El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) sancionó al abogado Alejandro Sarubbi Benítez, conocido por su activismo en la agrupación Las Fuerzas del Cielo y por ser el representante legal del influencer Daniel Parisini, alias Gordo Dan. La sanción se originó a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales en las que Sarubbi Benítez insultó gravemente a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un expediente separado, el Tribunal de Disciplina del CPACF también le impuso una multa de un millón de pesos por otra causa, cuyos detalles no fueron revelados en su totalidad. El abogado ya apeló ambas resoluciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que inicia un proceso judicial que podría definir los límites de la libertad de expresión en el ejercicio profesional.
La denuncia que dio origen al proceso disciplinario fue presentada en noviembre de 2024 por Marcelo Bassano, un ciudadano que acusó a Sarubbi Benítez de exponer datos personales suyos, insultar públicamente a los integrantes del máximo tribunal y publicar expresiones de contenido misógino y discriminatorio en sus redes sociales. Bassano solicitó la suspensión de la matrícula profesional del abogado, argumentando que estas conductas violaban los deberes éticos y legales inherentes a la profesión. En su presentación, a la que tuvo acceso el diario Clarín, el denunciante citó varias publicaciones específicas. Una de ellas ocurrió después de que la Corte Suprema rechazara, por mal concedido, un recurso extraordinario federal en una resolución firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
En esa publicación, Sarubbi Benítez compartió una fotografía de los tres jueces y escribió en letras mayúsculas: «La concha puta de su madre enfermos hijos de mil puta. Los quiero presos del primero al último». Luego, insistió en calificarlos como «hijos de mil puta» y añadió: «No existe el ‘derecho a la esperanza’ enfermos mentales. La peor Corte de la historia humana». Bassano calificó estas expresiones como «insultos contra la máxima autoridad judicial», subrayando que no podían ser consideradas simples opiniones privadas, ya que fueron difundidas desde una cuenta pública en una red social. Además, señaló que Sarubbi Benítez se presenta públicamente como abogado de «figuras vinculadas al universo libertario, entre ellas Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan», lo que agravaba el contexto de las agresiones.
En su descargo ante el Tribunal de Disciplina, al que también accedió Clarín, Sarubbi Benítez argumentó que «el problema surge cuando se pretende perseguir al otro por sus opiniones, tal y como ocurre en este caso». El abogado libertario planteó que las presuntas ofensas correspondían a otros ámbitos y que ni siquiera fueron objeto de reproche por parte de los supuestos damnificados. «Aún en el improbable caso de obtener su objetivo, su torpeza no le permite vislumbrar que de cualquier modo voy a seguir opinando sobre lo que me dé la gana por el solo hecho de que así se me antoja», afirmó. Y concluyó: «Es mi derecho como ciudadano, nada puede hacer para evitarlo». Esta defensa se basa en el derecho constitucional a la libertad de expresión, aunque el CPACF sostiene que el ejercicio profesional impone límites éticos que no pueden ser transgredidos.
Las implicancias de este caso trascienden el ámbito disciplinario individual. En un contexto político donde figuras como el Gordo Dan y Las Fuerzas del Cielo tienen una fuerte presencia en redes sociales y en el ecosistema libertario alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, la sanción a Sarubbi Benítez podría sentar un precedente sobre cómo se regulan las expresiones de abogados que también actúan como influencers. El Colegio Público de la Abogacía tiene la potestad de aplicar sanciones que van desde multas hasta la suspensión temporal o definitiva de la matrícula, lo que afectaría directamente la capacidad del abogado para ejercer su profesión. La apelación presentada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal introduce un debate judicial sobre si las críticas a los jueces, incluso las más vehementes, están protegidas por la libertad de expresión o si constituyen una violación a las normas deontológicas que rigen la abogacía.
Desde una perspectiva económica, la multa de un millón de pesos representa una suma significativa, aunque no necesariamente desproporcionada para un profesional con alta exposición mediática. Sin embargo, el verdadero costo podría ser reputacional: Sarubbi Benítez es una figura conocida en el ecosistema libertario, y la sanción podría ser utilizada por sus seguidores como un ejemplo de persecución política, mientras que sus críticos la verán como un acto de justicia profesional. El caso también refleja una tensión creciente en Argentina entre el activismo político en redes sociales y las responsabilidades legales de los abogados, especialmente cuando se dirigen a las máximas autoridades judiciales del país.
La conclusión de este proceso dependerá de la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá evaluar si las sanciones del CPACF fueron proporcionadas y si se ajustan a derecho. Mientras tanto, Sarubbi Benítez mantiene su matrícula activa y sigue ejerciendo como abogado, aunque bajo la sombra de un expediente disciplinario que podría escalar. Este caso subraya la importancia de definir límites claros entre la crítica política y el agravio personal, especialmente cuando provienen de profesionales del derecho que, por su formación, deben conocer y respetar las normas de convivencia institucional. El resultado final podría influir en futuras conductas de otros abogados que también utilizan sus plataformas digitales para expresar opiniones políticas agresivas.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
