La independencia judicial en Argentina se encuentra en el centro de un intenso debate tras la decisión de la jueza penal porteña Laura Beatriz De Marinis de declarar inconstitucional la reforma que reduce la edad de imputabilidad a 14 años y sobreseer a un adolescente de esa edad que intentó robar un teléfono celular. El fallo, que ha generado reacciones políticas y jurídicas de alto calibre, comenzó a ser revisado este viernes por la Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires, con la expectativa de que la próxima semana se conozca una resolución. En paralelo, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y un grupo de 91 jueces y juezas de la ciudad emitieron sendos comunicados en los que respaldan a la magistrada y critican el pedido de juicio político presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, calificándolo como un acto de hostigamiento y una amenaza a la división de poderes.
El caso se originó el 10 de septiembre de 2026, cuando un menor de 14 años, junto a otros adolescentes, intentó sustraer un celular a una víctima no identificada en el texto original. La jueza De Marinis, al analizar la situación, resolvió sobreseer al joven argumentando que la ley que establece la imputabilidad a partir de los 14 años, sancionada recientemente en el marco de un endurecimiento penal promovido por el gobierno nacional y respaldado por la administración porteña, resulta inconstitucional por contrariar principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. Esta decisión implicó la no aplicación de la norma al caso concreto y la liberación del adolescente de cualquier responsabilidad penal.
La reacción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se hizo esperar: anunció su intención de promover un juicio político contra la jueza, alegando mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, la FAM, entidad que nuclea a magistrados de todo el país, emitió un comunicado en el que, sin pronunciarse sobre el fondo del fallo, defendió el derecho de los jueces a ejercer el control de constitucionalidad y criticó enérgicamente el uso de mecanismos disciplinarios como respuesta a decisiones judiciales. «Esta Federación no emite opinión sobre el acierto de esa decisión. La crítica de las sentencias es legítima en una sociedad democrática y quienes discrepan con ellas cuentan con las vías recursivas que el ordenamiento prevé», señaló la FAM. «En cambio recurrir a mecanismos disciplinarios o de remoción como respuesta al criterio jurídico de un magistrado desnaturaliza esos institutos y proyecta un efecto intimidatorio sobre la totalidad de la judicatura», agregó.
El comunicado de la FAM también subrayó que el control de constitucionalidad y convencionalidad no es una facultad discrecional, sino un deber que la Constitución Nacional impone a todos los jueces. «Promover represalias porque un juez ejerza esa función lejos de fortalecer la democracia debilita el sistema de control del poder establecido por la Constitución. Las libertades de expresión y de opinión no legitiman el hostigamiento ni las presiones indebidas», concluyó, refiriéndose explícitamente al «hostigamiento contra la jueza Laura Beatriz De Marinis con motivo del contenido de una resolución jurisdiccional».
En la misma línea, 91 jueces y juezas de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un documento en el que advirtieron que «más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido es preciso subrayar que las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que con base constitucional adoptan los jueces y las juezas en ejercicio de la magistratura y en las causas de su competencia». Los firmantes también destacaron que «la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial que ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder dentro o fuera del Estado».
Desde una perspectiva técnica, el fallo de De Marinis se apoya en el análisis de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional con jerarquía constitucional en 1994, que establece que los menores de 18 años deben ser tratados de acuerdo con su edad y grado de madurez, y que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso. Asimismo, el principio de especialidad del derecho penal juvenil, respaldado por organismos como UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que los adolescentes deben ser sometidos a sistemas de justicia especializados que prioricen la reintegración social sobre el castigo. La jueza habría considerado que la reforma que baja la imputabilidad a 14 años, impulsada en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, no contempla adecuadamente estos estándares internacionales.
El impacto de esta controversia trasciende el caso individual. En términos jurídicos, la revisión por parte de la Cámara Penal porteña definirá si el fallo de De Marinis se mantiene o se revoca, sentando un precedente sobre la constitucionalidad de la ley de imputabilidad. En el plano político, la disputa refleja una tensión más amplia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un año electoral en el que la seguridad pública es un tema central de la agenda. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por una coalición de centro-derecha, ha hecho de la lucha contra el delito juvenil una de sus banderas, mientras que sectores progresistas y organismos de derechos humanos defienden un enfoque de protección integral.
Las implicancias sociales también son significativas. La decisión de la jueza De Marinis ha generado un debate público sobre la eficacia de las políticas punitivas versus las preventivas. Organizaciones de la sociedad civil advierten que bajar la edad de imputabilidad no reduce la criminalidad y puede profundizar la estigmatización de los adolescentes, especialmente de los sectores más vulnerables. Por otro lado, encuestas recientes indican que una mayoría de la población argentina apoya medidas más duras contra el delito, lo que presiona a los legisladores y jueces. En este contexto, el respaldo de la FAM y de los 91 jueces busca preservar la independencia judicial como un pilar del sistema republicano, pero también expone una fractura en el seno del poder judicial, ya que no todos los magistrados comparten la postura de De Marinis.
La semana próxima será clave: la Cámara Penal podría confirmar, revocar o modificar el fallo, y el juicio político podría avanzar o archivarse. Cualquiera sea el resultado, el caso De Marinis marca un hito en la discusión sobre los límites del poder estatal y la protección de los derechos de los menores en Argentina. La comunidad jurídica internacional observa con atención, dado que el país es signatario de tratados que obligan a respetar la autonomía judicial. Mientras tanto, la jueza continúa en funciones, a la espera de una resolución que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país.
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