El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con la mirada puesta en las elecciones legislativas de 2025 y el balotaje de 2026, intensifica su estrategia de acercamiento a los gobernadores de la región centro: Rogelio Frigerio (Entre Ríos, PRO), Maximiliano Pullaro (Santa Fe, UCR) y Martín Llaryora (Córdoba, peronismo cordobés). La reunión en Balcarce 50 refleja la importancia estratégica de estos distritos, que concentran más de 7 millones de electores, de los cuales 437.000 millones eligieron a Javier Milei en el balotaje de 2023. El objetivo es doble: asegurar votos clave para el programa de reformas del oficialismo y construir una base territorial de cara a los próximos comicios.
La visita de los tres gobernadores se produce en un contexto de negociaciones múltiples. Por un lado, la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II, que ya tienen media sanción en Diputados, requieren del apoyo de legisladores de estos distritos. Por otro, el Gobierno busca modificar el régimen de zonas frías, una medida que impacta directamente en las tarifas de gas de las provincias del sur y centro, y que ha generado un fuerte rechazo en Mendoza y en las provincias del centro, que consideran que la administración libertaria utiliza los subsidios de manera política y discrecional.
El caso de Mendoza es paradigmático. El gobernador Alfredo Cornejo, aliado de Milei, ha manifestado que sus legisladores no acompañarán la eliminación de los subsidios al gas. En privado, Cornejo sostiene que el Gobierno quiere eliminar las zonas frías en el Congreso y utilizar más de la mitad de esos recursos para beneficiar a las provincias del Norte con tarifas preferenciales de electricidad. Este reclamo se suma al de los tres gobernadores del centro, que alertan sobre el impacto del costo de la energía en la industria local y proponen alternativas para refinanciar deudas vinculadas al consumo eléctrico de grandes usuarios.
Sin embargo, a pesar de los desacuerdos y las quejas, los gobernadores no permitieron que avanzara el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que la oposición impulsa para financiar obras de infraestructura. Esta decisión revela que, más allá de las tensiones, existe un interés común en mantener la gobernabilidad y en negociar con el Ejecutivo nacional.
En el plano electoral, el acercamiento entre el Gobierno y Frigerio es el más sólido. El gobernador entrerriano, del PRO, se ha convertido en un aliado clave desde 2025, cuando acordó con la ANSES la transferencia de $120 mil millones para cubrir parte de la compensación por el déficit previsional de la provincia. Esta alianza le ha permitido al oficialismo evitar la división del voto en Entre Ríos y garantizar el apoyo legislativo en varios proyectos.
Por su parte, Llaryora y Pullaro mantienen una distancia mayor, a través de la conformación de Provincias Unidas, un bloque de gobernadores que busca articular posiciones comunes frente al Gobierno nacional. No obstante, han habilitado votos clave en el Congreso para distintas iniciativas de La Libertad Avanza, aunque con matices. Por ejemplo, los diputados cordobeses no acompañaron la reforma de Inocencia Fiscal II, mientras que los santafesinos sí levantaron la mano para permitir los cambios en el estatuto de la autoridad monetaria.
En materia legislativa, los diputados cordobeses han colaborado con la mayoría opositora para impulsar el tratamiento de la emergencia en discapacidad y un proyecto para atenuar moras impositivas, que no obtuvo los dos tercios necesarios para su tratamiento en el recinto, pero que la oposición quiere llevar al plenario el 9 de septiembre. Esta actitud pragmática refleja la complejidad de las alianzas en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo necesita cada voto para avanzar en su agenda.
La reunión en Balcarce 50 también se inscribe en un contexto macroeconómico delicado. La eliminación de las zonas frías, la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal son parte de un paquete de medidas que buscan sostener el equilibrio fiscal y profundizar las reformas estructurales. Según el Gobierno, estos cambios son necesarios para reducir el déficit fiscal, bajar impuestos y mejorar la competitividad de la economía. Sin embargo, los gobernadores del centro advierten que las políticas de ajuste tienen un costo social y productivo en sus distritos, especialmente en sectores como la industria metalúrgica, automotriz y agroindustrial.
En este escenario, el Gobierno intenta seducir a los gobernadores con incentivos concretos, como la transferencia de fondos previsionales, la negociación de deudas y la promesa de un Presupuesto 2026 con mayores recursos para las provincias. Aunque no está claro si estos gestos serán suficientes para garantizar el apoyo legislativo y electoral en una región que fue clave para la victoria de Milei en el balotaje de 2023. Los 7 millones de votos que representan estas provincias son un premio mayor que el oficialismo no puede darse el lujo de perder, pero los gobernadores, a su vez, necesitan resultados concretos para justificar su alianza con un gobierno que recorta subsidios y transfiere costos a las provincias.
En definitiva, la visita de los gobernadores del centro a Balcarce 50 es un reflejo de las negociaciones permanentes y las complejas dinámicas políticas y económicas que coexisten en el actual escenario argentino. El éxito de la estrategia gubernamental dependerá de la capacidad del oficialismo para conciliar los intereses nacionales con las demandas territoriales, y de la habilidad de los gobernadores para negociar en un contexto de incertidumbre y ajuste. Lo que está en juego no es solo la aprobación de leyes, sino también la sostenibilidad política de un proyecto que debe demostrar resultados concretos en un año electoral decisivo.
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