Un grupo de 189 dirigentes políticos de partidos y espacios muy diversos firmó un comunicado en el que reclama que 15 provincias implementen la Boleta Única de Papel (BUP) durante 2026, con el objetivo de llegar a las elecciones de 2027 con el nuevo mecanismo en funcionamiento. La iniciativa, impulsada por la asociación civil Red de Acción Política (RAP), trasciende las fronteras partidarias y se presenta como un capítulo paralelo a la reforma electoral que el Gobierno de Javier Milei busca llevar al Congreso nacional.
La particularidad del pedido radica en que, si bien la discusión nacional avanza sobre modificaciones al sistema electoral, las provincias conservan autonomía para definir sus propias reglas de juego. Por eso, el llamado se dirige a las legislaturas provinciales, que son las que deben modificar sus leyes electorales para habilitar la BUP en los comicios locales. Las 15 provincias señaladas son Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Entre los firmantes hay nombres de peso de todo el arco político. Por el PRO aparecen Rogelio Frigerio, Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Hernán Lacunza, Martín Yeza, Ignacio Torres y Soledad Martínez. Desde el radicalismo, Oscar Aguad, José Manuel Cano, Ernesto Sanz, Leonel Chiarella, Rodrigo De Loredo, Tadeo García Zalazar y Rodolfo Suárez. También hay dirigentes vinculados al peronismo como Martín Llaryora, Omar Perotti, Florencio Randazzo, Joaquín De la Torre, Julio Zamora, Carolina Basualdo y Walter Agosto. La lista incorpora referentes de La Libertad Avanza como Luis Petri, Diego Valenzuela, Eduardo Amadeo, José Rolandi, Santiago Santurio, Mariano Campero y Luis Picat. La diversidad continúa con representantes del socialismo, la Coalición Cívica, el GEN y fuerzas provinciales, entre ellos Mónica Fein, Clara García, Alicia Ciciliani, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Pablo Javkin, Omar Duclós, Facundo Del Gaiso y Federico Sciurano.
El sistema de Boleta Única de Papel reemplaza a la tradicional boleta partidaria por una única papeleta en la que se listan todas las agrupaciones políticas y sus candidatos. El elector marca la opción de su preferencia y luego deposita el instrumento en la urna. Este mecanismo ya se aplica en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, y ha sido defendido por sus impulsores como una herramienta que reduce el gasto en impresión de boletas, disminuye el impacto ambiental y agiliza el escrutinio. Además, busca eliminar prácticas clientelares como la sustracción de boletas de los cuartos oscuros y la confusión que genera la superposición de listas.
Sin embargo, su implementación no está exenta de críticas. Algunos especialistas señalan que la BUP puede favorecer a los partidos con estructuras más grandes, que tienen mayor capacidad de capacitación y difusión, y que el sistema exige una fuerte inversión en educación electoral y en logística. También se debate sobre el orden de los candidatos en la papeleta, que puede influir en el voto. En provincias como Buenos Aires, donde el oficialismo y el peronismo miden fuerzas constantemente, la discusión sobre la boleta única se cruza con intereses políticos de corto plazo.
La reforma electoral a nivel nacional que impulsa el Gobierno incluye, según trascendidos, la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la adopción de la BUP para las elecciones nacionales. Pero para que las provincias adopten el sistema en sus comicios locales se requiere una decisión autónoma de cada legislatura. Hasta ahora, solo algunas jurisdicciones han avanzado: Córdoba fue pionera en 2011, Santa Fe la implementó en 2015, Mendoza en 2019 y Salta en 2021. Otras provincias han debatido el tema sin éxito, como Buenos Aires, donde un proyecto presentado en 2022 no prosperó.
El comunicado de RAP sostiene que la adopción de la BUP en las 15 provincias restantes permitiría «homogeneizar el sistema electoral, reducir costos y fortalecer la transparencia». La asociación civil, que se define como un espacio de diálogo entre dirigentes de distintos partidos, argumenta que la boleta única ya ha demostrado su eficacia en las jurisdicciones donde se aplica y que su implementación en 2026 daría tiempo suficiente para capacitar a los electores y a las autoridades de mesa.
