamente a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien había afirmado que «no se enteró» del cambio cuando se analizó la iniciativa en la mesa política del Gobierno de Javier Milei. La controversia expone las fricciones en la coordinación legislativa y ejecutiva a pocos meses de la discusión parlamentaria del presupuesto y en un contexto de creciente movilización de organizaciones de la sociedad civil por la ley de emergencia en discapacidad.
En declaraciones a la prensa en la puerta del Sanatorio Mater Dei, Santilli negó que la declaración de Bullrich lo haya tomado por sorpresa. «Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes (Mesa Política) y en esa mesa de trabajo hablamos los temas… Algunos con más profundidad, otros con profundidad pero no total, pero sí lo hablamos. Patricia se tuvo que ir antes el martes pero lo hablaremos… Los temas nuestros los hablamos el martes», enfatizó el jefe de Gabinete. Al ser consultado sobre si él también había sido «tomado por tonto» como planteó Bullrich, respondió: «No, no. Los temas nuestros los hablamos los martes».
Ante la repregunta acerca de si la modificación en el área de Discapacidad había sido tratada en ese ámbito, Santilli recurrió a una comparación futbolística: «Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas». La metáfora, que busca minimizar la disputa, no aclara si el tema específico fue abordado con la profundidad suficiente para que todos los participantes estuvieran al tanto.
La polémica se originó a partir de las modificaciones introducidas en el proyecto de Presupuesto 2027 que afectan programas y partidas destinadas a personas con discapacidad. Según fuentes parlamentarias, el ajuste responde a la necesidad de reasignar recursos fiscales en un año de metas de reducción del déficit. Sin embargo, la falta de comunicación previa a los senadores del propio espacio generó malestar en el bloque de La Libertad Avanza, que se enteró de los cambios por versiones periodísticas y no por canales formales del Ejecutivo.
El episodio adquiere relevancia porque Bullrich no solo preside el bloque de senadores del oficialismo, sino que es una de las figuras de mayor peso político dentro de la coalición gobernante. Su declaración de que «no se enteró» contrasta con la versión de Santilli de que los temas se discuten en la mesa política de los martes. La diferencia de relatos sugiere fallas en la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, un problema recurrente en administraciones que intentan avanzar con reformas estructurales en contextos de minoría parlamentaria.
El cruce también incluyó un intento de bajar el tono por parte de Santilli, quien se refirió al video que Bullrich publicó en sus redes sociales el viernes. En la grabación de un minuto y 39 segundos, la senadora aparece trabajando en su despacho del Senado junto a dos colaboradores mientras suena la canción «No me importa» de Lali Espósito. «Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así. Me parece bien», subrayó el jefe de Gabinete, en un gesto que busca desdramatizar la interna. Bullrich acompañó las imágenes con una frase de la canción: «Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’», lo que algunos interpretaron como una indirecta hacia las críticas recibidas.
Más allá del episodio mediático, el trasfondo es la discusión del Presupuesto 2027, que ingresó al Congreso con modificaciones en varias áreas sensibles, entre ellas Discapacidad. El proyecto prevé una reducción de partidas para programas de asistencia directa y una reestructuración de organismos dependientes del Ministerio de Salud. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas con discapacidad advirtieron que los cambios podrían afectar la continuidad de prestaciones básicas como pensiones no contributivas, cobertura de medicamentos y transporte adaptado.
Santilli afirmó que no está «para nada» preocupado por la discusión parlamentaria y destacó el clima de trabajo en el Congreso. «Estamos trabajando muy bien. Tuvimos una muy buena sesión en el Senado el jueves», indicó. Esa sesión, según registros parlamentarios, incluyó la aprobación de varias iniciativas de menor envergadura, pero no trató el Presupuesto ni la ley de Emergencia en Discapacidad, que sigue pendiente en Diputados.
Respecto de la ley de Emergencia en Discapacidad, el jefe de Gabinete señaló que el Gobierno trabaja en «dos frentes» y anticipó que se aproxima una definición. «La ley se está tratando en Diputados. Ahí con Martín Menem y el equipo del Ministerio de Salud se está haciendo un trabajo. Estamos creo aproximándonos a una definición. Y a partir de si tenemos una definición vendrán las respuestas que están buscando», explicó. La ley de emergencia, que declara la emergencia en materia de discapacidad por un plazo determinado, es reclamada por organizaciones sociales para garantizar la continuidad de programas y evitar despidos en el sector.
