La justicia federal argentina ha dado un nuevo impulso a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y actual vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo la implementación de 15 medidas de prueba adicionales para esclarecer el origen y destino de fondos provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas presentadas por Tapia durante su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
El caso, que se inició hace un mes, se centra en la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 268 del Código Penal argentino, que sanciona a los funcionarios públicos que, sin poder justificar un incremento patrimonial significativo, hayan obtenido un beneficio económico ilegítimo. La investigación se originó a partir de un informe de la Oficina Anticorrupción que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados por Tapia y los movimientos bancarios detectados en sus cuentas.
Según fuentes judiciales, el fiscal Pollicita requirió al juez Lijo que se profundice sobre 37 acreditaciones bancarias que Tapia recibió por un total de 1.494.678,79 pesos en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre enero de 2016 y enero de 2019, provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano. Estas transferencias, según el fiscal, constituyen el único ingreso de esa cuenta sueldo en el período mencionado, y no fueron incluidas en las declaraciones juradas de Tapia, quien solo consignó ingresos provenientes del CEAMSE, la CONMEBOL y la AFA.
El fiscal solicitó que el gremio de camioneros envíe copia del legajo de Tapia, los cargos que ocupó, los recibos de sueldo, las liquidaciones de todos los conceptos que se le pagaron y las fechas de alta y baja. ‘Ello se solicita en la medida que las acreditaciones son el único ingreso de la cuenta sueldo del investigado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el período y que aquel sólo consignó ingresos provenientes del CEAMSE, de la CONMEBOL y de la AFA en las declaraciones juradas incorporadas’, explicó Pollicita en su requerimiento.
Además, el fiscal solicitó que se envíe un exhorto a Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto de tres transferencias que Tapia recibió por un total de 189.577,18 dólares en una cuenta del Banco Credicoop. Estas transferencias, que se liquidaron por 985.049,15 pesos, corresponden a 49.585,53 dólares en diciembre de 2018; 124.583,56 dólares en junio de 2019; y 15.408,09 dólares en marzo de 2020. A la FIFA se le requirió ‘el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016 con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino’.
El exhorto se justifica, según el fiscal, porque el cuadro de operaciones de comercio exterior remitido por el Banco Credicoop identifica como ordenante de esos tres giros a la ‘FEDERATION INTERNAT.’ con origen en Suiza por un total de 189.578 dólares, y porque el investigado no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas. Esta omisión, de comprobarse, podría constituir un indicio del delito de lavado de activos, en tanto los fondos podrían provenir de actividades ilícitas o haber sido utilizados para ocultar su origen.
Las medidas de prueba también apuntan a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. Los informes del Banco Credicoop que recibió la justicia detectaron movimientos en cuentas de Moyano que no guardarían relación con sus ingresos declarados como empleada del gremio de camioneros. El fiscal solicitó que se investigue si Moyano actuó como testaferro de Tapia para ocultar fondos, lo que podría configurar el delito de lavado de activos agravado por el uso de personas interpuestas.
El contexto de esta investigación se enmarca en una serie de causas judiciales que han afectado a la dirigencia del fútbol argentino en los últimos años. En 2015, la justicia suiza inició una investigación por corrupción en la FIFA que derivó en la detención de varios dirigentes, incluidos algunos argentinos. En 2016, la CONMEBOL firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para cooperar en la investigación de sobornos relacionados con la comercialización de derechos de torneos. En ese contexto, la figura de Tapia, quien asumió la presidencia de la AFA en 2017, ha sido cuestionada por su gestión y por sus vínculos con el sindicalismo y el poder político.
