El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dio inicio formal este lunes al proceso que podría culminar con la remoción del juez federal Pablo Díaz Lacava, titular del Tribunal Oral Federal de La Pampa. El magistrado, suspendido en sus funciones desde abril pasado por decisión del Consejo de la Magistratura, está acusado de mal desempeño de sus funciones por un patrón sistemático de maltrato, hostigamiento y amenazas contra los empleados y secretarios de su tribunal. La primera audiencia, celebrada en la sede del Consejo, contó con la exposición inicial de la Fiscalía, que anticipó su pedido de destitución y describió un clima laboral caracterizado por el miedo y la imprevisibilidad.
La acusación se sustenta en una denuncia presentada por los propios trabajadores del tribunal, muchos de los cuales debieron tomar licencias médicas prolongadas debido al estrés y la angustia generados por el comportamiento del juez. Los testimonios recopilados durante la investigación preliminar del Consejo de la Magistratura describen episodios de violencia verbal y física. Entre los hechos más graves, se destaca el lanzamiento de una piedra por parte de Díaz Lacava desde la vía pública, que ingresó por la ventana de uno de los despachos del tribunal, un acto que el propio magistrado reconoció y calificó como una «broma» en su declaración ante el Consejo, aunque expresó su arrepentimiento.
Durante la audiencia de este lunes, los fiscales Diego Barroetaveña y Álvaro González, representantes del Consejo de la Magistratura, delinearon el núcleo de la acusación. Barroetaveña fue contundente al señalar que «este proceso no es un mero conflicto laboral o desacuerdo o discusión sobre estilos de conducción», y añadió que «tampoco estamos frente a un episodio aislado por no tener un buen día». El fiscal enfatizó que el caso «viene a poner en juego la función de la magistratura en un mecanismo de abuso de poder», subrayando la gravedad institucional de las conductas imputadas. La descripción fiscal del ambiente en el tribunal fue calificada como «un verdadero infierno», en referencia a la constante «incertidumbre frente a reacciones imprevisibles» del juez, los «gritos y descalificaciones», los «ataques de ira», los golpes sobre el escritorio y las actitudes «persecutorias» hacia el personal.
El desarrollo de los hechos, según consta en la acusación, se remonta a un período prolongado y no a incidentes aislados. Las conductas atribuidas a Díaz Lacava incluyen interrogatorios intimidatorios a empleados, amenazas de sanciones disciplinarias y una atmósfera de hostilidad continua. Estos episodios se intensificaron hasta el punto de que los empleados manifestaron tener miedo de ingresar a las oficinas. La situación derivó en la presentación de denuncias formales que dieron origen a dos procesos paralelos: el juicio político que ahora se inicia, destinado a determinar si el juez es removido de su cargo, y una causa penal que ya fue elevada a juicio oral.
En el ámbito penal, Díaz Lacava enfrenta graves acusaciones adicionales. Se le imputan cuatro hechos de amenazas y lesiones, un hecho de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, otro por desobediencia a una orden judicial y un último por retardo de justicia malicioso. Como medida cautelar en ese expediente, el magistrado tiene prohibido ingresar al tribunal y mantener contacto con los empleados damnificados, una restricción que permanece vigente y que evidencia la gravedad de los cargos a los que deberá responder en sede penal.
La defensa de Díaz Lacava, encabezada por el abogado Andrés Gil Domínguez, centró su estrategia inicial en negar las acusaciones y reivindicar la trayectoria del juez y su vínculo con los empleados. Gil Domínguez argumentó que «el daño no fue probado» y, si bien criticó la «broma» de la piedra, intentó minimizar su importancia destacando su reducido tamaño. En un giro procedimental significativo, Díaz Lacava, presente en la audiencia, manifestó su intención de declarar en una etapa posterior del proceso. Según indicó, «quiero declarar y quiero dar mi versión sobre las acusaciones que he escuchado hace más de tres años y medio», pero prefirió hacerlo cuando concluyan las declaraciones testimoniales de los testigos.
Las implicancias de este juicio político trascienden el caso particular del juez Díaz Lacava. El proceso pone a prueba la capacidad del sistema de enjuiciamiento de magistrados para abordar conductas que, aunque no estén directamente vinculadas a la función jurisdiccional, socavan la confianza pública en la administración de justicia. La descripción de un ambiente laboral tóxico al interior de un tribunal federal es un hecho que genera interrogantes sobre la gestión de los recursos humanos y la supervisión interna del Poder Judicial. El resultado de este juicio podría sentar un precedente relevante sobre el estándar de conducta exigible a los jueces argentinos, especialmente en lo concerniente al trato hacia el personal a su cargo y a la preservación de un clima de trabajo compatible con la dignidad y los derechos laborales.
El juicio político continuará su curso en las próximas semanas con la recepción de pruebas y testimonios. La Fiscalía mantiene su pedido de destitución, mientras que la defensa intentará desacreditar las acusaciones. La causa penal, por su parte, sigue su avance paralelo. Lo que está en juego no es solo el futuro profesional de un magistrado, sino la credibilidad de un sistema que debe garantizar que sus integrantes se ajusten a los más altos estándares éticos y de respeto, tanto dentro como fuera de los estrados. Una eventual remoción por mal desempeño confirmaría la gravedad de las conductas denunciadas, mientras que una absolución en este plano dejaría el caso en manos de la justicia penal para determinar la responsabilidad última del juez en los hechos que se le imputan.
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