El contexto económico agrega presión. El Presupuesto 2027 se diseña con una meta de déficit fiscal primario cercana a cero, lo que implica recortes en varias áreas. Según datos oficiales, el gasto en programas de discapacidad representa aproximadamente el 0,8% del PIB, con una ejecución que en los últimos años ha sido inferior a la presupuestada. La modificación propuesta busca reasignar fondos hacia infraestructura y seguridad, Prioridades definidas por la Casa Rosada. Sin embargo, la falta de una comunicación clara con los legisladores oficialistas generó un cortocircuito que trasciende lo administrativo.
En el plano político, la disputa entre Santilli y Bullrich refleja tensiones preexistentes en la coalición gobernante. Bullrich, con una trayectoria propia y una base de poder consolidada en el Senado, no siempre alinea sus declaraciones con las del Ejecutivo. Santilli, como jefe de Gabinete, tiene la responsabilidad de coordinar la relación con el Congreso y de transmitir el programa de gobierno. La afirmación de que «en el vestuario hablamos los temas» sugiere que las decisiones se toman en ámbitos informales, lo que puede funcionar en la interna pero no reemplaza los canales institucionales de comunicación.
Otro punto que surgió en la ronda de declaraciones fue la situación en la Quinta de Olivos. Santilli negó que haya habido despidos y justificó la decisión de que la Casa Militar asuma la «responsabilidad integral» de la seguridad de la residencia presidencial. «No hubo despidos. Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, de la Casa Militar, y esa es la decisión que se tomó. Me parece muy bien, muy correcto. Es una decisión del Gobierno, es una decisión del Presidente y me parece una buena decisión», sostuvo. El cambio implica que la seguridad de Olivos pasa de depender de la Policía Federal a la Casa Militar, un movimiento que según el Gobierno busca profesionalizar y unificar criterios.
Las implicancias de esta interna no son menores. En primer lugar, la discusión del Presupuesto 2027 es clave para la gobernabilidad: un oficialismo dividido o descoordinado puede dificultar la aprobación de la ley de leyes, que requiere mayorías especiales. En segundo lugar, el tema de discapacidad tiene una alta sensibilidad social: cualquier recorte o cambio en programas asistenciales genera movilizaciones y cobertura mediática. En tercer lugar, la imagen de desorden interno puede afectar la percepción de eficacia del Gobierno en un año electoral.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Discapacidad han expresado su preocupación por los cambios en el Presupuesto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la partida para discapacidad en 2026 fue de 1,2 billones de pesos, y el proyecto 2027 contempla una reducción real del 15%. Esa reducción, argumentan, afectaría a más de 300.000 beneficiarios de pensiones no contributivas y a programas de rehabilitación.
El Gobierno sostiene que la reasignación no implica una quita de derechos sino una optimización de recursos, con mayor énfasis en la fiscalización y en la transparencia. Sin embargo, la falta de una explicación pública detallada alimenta la incertidumbre. La ley de Emergencia en Discapacidad, que se debate en Diputados, podría ser una vía para garantizar la continuidad de los programas mientras se implementan las reformas.
En este escenario, la declaración de Bullrich de que «no se enteró» y la respuesta de Santilli de que «los temas se hablan los martes» dejan al descubierto un problema de comunicación política. No se trata solo de quién tiene razón, sino de cómo se toman las decisiones que afectan a sectores vulnerables. La ausencia de Bullrich en la reunión clave, reconocida por Santilli, refuerza la idea de que la coordinación falló.
De cara al futuro, se espera que la mesa política retome el tema en su próxima reunión y que el bloque de senadores de La Libertad Avanza reciba información detallada sobre los cambios en Discapacidad. También se aguarda que la ley de emergencia avance en Diputados, aunque su tratamiento podría demorarse si persisten las diferencias internas. El jueves, según Santilli, hubo una «muy buena sesión» en el Senado, pero no se trataron los temas de fondo.
La comparación futbolística de Santilli, aunque busca distender, también puede interpretarse como una señal de que las decisiones se toman en círculos cerrados. En el vestuario se hablan los temas, pero el partido se juega en el Congreso y en la opinión pública. La falta de transparencia en la comunicación puede tener costos políticos en un año en el que el oficialismo necesita mostrar unidad y eficacia.
En síntesis, la controversia por los cambios en el área de Discapacidad del Presupuesto 2027 expone una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo dentro del oficialismo. La negación de Santilli de haber sido sorprendido y su insistencia en que los temas se tratan en la mesa política no logran disipar las dudas sobre la coordinación. Mientras tanto, la ley de emergencia en discapacidad sigue pendiente y las organizaciones sociales esperan respuestas concretas. El Gobierno enfrenta el desafío de mantener la cohesión interna mientras avanza con un ajuste fiscal que tiene impactos sociales sensibles.
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