El contexto político es complejo. El Gobierno nacional necesita apoyo en el Congreso para aprobar su reforma, y algunos gobernadores han manifestado reparos. La iniciativa de los 189 dirigentes puede leerse como un intento de generar presión desde abajo, aprovechando la coincidencia de referentes de espacios que normalmente no coinciden en nada. La lista incluye a figuras que ocuparon cargos en gobiernos de signos opuestos, lo que refuerza la idea de que se trata de un reclamo transversal.
En términos prácticos, la implementación de la BUP en las 15 provincias requeriría modificar las leyes electorales locales, un trámite que en algunos casos demanda mayorías especiales. También implicaría inversiones en impresión de boletas únicas, capacitación de autoridades de mesa y campañas de información ciudadana. Los defensores del sistema sostienen que el ahorro a largo plazo compensa esos costos, ya que se elimina la impresión de millones de boletas partidarias por cada elección.
La experiencia comparada muestra que la BUP puede tener efectos variables según el diseño. En Córdoba, por ejemplo, se utiliza desde 2011 y ha sido aceptada por los principales partidos. En Santa Fe, se implementó en 2015 y se destacó por reducir el tiempo de escrutinio. En Mendoza, se aplicó por primera vez en 2019 y generó algunos inconvenientes iniciales que luego se subsanaron. En Salta, se usó en 2021 y fue elogiada por su transparencia.
Sin embargo, no hay consenso sobre si la BUP favorece a algún espacio político en particular. Algunos analistas sostienen que perjudica a los partidos pequeños, que dependen de la distribución de boletas en los cuartos oscuros para competir. Otros afirman que los beneficia, porque elimina la necesidad de contar con estructuras de fiscalización numerosas. La evidencia empírica no es concluyente.
El comunicado de RAP también menciona la necesidad de avanzar en otras reformas, como la digitalización del voto y la implementación de la boleta única electrónica, aunque aclara que el primer paso es la BUP. La asociación civil está integrada por dirigentes de distintos partidos y tiene entre sus objetivos promover el debate de políticas públicas. En este caso, el documento fue firmado por 189 personas, una cifra que sus impulsores destacan como muestra de amplitud.
La discusión sobre la BUP en las provincias se da en un año en que varias de ellas renuevan sus legislaturas y gobernaciones. En 2027 habrá elecciones en la mayoría de los distritos, y la adopción del nuevo sistema podría cambiar la dinámica de esas campañas. Por eso, el timing del reclamo no es casual: si las provincias aprueban la reforma en 2026, tendrán un año para implementarla.
Algunos gobernadores ya se pronunciaron a favor de la BUP, como el cordobés Martín Llaryora, que firmó el comunicado. Otros, como el bonaerense Axel Kicillof, no lo hicieron. En Buenos Aires, la provincia más populosa, el debate está abierto y podría convertirse en un tema central de la agenda legislativa de 2026.
La Boleta Única de Papel es un sistema de votación que se utiliza en varios países de América Latina y Europa. En Argentina, su adopción a nivel nacional fue sancionada en 2024, pero aún no se reglamentó. La reforma que impulsa el Gobierno busca precisamente reglamentarla y extenderla. Mientras tanto, las provincias que ya la tienen aplican sus propios modelos, con variantes en el diseño y la cantidad de categorías.
El comunicado de los 189 dirigentes cierra con un llamado a «dejar de lado las diferencias partidarias y avanzar en una reforma que beneficia a todos los ciudadanos». La firma de referentes de La Libertad Avanza y del peronismo en un mismo documento es un hecho poco frecuente y sugiere que la BUP podría convertirse en un tema de consenso inusual en la polarizada política argentina.
Sin embargo, no todos los sectores ven con buenos ojos la iniciativa. Algunos dirigentes provinciales argumentan que cada distrito debe decidir soberanamente su sistema electoral y que una presión externa podría ser contraproducente. También hay quienes señalan que la BUP no es una panacea y que la transparencia depende de múltiples factores, como la fiscalización y la capacidad del Estado para organizar los comicios.
En resumen, la solicitud de los 189 dirigentes pone sobre la mesa un debate que excede la reforma nacional y que involucra directamente a las provincias. La Boleta Única de Papel ya es una realidad en varios distritos y su eventual expansión a 15 provincias más podría transformar la forma de votar en Argentina. El proceso legislativo será clave y estará atravesado por intereses políticos y consideraciones técnicas. La discusión recién comienza.
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