El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, enfrenta una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura y una recusación en su contra presentada por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos. El expediente, identificado con el número 16997/2023, lleva adelante el propio magistrado, quien ahora es cuestionado por supuestas faltas disciplinarias y pérdida de imparcialidad. La presentación, a la que tuvo acceso este medio, detalla episodios que habrían ocurrido desde 2016 y que, según el denunciante, comprometen la objetividad del juez para continuar interviniendo en la causa.
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura se centra en tres ejes principales. En primer lugar, se menciona la presunta difusión de información de una causa cuando regía el secreto de sumario, lo que podría configurar una falta grave. En segundo lugar, se señala un trato diferencial entre los imputados, particularmente en comparación con Joaquín Otero Cao, quien habría recibido beneficios procesales que le fueron negados a Pinarello. En tercer lugar, se cuestiona la manera en que se ejecutó una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que había concedido la prisión domiciliaria a Otero Cao, medida que, según el escrito, fue aplicada de forma irregular por Inchausti.
La recusación presentada por Pinarello solicita formalmente el apartamiento del juez, argumentando que existen elementos de «enemistad manifiesta» y «pérdida objetiva de la imparcialidad» que impiden que continúe al frente del expediente. Como sustento, el escrito relata un conflicto ocurrido en 2016 entre el magistrado y el padre del imputado, Elías Guillermo Pinarello, quien por entonces se desempeñaba como Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según la versión de Pinarello, durante una reunión en el despacho de Inchausti, el juez habría manifestado que en la ciudad se investigaría únicamente aquello que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, el funcionario «duraría poco tiempo en el cargo», haciendo referencia a las consecuencias sobre su carrera profesional.
Este episodio, que nunca habría sido superado, se proyectaría sobre la causa actual. La recusación enumera medidas adoptadas contra el padre de Pinarello, como una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025 que se mantiene vigente y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, todo ello sin que hasta el 6 de agosto de 2026 haya sido citado a indagatoria. Estas decisiones son presentadas como evidencia de una persecución selectiva por parte del magistrado.
En cuanto al trato diferencial, la recusación sostiene que Inchausti otorgó en primera instancia la prisión domiciliaria a Joaquín Otero Cao, mientras que rechazó la solicitud de Pinarello. Esta decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que concedió la medida al imputado. La presentación argumenta que esta disparidad de criterio evidencia una falta de neutralidad que vicia el proceso.
Las implicancias de esta denuncia trascienden el caso particular. El Consejo de la Magistratura tiene la potestad de investigar y, en su caso, sancionar a los jueces por mal desempeño, lo que podría derivar en un jury de enjuiciamiento. Además, la recusación, si es aceptada, implicaría que Inchausti se aparte del caso, lo que obligaría a la designación de un nuevo juez, con el consiguiente reinicio de plazos procesales. En el ámbito de la causa por juego clandestino, que involucra una presunta asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir ganancias en el circuito financiero mediante cuentas y billeteras virtuales, un cambio de magistrado podría afectar el curso de las investigaciones en curso.
La situación plantea interrogantes sobre la transparencia del sistema judicial y la garantía de imparcialidad. La denuncia de Pinarello se suma a otros casos en los que se cuestiona la conducta de magistrados federales, lo que refuerza la necesidad de mecanismos efectivos de control. Mientras el Consejo de la Magistratura evalúa la denuncia y la Cámara Federal decide sobre la recusación, el expediente continúa su curso, aunque la sombra de la duda sobre la objetividad del juez podría afectar la percepción pública del proceso. Hasta el momento, Inchausti no ha emitido declaraciones públicas al respecto, y se espera que las autoridades judiciales resuelvan conforme a derecho.
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