La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un paso procesal que podría reconfigurar el escenario judicial de una de las causas de corrupción más resonantes de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. A través del sorteo realizado el pasado 17 de septiembre, el máximo tribunal dispuso la convocatoria de dos conjueces para intervenir en la resolución de los recursos pendientes en la causa que investiga el presunto direccionamiento de la licitación de la obra del Paseo del Bajo, un megaproyecto de infraestructura vial ejecutado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño. La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y recayó en Alberto Dalla Vía, integrante de la Cámara Nacional Electoral, y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, magistrado de Salta.
La intervención de conjueces no es un hecho menor en la dinámica interna del máximo tribunal. Con solo tres de sus cinco integrantes en condiciones de resolver, la Corte puede recurrir a este mecanismo cuando necesita completar una mayoría para pronunciarse sobre un expediente. En este caso, la convocatoria responde a la necesidad de dirimir los recursos presentados por la fiscalía contra los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y otros imputados. El trasfondo es claro: la incógnita central es si el tribunal dejará firmes las decisiones absolutorias o si, por el contrario, abrirá la puerta para que se reactive una investigación que apunta a una de las obras públicas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario retroceder en el tiempo. El Paseo del Bajo es una obra de infraestructura que conecta la Autopista Buenos Aires-La Plata con el norte de la ciudad, atravesando zonas estratégicas como Puerto Madero y Retiro. Su ejecución demandó una inversión que superó los 1.000 millones de dólares, financiados en parte con créditos internacionales. La licitación fue dividida en tres tramos para, según el Gobierno porteño, agilizar los plazos y garantizar la concreción de la obra antes de diciembre de 2023, cuando finalizaba la gestión de Rodríguez Larreta.
La investigación penal se inició el 25 de octubre de 2018, cuando el entonces juez federal Claudio Bonadio tomó intervención a raíz de una denuncia que apuntaba a irregularidades en la adjudicación del tramo más costoso de la obra. Bonadio, fallecido en febrero de 2020, fue reemplazado en la causa por otros magistrados que continuaron el trámite. La hipótesis fiscal sostiene que hubo un direccionamiento deliberado en la licitación para favorecer a determinadas empresas constructoras, con sobreprecios que habrían generado un perjuicio patrimonial significativo para el Estado.
A lo largo de la instrucción, la causa experimentó múltiples vaivenes procesales. Los imputados, entre ellos Rodríguez Larreta, fueron sobreseídos en primera instancia, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, la fiscalía interpuso recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, argumentando que existían pruebas suficientes para sostener la acusación y que los sobreseimientos se basaron en una valoración parcial de la prueba. El máximo tribunal, al convocar a conjueces, señala que considera necesario un análisis más profundo antes de emitir un fallo definitivo.
La relevancia política de esta causa es innegable. Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2015-2023), se ha distanciado del PRO y ha creado su propio espacio político, el Movimiento al Desarrollo (MAD). Actualmente ocupa una banca en la Legislatura porteña y mantiene aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2027. Un fallo adverso en esta causa podría tener un impacto significativo en su carrera política, aunque sus voceros han insistido en que la obra se realizó de manera transparente.
Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron que la convocatoria de conjueces es un indicio de que la Corte Suprema podría estar dispuesta a revisar los sobreseimientos. «Si el tribunal hubiera considerado que los recursos eran inadmisibles o que no había mérito para intervenir, habría rechazado los planteos sin necesidad de convocar a conjueces», explicó una fuente con acceso al expediente. «La decisión de convocarlos sugiere que hay una mayoría dispuesta a analizar el fondo de la cuestión».
El entorno de Rodríguez Larreta, en tanto, mantiene una postura desafiante. Voceros del ex jefe de Gobierno afirmaron estar al tanto de los movimientos de la Corte y defendieron la transparencia de la licitación. «La obra se hizo en forma transparente y se dividió en tres partes para cumplir con el compromiso de finalizarla antes de que terminara su gestión», señalaron. Además, remarcaron que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa encargada de la obra, es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, dependiente del Gobierno porteño, lo que garantizaría el control estatal sobre los procesos licitatorios.