El CEAMSE, organismo donde Tapia se desempeñó como funcionario público, es una empresa estatal encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Su presupuesto anual supera los 10.000 millones de pesos y su directorio está integrado por representantes del Gobierno nacional, provincial y municipal. Tapia fue designado en el directorio del CEAMSE en 2016, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, y ocupó el cargo hasta 2019, cuando asumió la presidencia de la AFA. Su salario en el organismo era de aproximadamente 150.000 pesos mensuales, según consta en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
El Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, es uno de los gremios más poderosos de Argentina, con una afiliación que supera los 200.000 trabajadores. Su influencia se extiende a sectores clave de la economía, como el transporte de carga, la recolección de residuos y la logística. En los últimos años, el sindicato ha sido objeto de varias investigaciones judiciales por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas. La relación entre Moyano y Tapia se remonta a la década de 1990, cuando ambos militaban en el peronismo y compartían espacios de poder en el conurbano bonaerense.
La causa por enriquecimiento ilícito contra Tapia podría tener implicancias significativas para el futuro del fútbol argentino y para la relación entre el poder político y el deporte. En caso de comprobarse las irregularidades, Tapia podría ser destituido de su cargo en la AFA y enfrentar una pena de prisión de dos a seis años, según lo establece el artículo 268 del Código Penal. Además, la investigación podría afectar la candidatura de Argentina para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2030, que comparte con Uruguay, Paraguay y Chile, y que ya ha sido cuestionada por la FIFA debido a los escándalos de corrupción en la región.
En el ámbito deportivo, la AFA atraviesa una crisis institucional y financiera desde hace varios años. La deuda del organismo supera los 2.000 millones de pesos y los clubes de primera división reclaman una mayor transparencia en la distribución de los derechos de televisión. La gestión de Tapia ha sido criticada por la falta de inversión en el fútbol juvenil y por la disminución del promedio de asistencia a los estadios, que en 2023 fue de 12.000 espectadores por partido, la más baja de los últimos 20 años.
El fiscal Pollicita, quien también investiga al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal, es conocido por su rigurosidad en casos de corrupción. En 2019, solicitó la detención del exsecretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito, causa que derivó en su condena a seis años de prisión. Su solicitud de 15 medidas de prueba en el caso Tapia incluye la revisión de las cuentas bancarias del dirigente en el Banco Credicoop y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la citación de testigos y la realización de pericias contables sobre los movimientos detectados.
La investigación también podría alcanzar a otros dirigentes de la AFA y de la CONMEBOL, en tanto los fondos provenientes de la FIFA podrían haber sido distribuidos entre varios directivos. En 2020, la justicia brasileña condenó al expresidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, a cuatro años de prisión por lavado de activos, y en 2021, el expresidente de la AFA, Julio Grondona, fue señalado por la justicia suiza como receptor de sobornos millonarios. Estos antecedentes sugieren que la corrupción en el fútbol sudamericano es sistémica y que las investigaciones en curso podrían revelar una trama mucho más amplia.
La causa se encuentra en etapa de instrucción y el juez Lijo deberá resolver en los próximos días si hace lugar a las medidas solicitadas por el fiscal. Mientras tanto, Tapia ha negado las acusaciones y ha atribuido la investigación a una ‘persecución mediática y política’ en su contra. En una entrevista radial, el dirigente afirmó que todos sus ingresos están debidamente declarados y que colaborará con la justicia para esclarecer los hechos. Sin embargo, las pruebas recabadas hasta el momento indican lo contrario y podrían complicar su situación judicial.
En conclusión, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio Tapia expone una trama de transferencias millonarias provenientes de la FIFA y del Sindicato de Camioneros que no fueron declaradas ante las autoridades. La solicitud del fiscal Pollicita de 15 nuevas medidas de prueba, incluido un exhorto a Suiza y la revisión de las cuentas de la exesposa de Tapia, evidencia la gravedad de las imputaciones y la determinación de la justicia por esclarecer los hechos. El caso podría tener consecuencias significativas para el futuro del fútbol argentino y para la relación entre el poder político y el deporte, en un contexto de crisis institucional y financiera de la AFA. La sociedad argentina observa con atención el desarrollo de esta causa, que pone a prueba la independencia del Poder Judicial y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
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