En una entrevista concedida al canal A24, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, defendió el fallo del máximo tribunal que repuso la Ley de Tierras, normativa que limita la venta de tierras a extranjeros. La resolución, que había sido suspendida por un decreto presidencial en 2024, fue restablecida por la Corte, generando un intenso debate público. Lorenzetti sostuvo que el tribunal ‘siempre defendió la protección de los recursos naturales’ y criticó lo que denominó ‘humo digital’, en referencia a la presión ejercida desde las redes sociales, que, según él, no se correlaciona con acciones judiciales concretas ni con un tratamiento legislativo significativo.
El fallo de la Corte Suprema se produce en un contexto de creciente preocupación por la soberanía territorial y la protección de los recursos naturales en Argentina. La Ley de Tierras, sancionada en 2011 y modificada en 2015, establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, con el objetivo de preservar la seguridad alimentaria y el desarrollo local. En 2024, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que suspendió la aplicación de la ley, argumentando la necesidad de fomentar la inversión extranjera. Sin embargo, la Corte Suprema, tras revisar el caso, decidió reponer la vigencia de la norma, lo que generó reacciones encontradas. Lorenzetti, en sus declaraciones, insistió en que la decisión se basa en la defensa de los recursos naturales y no en presiones externas.
El magistrado fue particularmente crítico con el rol de las redes sociales en el debate público. ‘No hay una relación entre la enorme participación en las redes que uno puede ver y la realidad concreta de acciones judiciales y tampoco hubo mucho movimiento en el Congreso que es donde se debería tratar este tema’, afirmó. Según Lorenzetti, la discusión en plataformas digitales no se traduce en acciones legales efectivas. ‘Me gusta mucho una expresión de un filósofo político. Acá ahora se ha creado el humo digital. Hay una incitación a que la gente utilice el escrache digital. Los tuiters ahora X las expresiones en las redes pero son acciones ineficaces en el sentido que no producen efectos’, remarcó. Para el juez, esta dinámica refleja un debilitamiento de la participación societal en los canales institucionales tradicionales.
Lorenzetti también destacó la escasa actividad legislativa en torno al tema. ‘El Congreso trató el tema en el Senado en marzo de 2024 y estamos en 2026 y no lo trataron. En el plano institucional el tema tuvo muy poca repercusión’, agregó. Esta afirmación pone de relieve una desconexión entre la agenda pública y la acción política concreta. Según datos oficiales, desde la suspensión del decreto en 2024, solo se presentaron dos medidas cautelares relacionadas con la Ley de Tierras, lo que contrasta con la masiva discusión en redes sociales. El juez enfatizó que, si el tema fuera realmente prioritario, debería haber una mayor cantidad de acciones judiciales. ‘Nadie hace nada que produzca un efecto eficaz porque si la realidad es que este tema es tan importante debería haber muchísimas medidas cautelares y solo teníamos dos’, señaló.
En cuanto a la independencia judicial, Lorenzetti fue categórico al afirmar que la Corte no se deja presionar por la opinión pública digital. ‘La presión social es presión de redes sociales que es legítima la gente se puede expresar y criticar pero nosotros no aceptamos ninguna presión de ese tipo. La Corte siempre ha decidido bajo niveles de presión muchísimo más alto que este’, aseguró. Esta declaración se enmarca en un contexto donde los fallos judiciales son cada vez más escrutados en tiempo real a través de plataformas digitales, lo que genera tensiones entre la judicatura y la ciudadanía.
El fallo sobre la Ley de Tierras tiene implicancias significativas para la economía y la geopolítica argentina. La norma busca proteger aproximadamente 15 millones de hectáreas de tierras rurales de la compra por parte de extranjeros, especialmente en zonas fronterizas y con recursos estratégicos como el agua dulce y minerales. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, en 2023 se registraron 1.200 operaciones de compraventa por parte de extranjeros, abarcando una superficie de 250.000 hectáreas. La suspensión de la ley en 2024 había generado un aumento del 15% en las transacciones, según informes del sector inmobiliario rural. Con la reposición, se espera una desaceleración de estas operaciones y un mayor control estatal.
La decisión de la Corte también tiene un impacto en la relación con inversores extranjeros. Países como China, Estados Unidos y España han mostrado interés en la adquisición de tierras argentinas para proyectos agroindustriales y de infraestructura. La reactivación de la ley podría generar tensiones diplomáticas y afectar la llegada de capitales. Sin embargo, el gobierno argentino ha manifestado que buscará un equilibrio entre la protección de los recursos y la atracción de inversiones, posiblemente mediante la reglamentación de la ley para agilizar trámites en sectores estratégicos.
En el ámbito social, la defensa de la Ley de Tierras por parte de la Corte Suprema ha sido recibida con beneplácito por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que ven en la norma una herramienta clave para la soberanía nacional. Por otro lado, sectores empresariales y algunos gobernadores provinciales han expresado su preocupación por el freno a la inversión extranjera. La discusión refleja una tensión entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales, un debate que se replica en otros países de la región.
Lorenzetti, con su estilo directo, puso el foco en la necesidad de fortalecer las instituciones. ‘Hay un debilitamiento de la participación de la sociedad’, advirtió, sugiriendo que la ciudadanía debería canalizar sus demandas a través de los mecanismos democráticos establecidos. Su crítica al ‘humo digital’ resuena en un momento donde las redes sociales amplifican discursos pero no siempre se traducen en cambios concretos.
En conclusión, el fallo de la Corte Suprema que repuso la Ley de Tierras representa un hito en la protección de los recursos naturales en Argentina. La defensa de Lorenzetti y su crítica a la presión digital subrayan la importancia de la independencia judicial y la acción institucional. Mientras el debate continúa, queda claro que la tensión entre la soberanía, la inversión extranjera y la participación ciudadana seguirá siendo un tema central en la agenda pública. La Corte ha sentado un precedente, pero el verdadero desafío será traducir ese respaldo en políticas efectivas y en un debate legislativo profundo que aborde las complejidades del tema.
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