El juez en lo Penal Económico Diego Amarante emitió un nuevo pronunciamiento que afecta la estrategia judicial de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En un fallo reciente, el magistrado calificó el cambio de sede social de la entidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la localidad bonaerense de Pilar como “una mera formalidad y ficción jurídica”. La declaración se enmarca en el rechazo de un pedido para que una causa penal contra el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero de fondos de la entidad en el exterior, sea remitida al juzgado federal de Campana.
La disputa jurisdiccional se originó a partir de la solicitud elevada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado requirió a su colega la remisión del expediente argumentando que en su juzgado se tramita una causa similar y que, por razones de conexidad y economía procesal, ambos casos deberían acumularse en un mismo tribunal. Sin embargo, Amarante rechazó el planteo, subrayando que la modificación del domicilio social de la AFA no tiene entidad jurídica suficiente para modificar la competencia penal en los casos que afectan a sus dirigentes.
De acuerdo al razonamiento del juez, el cambio de sede de la organización a Pilar, efectuado en el último año, constituye un acto formal que no se corresponde con la realidad operativa y funcional de la entidad. La AFA mantiene su centro de toma de decisiones y su estructura administrativa principal en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el predio de Ezeiza y en las oficinas de Viamonte. Por lo tanto, el argumento de la defensa de Tapia y Toviggino, que buscaba que las causas penales se radicaran en la justicia federal de Campana con base en el nuevo domicilio, fue desestimado por el magistrado.
El expediente original, donde ya se dictaron procesamientos contra Tapia y Toviggino, involucra la retención indebida de 19.300 millones de pesos en el marco de la administración de los fondos de la AFA. La investigación también alcanza los movimientos financieros y el manejo de divisas vinculadas al organismo. La causa es una de las varias que se tramitan contra los directivos del fútbol argentino, tanto en la justicia nacional con competencia en lo Penal Económico, como en la justicia federal de distintas jurisdicciones, incluido un caso abierto en los Estados Unidos.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la operatoria de TourProdEnter LLC, una empresa perteneciente a Javier Faroni, que es señalada como parte del entramado de manejo financiero de los fondos de la entidad en el extranjero. En ese sentido, las fuentes judiciales indican que se encuentran abiertas tres causas relacionadas con los mismos hechos: una en la justicia nacional de instrucción en lo Penal Económico, otra en la justicia federal de Campana y una tercera en la de Lomas de Zamora. Esta dispersión genera una situación de incertidumbre jurídica porque la ley procesal establece que un mismo hecho no puede ser investigado en más de un tribunal.
En su resolución, el juez Amarante analizó el contenido de la causa de Santiago del Estero, que fue el origen del pedido del juez de Campana. Precisó que de aquella investigación, iniciada a partir de una denuncia por supuesto desvío de fondos hacia el club Central Córdoba y empresas de Toviggino, solo quedó en pie una presunta defraudación contra la AFA. En efecto, la justicia santiagueña había rechazado las imputaciones por lavado de dinero y asociación ilícita, limitando el alcance de la denuncia a un posible perjuicio patrimonial contra el ente. Por ello, Amarante concluyó que no existe un delito federal que justifique la intervención del juzgado de Campana.
El juez enfatizó que el pedido para desprenderse de la causa “se limita a una mención genérica sobre una supuesta identidad de hechos y personas”, sin elementos concretos que acrediten la conexidad necesaria para acumular los expedientes. Esta evaluación técnica deja en evidencia la fricción entre los tribunales y la estrategia de la defensa de los dirigentes de la AFA. Los abogados de Tapia y Toviggino habían impulsado la radicación de las causas en Campana, jurisdicción donde se investiga la compra de una mansión en Pilar que se sospecha pertenece al tesorero de la entidad, mediante el uso de testaferros. La cercanía del juez González Charvay con la AFA, según fuentes consultadas, fue un factor evaluado por la defensa.
La resolución dictada por Amarante no implica un cierre definitivo del conflicto por la competencia. La decisión final quedará en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá resolver la disputa en las próximas semanas. Mientras tanto, la multiplicidad de causas y las discusiones sobre qué juzgado debe intervenir demoran el avance de las investigaciones de fondo. El caso de los fondos retenidos, la operatoria de TourProdEnter LLC y las demás aristas vinculadas al manejo financiero del fútbol argentino seguirán generando movimientos en los tribunales, mientras se define el marco legal en que se procesarán las pruebas.
El impacto de esta decisión se proyecta más allá del aspecto jurisdiccional. La declaración del juez sobre la “ficción jurídica” del cambio de domicilio podría influir en otros expedientes donde la defensa de la AFA buscó utilizar el mismo argumento. Además, aporta un análisis jurisprudencial relevante sobre la validez de los cambios de residencia societaria cuando su finalidad es alterar la radicación de causas penales. En definitiva, el entramado judicial que rodea a las autoridades del fútbol argentino evidencia una compleja red de disputas técnicas que definirán el futuro procesal de sus principales dirigentes.
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