«Larreta en ocho años no tuvo problemas con la Justicia, pero si la Corte ordena anular su sobreseimiento se pondrá a disposición del juez sabiendo que ser investigado es un gaje del oficio de los políticos que toman decisiones», agregaron. «Nos defenderemos donde sea», insistieron.
El impacto de esta causa trasciende la figura de Rodríguez Larreta. El Paseo del Bajo es una de las obras de infraestructura más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y su licitación involucró a algunas de las principales empresas constructoras del país. En un contexto de creciente escrutinio público sobre la transparencia en la obra pública, el desenlace de este expediente podría convertirse en un precedente relevante para futuras investigaciones.
Además, la decisión de la Corte Suprema se produce en un momento de alta sensibilidad institucional. El máximo tribunal ha intervenido recientemente en causas de fuerte impacto político, como la anulación del sobreseimiento del ex jefe del Ejército César Milani por la desaparición de un conscripto y la controversia por la venta de tierras a extranjeros en zonas de frontera. La convocatoria de conjueces en el caso Paseo del Bajo se suma a una serie de movimientos que reflejan una Corte dispuesta a involucrarse en expedientes de alta complejidad.
Si la Corte finalmente acepta el planteo de los fiscales y anula los sobreseimientos, el expediente podría regresar al juzgado federal que originalmente estuvo a cargo de Bonadio, aunque ahora bajo la órbita de un nuevo magistrado. Esto implicaría la reapertura de la investigación, la posibilidad de nuevas medidas de prueba y, eventualmente, un juicio oral y público. En caso contrario, si el tribunal confirma los sobreseimientos, la causa quedaría definitivamente cerrada y Rodríguez Larreta quedaría desvinculado de manera definitiva.
El desenlace de esta causa también podría tener implicancias en el ámbito electoral. Rodríguez Larreta ha manifestado su intención de competir por la presidencia en 2027, y un fallo adverso podría afectar su imagen pública y su viabilidad electoral. Por otro lado, sus adversarios políticos podrían utilizar la causa como un argumento para cuestionar su gestión y su compromiso con la transparencia.
En el plano judicial, la intervención de conjueces plantea interrogantes sobre la composición futura del tribunal. La Corte Suprema funciona actualmente con tres ministros titulares (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) debido a las vacantes dejadas por la jubilación de Elena Highton de Nolasco y la muerte de Carlos Fayt, además de la renuncia de Horacio Rosatti a su cargo anterior. La convocatoria de conjueces se ha convertido en una práctica recurrente para resolver casos en los que se requiere una mayoría de cuatro votos.
Alberto Dalla Vía y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, los conjueces sorteados, son magistrados con trayectoria reconocida. Dalla Vía es un especialista en derecho electoral y constitucional, con una larga carrera en la justicia federal. Rabbi Baldi Cabanillas, por su parte, se desempeña como juez federal en Salta y ha intervenido en causas de complejidad similar. Ambos deberán analizar los recursos presentados por la fiscalía y emitir su voto junto con los tres ministros titulares.
La causa por el Paseo del Bajo se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones sobre presunta corrupción en la obra pública durante las gestiones de Cambiemos y del PRO. En los últimos años, varios exfuncionarios y empresarios han sido procesados por irregularidades en licitaciones de obras públicas, lo que ha generado un debate sobre la eficacia de los mecanismos de control estatal y la necesidad de reformas en materia de transparencia.
En definitiva, la decisión de la Corte Suprema de convocar a conjueces en la causa del Paseo del Bajo representa un punto de inflexión en un expediente que ha estado marcado por idas y vueltas judiciales. El fallo que finalmente emita el tribunal determinará no solo el futuro judicial de Horacio Rodríguez Larreta, sino también la credibilidad del sistema de justicia en casos de presunta corrupción en la obra pública. La expectativa está puesta en los próximos meses, cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo de la cuestión y defina si la investigación se reabre o se cierra de manera definitiva.
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