El proyecto de ley de Defensa Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei no solo busca endurecer la política argentina frente al Reino Unido por la cuestión Malvinas. Su alcance es bastante mayor: modifica el esquema de Seguridad Nacional y plantea nuevas facultades para el control y la protección de los espacios marítimos, una cuestión que genera preocupación entre especialistas, sectores de la industria pesquera y funcionarios vinculados a la seguridad y la defensa.
El proyecto tiene 133 artículos y, según los análisis que circulan entre los diputados que estudian la iniciativa, entre un 30% y un 40% está específicamente relacionado con la cuestión de soberanía y las Malvinas. El resto propone modificaciones de mayor alcance sobre el sistema de seguridad y defensa. A lo largo de los últimos días se le hicieron muchas críticas porque, entre otras cuestiones, introduce legislación donde ya la hay y términos que fueron rebatidos por las organizaciones de prensa porque encienden alarmas sobre la libertad de expresión o definiciones sobre el combate al terrorismo que ya tienen su propia normativa.
Ahora otro de los puntos más sensibles aparece respecto del mar. Distintos informes advierten sobre una posible superposición de competencias entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo conducido por la Armada. De hecho, reabre una disputa de competencias entre la Armada y Prefectura. El problema no es menor: ¿quién decide si un episodio ocurrido en el mar constituye un asunto policial, una infracción administrativa, un delito o una amenaza a la seguridad nacional y, por lo tanto, requiere intervención militar?
La pregunta adquiere relevancia porque bajo el esquema vigente la Prefectura tiene responsabilidades específicas de policía de seguridad de la navegación y de control en los espacios marítimos. El proyecto incorpora nuevas categorías vinculadas con la seguridad nacional que, según sus críticos, amplía el campo de intervención de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo permite dimensionar el problema. Un pesquero que opera ilegalmente, no informa su posición o desobedece una orden puede estar incurriendo en una infracción pesquera, un delito aduanero u otra conducta que requiera intervención de las fuerzas de seguridad. Pero si el episodio es interpretado además como una amenaza o un desafío externo a la seguridad nacional, la iniciativa podría abrir la discusión sobre la intervención de la Armada. El punto crítico, según los informes analizados por Clarín, es que el proyecto no delimitaría con suficiente precisión quién realiza esa primera calificación y qué autoridad queda al mando en cada supuesto.
La discusión se extiende además al modo en que el proyecto define los espacios marítimos sobre los cuales pretende ejercer las nuevas facultades. Especialistas que analizaron la iniciativa advierten que el texto debe distinguir con precisión entre el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva (ZEE), los ríos y los lagos, porque no todos esos espacios están sometidos al mismo régimen jurídico. El mar territorial, que se extiende hasta 12 millas marinas desde la línea de base, está bajo soberanía plena del Estado argentino. La ZEE, que llega hasta las 200 millas, otorga derechos soberanos para la exploración y explotación de recursos naturales, pero no soberanía territorial. Los ríos y lagos interiores tienen un régimen diferente, regulado por la Ley de Pesca y otras normas específicas. La falta de una delimitación clara podría generar conflictos de competencia y afectar la seguridad jurídica de las operaciones pesqueras.
El proyecto también introduce la figura del «Comando Conjunto Marítimo», que quedaría bajo la órbita de la Armada. Este comando tendría a su cargo la conducción de operaciones de vigilancia y control en los espacios marítimos, en coordinación con otras fuerzas. Sin embargo, la Prefectura Naval Argentina (PNA) es la autoridad policial con competencia en aguas navegables, según la Ley 18.398 y sus modificatorias. La superposición de funciones podría generar conflictos operativos y duplicación de esfuerzos. Además, la industria pesquera manifestó su preocupación por el impacto que una mayor militarización del mar podría tener en sus actividades. La pesca es una actividad económica clave para el país: según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 2025 las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.500 millones de dólares, con la merluza como principal producto. Cualquier conflicto de competencias que derive en demoras, inspecciones adicionales o incautaciones podría afectar la competitividad del sector.
En el ámbito político, el proyecto ya enfrenta resistencias. Diputados de la oposición señalaron que la iniciativa podría violar el principio de separación de poderes y otorgar facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió informes de expertos en derecho marítimo y seguridad que advierten sobre la necesidad de reformular el texto para evitar ambigüedades. Por su parte, el Poder Ejecutivo defendió la iniciativa al argumentar que busca modernizar el sistema de defensa y fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, en un contexto de creciente tensión con el Reino Unido por la explotación de recursos en las islas Malvinas.
El contexto internacional también influye. En los últimos años, el Reino Unido ha incrementado su presencia militar en las islas y ha otorgado licencias de exploración petrolera en la cuenca de Malvinas. Argentina reclama soberanía sobre el archipiélago y considera que las actividades unilaterales británicas violan la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El proyecto de ley busca reforzar la posición argentina mediante una mayor capacidad de vigilancia y control en el mar, pero la superposición de competencias podría debilitar la eficacia de esas medidas.
Organismos de derechos humanos también expresaron su preocupación por el posible uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que podría derivar en violaciones a los derechos humanos. La Ley de Seguridad Interior (24.059) establece que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos, salvo en casos de terrorismo o narcotráfico, y siempre bajo control civil. El proyecto, según sus críticos, ampliaría esas excepciones de manera discrecional.
Si el proyecto se aprueba sin modificaciones, el escenario más probable es que se generen conflictos de competencia que deban resolverse por la vía judicial o mediante decretos reglamentarios. La experiencia histórica muestra que las disputas entre la Armada y la Prefectura no son nuevas. En la década de 1990, ya hubo tensiones por el control de la pesca ilegal en la ZEE. En aquel entonces, se creó la figura del «Buque Guardacostas» para coordinar acciones, pero la falta de claridad persistió.
Para evitar mayores conflictos, especialistas sugieren que el proyecto incluya un protocolo de actuación conjunta que defina con precisión los criterios de calificación de incidentes y la autoridad responsable en cada caso. También recomiendan que se respete el principio de subsidiariedad, según el cual las fuerzas de seguridad deben actuar en primera instancia y las Fuerzas Armadas solo en casos de amenaza externa comprobada.
El debate en el Congreso continuará en las próximas semanas. La Comisión de Defensa tiene previsto emitir dictamen antes de fin de año. Mientras tanto, la Armada y la Prefectura mantienen reuniones técnicas para intentar consensuar una posición común. La industria pesquera, por su parte, solicitó ser escuchada en el proceso legislativo para exponer sus inquietudes. El Gobierno, en tanto, ratificó que el proyecto es prioritario para su agenda de defensa y que no aceptará modificaciones que desvirtúen su objetivo central: fortalecer la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
En conclusión, el proyecto de ley de Defensa Nacional plantea un cambio profundo en el esquema de seguridad y defensa de Argentina, con implicancias directas en la cuestión Malvinas y en el control de los espacios marítimos. La posible superposición de competencias entre la Armada y la Prefectura Naval genera incertidumbre jurídica y operativa, lo que podría afectar tanto la eficacia de las operaciones como los intereses de la industria pesquera. El debate parlamentario será clave para definir si se introducen las precisiones necesarias para evitar conflictos futuros o si, por el contrario, se profundizan las ambigüedades que hoy preocupan a especialistas y actores del sector. La decisión final estará en manos de los legisladores, quienes deberán sopesar los objetivos de soberanía con la necesidad de mantener un sistema de seguridad coherente y respetuoso del estado de derecho.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
