La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes los detalles operativos del traslado de los 1.500 detenidos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. En una entrevista concedida a radio Mitre, la funcionaria calificó la medida como «una deuda histórica» y precisó que el operativo se ejecutará a un ritmo de cien presos por día, utilizando un convoy «blindado» integrado por vehículos de traslado, camionetas, motos, helicópteros y unidades antidisturbios.
El dispositivo de seguridad, según explicó Monteoliva, contará con vehículos con capacidad para doce plazas cada uno, dado que parte del personal penitenciario viajará en el interior para custodiar a los internos. «Vamos a trabajar con cien traslados por día. Cien personas por día. En cada vehículo hay 12 plazas para presos porque va a personal adentro. El convoy se compone de unos cuantos autos y camionetas de traslados, los vehículos escolta, las motos, helicóptero y en paralelo vehículos antidisturbios», precisó la ministra.
Uno de los aspectos técnicos más relevantes del operativo es el sistema de trazabilidad implementado. Cada detenido portará una pulsera con código QR que permitirá monitorear su recorrido desde el momento en que sale de Devoto hasta su ingreso en el nuevo penal. Asimismo, todos los móviles involucrados estarán equipados con GPS, lo que permitirá el seguimiento en tiempo real del convoy durante el trayecto, que tiene una duración estimada de poco más de una hora y media.
Monteoliva también se refirió a las tareas preparatorias en el complejo de Marcos Paz, que cuenta con capacidad para 2.400 internos. «Estamos terminando las pruebas» en el nuevo penal de máxima seguridad, afirmó, y detalló que 250 agentes del Servicio Penitenciario Federal se encuentran dentro de las instalaciones «probando todo» antes de recibir el alta definitiva. Además, señaló que se mantuvieron reuniones con los presos, con la población que suele visitarlos en Devoto y con organizaciones sociales y la Iglesia, a fin de coordinar aspectos logísticos y humanitarios.
La clasificación de los detenidos para el traslado no se basará únicamente en los criterios habituales de peligrosidad y delitos cometidos. Según la ministra, se incorporó un triaje médico que permitirá evaluar las condiciones de salud de cada interno y tenerlas en cuenta al momento de programar su mudanza. Este enfoque busca minimizar riesgos y garantizar la continuidad de tratamientos en curso.
El calendario del operativo contempla una interrupción temporal. Los convoys comenzarán en los próximos días, pero se detendrán unos días antes de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice ofrecerá una bendición en Devoto, por lo que las autoridades decidieron hacer una pausa para adecuar las instalaciones y permitir que los internos que permanezcan en el penal participen del evento. «Vamos a frenar, vamos a hacer una pausa unos días antes; ya tenemos todo adecuado para la visita con los internos que quedan para la bendición que va a dar su santidad en Devoto, y una vez que se vaya continuamos con lo que falta», explicó Monteoliva.
El objetivo declarado por la funcionaria es concluir el año 2026 con el penal de Devoto completamente desocupado. No obstante, la ministra fue cauta respecto de la solución de fondo: «el nuevo penal no resuelve el problema de la sobrepoblación carcelaria», advirtió, y sostuvo que en el futuro serán necesarias «más cárceles» en condiciones adecuadas. Esta afirmación pone de relieve que, pese a la ampliación de la capacidad federal, el sistema penitenciario continúa enfrentando desafíos estructurales.
La construcción del complejo de Marcos Paz demandó varios años y atravesó distintas etapas de paralización y reactivación, incluso con cruces entre los gobiernos nacional y porteño de entonces, encabezados por Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto forma parte de un plan más amplio destinado a ampliar la capacidad del sistema penitenciario federal y permitir, entre otros objetivos, el cierre del histórico penal de Devoto, ubicado en un área urbana densamente poblada.
El traslado de 1.500 internos en un lapso acotado implica un desafío logístico y de seguridad sin precedentes en la historia penitenciaria reciente. La combinación de vehículos blindados, escoltas, helicópteros y antidisturbios busca disuadir cualquier intento de fuga o incidente. La experiencia internacional indica que operativos de esta magnitud requieren una planificación meticulosa y una coordinación interinstitucional aceitada para evitar fugas, motines o accidentes.
En términos de infraestructura, el nuevo penal de Marcos Paz fue diseñado con estándares de máxima seguridad. Cuenta con tecnología de vigilancia, sistemas de control de acceso y áreas específicas para diferentes perfiles de internos. La capacidad de 2.400 plazas permitirá no solo absorber a la población de Devoto, sino también generar un margen para futuros ingresos. Sin embargo, la ministra insistió en que la sobrepoblación es un problema que excede a una única obra.
El impacto social del cierre de Devoto también es significativo. El penal, emplazado en el barrio porteño de Villa Devoto, ha sido durante décadas un foco de tensiones vecinales y reclamos por inseguridad. Su desocupación podría liberar un espacio urbano de gran valor inmobiliario, aunque aún no se definió su destino final. Las familias de los internos, por su parte, enfrentarán un cambio en las rutinas de visita, ya que Marcos Paz se encuentra a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicará mayores costos y tiempos de viaje.
Las organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por las condiciones del traslado y la eventual separación de internos de sus entornos de contención. No obstante, las autoridades sostienen que se respetarán los protocolos y que el triaje médico permitirá atender casos especiales. La pausa durante la visita papal también responde a un gesto humanitario y simbólico.
En síntesis, el operativo de traslado desde Devoto a Marcos Paz representa un hito en la política penitenciaria argentina. Con un dispositivo de seguridad robusto y un cronograma que se extenderá por meses, el Gobierno busca cumplir con el objetivo de desocupar el histórico penal para fines de 2026. Persisten, sin embargo, interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo y las consecuencias para los internos y sus familias. La evolución del operativo y la respuesta de los actores involucrados serán clave para evaluar su éxito.
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