La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional atraviesa un momento de incertidumbre en el Senado de la Nación. La eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) —una de las promesas centrales de la gestión libertaria— se encuentra estancada en la Cámara alta ante la falta de consenso político. La pulseada por bajar las PASO derivó en un cruce subterráneo entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la titular del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich. El primero insiste en que cuenta con los 37 votos necesarios para aprobar la propuesta, mientras que la segunda asegura que el número no alcanza los 30. Esta discrepancia, lejos de ser un detalle menor, expone las tensiones internas dentro del espacio gobernante y la fragilidad de la coalición legislativa.
El escenario actual obliga al oficialismo a transitar un camino sinuoso. La reforma electoral requiere de mayoría absoluta, es decir, 37 votos sobre 72 senadores, lo que exige un nivel de adhesión que el Ejecutivo no logró consolidar. En el mejor de los escenarios, el Gobierno podría celebrar una nueva suspensión de las primarias, una figura que ya utilizó en febrero de 2025 aunque, en aquel entonces, el contexto era menos riesgoso porque se trataba de elecciones de medio término. Ahora, con una elección presidencial en el horizonte, la suspensión adquiere una dimensión política más compleja y arriesgada. Entre los aliados advierten que, de no conseguirse los votos, el debate podría postergarse directamente para el próximo año, durante las sesiones extraordinarias, algo que el oficialismo busca evitar para no llegar al proceso electoral con la incertidumbre instalada.
La interna entre Santilli y Bullrich no es un episodio aislado. Un senador aliado, en diálogo con la prensa, fue categórico al respecto: «Mientras la Casa Rosada no consiga los votos la veo complicada», y ante la versión del jefe de Gabinete respondió: «Que traiga la lista». Esa exigencia de transparencia se repite en los pasillos del Senado: los legisladores reclaman que el ministro concurra al Congreso y detalle quiénes acompañan la propuesta del Gobierno. Desde el entorno de Santilli, en tanto, relativizaron las declaraciones de Bullrich y de los aliados: «Siempre se dice que los votos no están y después están», indicaron, y estimaron que la fecha tope para aprobar la iniciativa sería entre febrero y marzo. Sin embargo, esa confianza no se condice con la realidad de las negociaciones.
El mapa de apoyos es heterogéneo y revela las dificultades del oficialismo. Santilli logró que cuatro gobernadores radicales se expresaran a favor de la eliminación de las PASO, mientras que el restante, el jujeño Carlos Sadir, se manifestó más inclinado por la suspensión. No obstante, el radicalismo tiene antecedentes de votaciones divididas en el Congreso, lo que relativiza el valor de esos respaldos. Hasta las autoridades del Comité Nacional de la UCR se diferenciaron y defienden la continuidad de las primarias, lo que demuestra que el acuerdo con los gobernadores no es garantía de éxito legislativo.
Dentro de los aliados peronistas las diferencias también son evidentes. El tucumano Osvaldo Jaldo se manifestó públicamente a favor de la continuidad de las PASO y su peso legislativo es significativo: cuenta con tres votos en el Senado y otros tres en Diputados. El catamarqueño Raúl Jalil podría aportar un voto en la Cámara alta, pero en la Cámara baja está en duda que aporte los tres. A esto se suma un mensaje contundente del peronismo: esta semana se produjo el reencuentro de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa con la misión de apuntalar el blindaje de las primarias. Los aliados alertaron al oficialismo sobre este movimiento, que mete presión en la conversación que el Gobierno mantiene con los gobernadores dialoguistas.
Un dato que llama la atención es que los gobernadores peronistas que hoy defienden las PASO nunca las utilizaron y posiblemente tampoco las usen en el futuro. Esta paradoja revela que la defensa de las primarias responde más a una estrategia política de desgaste del oficialismo que a una convicción real sobre el sistema electoral. El peronismo, que en los hechos no las usa, se aferra a ellas como herramienta de negociación y como forma de mantener la incertidumbre en el calendario electoral.
La implicancia de este estancamiento es profunda. La eliminación de las PASO no solo define el mecanismo de selección de candidatos, sino que también impacta en la estructura de poder de los partidos y en la dinámica de la competencia electoral. Para el oficialismo, la suspensión de las primarias representaría una ventaja táctica: evitaría una interna abierta que podría fracturar su frente y le permitiría administrar los tiempos de la campaña presidencial. Para la oposición, en cambio, las PASO son un instrumento para dirimir candidaturas y, a la vez, una herramienta de presión sobre el Gobierno. La postergación del debate hasta 2027, como especulan algunos senadores, implicaría que la discusión se desarrolle en pleno año electoral, lo que añadiría un factor de riesgo adicional para el oficialismo.
La sociedad argentina observa con atención este debate, aunque la discusión legislativa parece alejada de las preocupaciones cotidianas. La economía, el empleo y la seguridad son los temas que dominan la agenda pública, y la reforma electoral se percibe como un tema de la clase política. Sin embargo, la forma en que se resuelva esta pulseada tendrá consecuencias directas en la calidad de la representación y en la transparencia del sistema democrático. La falta de acuerdo en el Senado no solo posterga una definición, sino que también refleja la dificultad de construir consensos en un Congreso fragmentado.
En conclusión, el Gobierno enfrenta un escenario complejo con la suspensión de las PASO. La falta de los 37 votos necesarios, las diferencias internas entre Santilli y Bullrich, la resistencia de los aliados y el reencuentro del peronismo en defensa de las primarias configuran un panorama adverso. El oficialismo apuesta a una nueva suspensión, pero el debate podría postergarse hasta 2027, lo que introduciría un elemento de incertidumbre en el año electoral. Mientras tanto, los senadores reclaman que el Ejecutivo muestre las cartas y garantice los apoyos necesarios. La suerte de la reforma electoral sigue estancada, y con ella, la definición de un aspecto central del sistema político argentino.
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