El Gobierno nacional, mediante el Decreto 689/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, dispuso dejar sin efecto el Decreto 1.393/1973 que establecía la distribución equitativa de las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles entre las provincias de Mendoza y La Pampa. Esta medida, publicada el viernes 11 de septiembre de 2026, otorga la totalidad de los ingresos a Mendoza, lo que ha provocado una reacción inmediata y enérgica del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien calificó la acción como un ‘robo’ y anunció acciones judiciales. La decisión se fundamenta en fallos de la Corte Suprema de Justicia que diferencian el cauce del río de la ubicación física de la represa, argumentando que al encontrarse la infraestructura íntegramente en territorio mendocino, las regalías deben corresponder a esa provincia. Este cambio regulatorio se produce en el contexto de la nueva licitación de las concesiones hidroeléctricas, buscando, según los considerandos, ‘unificar los criterios regulatorios aplicables a los aprovechamientos hidroeléctricos de jurisdicción nacional’.
La represa Los Nihuiles, ubicada sobre el río Atuel en territorio mendocino, es parte de un sistema hidroeléctrico que data de mediados del siglo XX. El río Atuel es un curso de agua interjurisdiccional que atraviesa ambas provincias, y su uso ha sido motivo de disputa histórica desde la década de 1940, cuando Mendoza comenzó a desviar agua para riego, afectando el caudal que llegaba a La Pampa. En 1973, el gobierno nacional emitió el decreto ahora derogado, que establecía una distribución equitativa de las regalías como un intento de compensar a La Pampa por el uso del agua. Sin embargo, Mendoza siempre consideró que dicha norma era injusta, ya que la generación eléctrica se realiza íntegramente en su territorio. La provincia cuyana llevó el caso a la Justicia en múltiples ocasiones, pero no obtuvo fallos favorables hasta ahora. El Decreto 689/2026 se basa en jurisprudencia de la Corte Suprema que, en casos anteriores, ha establecido que los derechos sobre las regalías hidroeléctricas corresponden a la provincia donde se encuentra la central generadora, no a lo largo del cauce.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró la medida como un ‘logro histórico’ y afirmó que ‘Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece’. Cornejo destacó que el decreto ‘pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa’. Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, reaccionó con dureza: ‘Mendoza nos robó un río’, declaró, y acusó al gobierno nacional de beneficiar a una provincia en detrimento de otra. Ziliotto no solo cuestionó la pérdida de las regalías, que representaban el 50% de los ingresos por la represa, sino que también denunció el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de 2017 que obliga a Mendoza a garantizar un caudal mínimo de agua en el río Atuel para La Pampa. Según el gobernador, ese incumplimiento ha dejado seco el río en territorio pampeano, lo que ha forzado a pobladores locales a migrar al sur de Mendoza en busca de oportunidades productivas. La Pampa prepara una respuesta judicial para impugnar el decreto, argumentando que viola derechos adquiridos y agrava el conflicto hídrico.
El conflicto por el río Atuel tiene raíces profundas. La Pampa ha sostenido durante décadas que Mendoza ha desviado el agua de manera excesiva, reduciendo el caudal a niveles críticos. En 2017, la Corte Suprema falló a favor de La Pampa, ordenando a Mendoza establecer un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, pero según informes pampeanos, esto no se ha cumplido a cabalidad. La sequía resultante ha afectado la agricultura y la ganadería en el norte de La Pampa, provocando un éxodo de aproximadamente 5.000 personas en los últimos años, según datos de la Cámara de Comercio de Santa Rosa. Este contexto añade una capa de tensión a la decisión sobre las regalías, ya que La Pampa ve en el decreto un golpe adicional a su ya precaria situación hídrica.
Las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles representan un monto significativo. Según estimaciones del sector energético, el sistema genera anualmente alrededor de 500 gigavatios-hora, lo que se traduce en regalías cercanas a los 20 millones de dólares. La Pampa recibía el 50% de esos fondos, es decir, unos 10 millones de dólares anuales, que destinaba a obras de infraestructura y servicios en la región. Con el nuevo decreto, Mendoza percibirá la totalidad, lo que fortalecerá sus finanzas provinciales, pero dejará a La Pampa sin esos ingresos. El gobierno mendocino ha argumentado que los fondos se utilizarán para mejorar la red eléctrica y proyectos de riego, mientras que La Pampa advierte que la pérdida afectará su capacidad de inversión en un contexto económico ya complicado por la recesión nacional.
El impacto político no se hizo esperar. En La Pampa, dirigentes opositores y oficialistas criticaron al vocero presidencial Adrián Ravier, quien fue elegido diputado nacional por La Libertad Avanza en esa provincia. Luciano Di Nápoli, intendente de Santa Rosa y potencial candidato a gobernador del peronismo, pidió la renuncia de Ravier, acusándolo de traicionar los intereses pampeanos al avalar una medida que perjudica a la provincia. Ravier, por su parte, defendió la decisión del gobierno nacional, argumentando que se basa en la legalidad y en fallos judiciales, y que busca corregir una injusticia histórica. Esta disputa interna en La Pampa refleja la fragmentación política y la sensibilidad del tema del agua, que trasciende las líneas partidarias.
A nivel geopolítico, el conflicto por el río Atuel es un ejemplo de las tensiones interprovinciales por recursos naturales en Argentina. La cuenca del Atuel es vital para ambas provincias: Mendoza la utiliza para riego de viñedos y agricultura intensiva, mientras que La Pampa la necesita para sostener su producción agropecuaria y el consumo humano. La decisión del gobierno nacional de priorizar los derechos de Mendoza basándose en la ubicación de la represa podría sentar un precedente para otros conflictos similares, como el del río Colorado o el río Negro. Además, plantea interrogantes sobre la gestión de recursos hídricos en un contexto de cambio climático, donde la escasez de agua es una amenaza creciente. Organizaciones ambientales han advertido que la sobreexplotación del Atuel ha llevado a la desertificación de amplias zonas en La Pampa, y que la medida podría agravar esta situación.
La respuesta judicial de La Pampa se espera para los próximos días, y podría escalar a la Corte Suprema, que ya tiene un historial de intervención en el conflicto. Mientras tanto, el gobierno nacional sostiene que el decreto es legal y necesario para atraer inversiones en el sector hidroeléctrico, ya que la unificación de criterios regulatorios facilitaría la licitación de las concesiones. Sin embargo, críticos señalan que la medida beneficia a Mendoza, una provincia gobernada por el radicalismo aliado a La Libertad Avanza, mientras que La Pampa es gobernada por el peronismo opositor, lo que sugiere motivaciones políticas. El presidente Milei ha defendido la decisión como parte de su política de reducir la intervención estatal y promover la eficiencia, pero no ha abordado las acusaciones de favoritismo.
En conclusión, el Decreto 689/2026 representa un punto de inflexión en la disputa por el río Atuel, otorgando una victoria significativa a Mendoza en términos de regalías, pero profundizando el conflicto con La Pampa y generando un nuevo frente judicial. La medida se fundamenta en interpretaciones legales de la Corte Suprema, pero sus implicancias van más allá de lo jurídico: afecta la economía de La Pampa, aviva tensiones políticas y pone de relieve la necesidad de una gestión integral y equitativa de los recursos hídricos en Argentina. El desenlace de esta disputa dependerá de la respuesta de la Justicia y de la capacidad de las provincias para negociar una solución sostenible que contemple los derechos de ambas partes y la preservación del ecosistema del Atuel.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
