El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación ha fijado el próximo 6 de octubre como fecha de inicio del juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain. La acusación se centra en dos hechos: haber solicitado una coima para dictar un fallo y haber omitido información relevante en su currículum vitae al postularse como magistrado. Fuentes judiciales confirmaron que el tribunal prevé concluir el proceso antes de fines de octubre, con dos audiencias iniciales los días 6 y 7 de octubre para escuchar a nueve testigos. Posteriormente se determinarán las fechas de alegatos y veredicto. La decisión no solo definirá la continuidad de Salmain en el cargo, sino que también podría habilitar su detención, ya que sobre él pesa una prisión preventiva que no se concreta debido a sus fueros de inmunidad de arresto.
El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad en junio pasado la suspensión en el cargo y el envío a juicio político de Salmain, quien había asumido como juez federal en 2023. La acusación se basa en dos imputaciones principales. La primera: cuando se presentó al concurso para magistrado, omitió informar que en 2002, siendo secretario federal, fue expulsado del Poder Judicial por un caso de corrupción. La segunda: en 2023, habría solicitado un soborno a cambio de dictar un fallo favorable a una empresa, ordenando al Banco Central de la República Argentina que le vendiera 10 millones de dólares a precio oficial, en un contexto de cepo cambiario.
En la causa penal por el presunto soborno, un arrepentido relató que el juez había pedido una coima del 10 por ciento de la brecha entre el dólar oficial y el blue. «Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial», declaró el arrepentido que intervino en la maniobra. Sin embargo, el juez no habría recibido el pago: cuando la empresa acudió con el fallo para comprar dólares al tipo de cambio oficial, el peso se devaluó y la diferencia se redujo a solo 19 mil dólares.
El tribunal del juicio político estará integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza). Para destituir a un juez se requieren cinco votos. Si no se alcanza esa mayoría, la acusación se cae y el magistrado es restituido en el cargo. Este mismo tribunal removió el mes pasado al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, por publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales, y rechazó hace dos semanas la acusación por violencia contra el magistrado federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava.
La acusación contra Salmain estará a cargo de la abogada Jimena de la Torre, del juez Diego Barroetaveña y del senador nacional Luis Juez, los tres integrantes del Consejo de la Magistratura. La defensa del magistrado será ejercida por los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ha manifestado su postura en el caso, aunque no se han difundido detalles adicionales.
El juicio político a Salmain se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la conducta de los magistrados federales en Argentina. En los últimos años, el Jurado de Enjuiciamiento ha resuelto casos de alto perfil que incluyen destituciones y absoluciones. La decisión sobre Salmain podría sentar un precedente respecto de la rigurosidad en la verificación de antecedentes de los postulantes a la magistratura y la severidad frente a casos de corrupción. Además, la causa penal paralela añade una dimensión adicional: la eventual pérdida de fueros podría derivar en la detención inmediata del juez, lo que marcaría un hito en la lucha contra la impunidad en el Poder Judicial.
La sociedad argentina observa con atención este proceso, dado que la corrupción en el sistema judicial ha sido una preocupación recurrente. La transparencia en la selección de jueces y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la confianza pública en las instituciones. El desenlace de este juicio político no solo afectará la carrera de Salmain, sino que también enviará una señal sobre la eficacia de los mecanismos de control interno del Poder Judicial. La comunidad jurídica y los organismos de derechos humanos siguen de cerca el caso, subrayando la importancia de que el proceso se desarrolle con las garantías del debido proceso y sin presiones políticas.
En conclusión, el juicio político contra Gastón Salmain comenzará el 6 de octubre y se espera una resolución antes de fin de mes. La acusación por pedido de coima y falsedad en el currículum podría llevar a su destitución y, en consecuencia, a su detención inmediata. El tribunal, integrado por representantes de distintos sectores políticos, deberá alcanzar cinco votos para removerlo. La defensa del magistrado intentará refutar las imputaciones, mientras que la acusación buscará demostrar la gravedad de los hechos. El resultado tendrá implicancias significativas para la integridad del sistema judicial argentino y para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción.
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