La ciudad de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, fue escenario de una jornada de atención de organismos nacionales que derivó en una controversia político-institucional. El intendente libertario Pablo Basualdo dispuso la instalación de puestos de ANSES, PAMI, Migraciones, la secretaría de Trabajo y otras dependencias del Estado Nacional en el salón municipal, un espacio que desde la campaña electoral de su padre, el diputado nacional Atilio Basualdo, se encuentra decorado con gigantografías del presidente Javier Milei, del propio jefe comunal y del legislador. La actividad se desarrolló en un ambiente con folletería violeta —color insignia de La Libertad Avanza— y lonas con el lema “En Formosa es tiempo de libertad”, junto al logo oficial del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, aunque sin el tradicional color azul de los organismos estatales.
El episodio, revelado por Clarín, expone una tensión entre la retórica de austeridad y transparencia del oficialismo nacional y las prácticas concretas en el territorio. La utilización de un espacio público para fines partidarios, con atención de trámites sociales y sanitarios, plantea interrogantes sobre los límites entre la gestión estatal y la comunicación política. Según pudo confirmar este medio, el salón municipal fue transformado en un búnker libertario durante la campaña de Atilio Basualdo a convencional constituyente, con la fachada ploteada con los rostros de Milei, el propio intendente y su padre. La ubicación no es casual: el edificio linda con la Municipalidad de Las Lomitas y con la sede del Banco de Formosa, dos puntos de alta circulación en la localidad.
Los carteles colocados en los ventanales refuerzan la identificación partidaria: “En Formosa la elección es simple: Dictadura o Libertad” y “En Las Lomitas es tiempo de Libertad”. El logo del águila libertaria decora la entrada del edificio municipal. La explicación oficial sobre la persistencia de esta decoración, según fuentes consultadas, es que retirar los ploteos implicaba un costo que no se estaba dispuesto a afrontar, resumido en el slogan “No hay plata”. Así, cientos de vecinos que concurrieron para vacunarse, realizar trámites previsionales o recibir atención odontológica lo hicieron en un entorno con fuerte impronta de campaña.
La práctica de llevar oficinas móviles a localidades sin dependencias fijas es habitual en el interior del país y se ha implementado bajo distintas administraciones, incluyendo la de Mauricio Macri. Sin embargo, por razones de ética pública, estos operativos suelen realizarse en espacios neutros, sin simbolismos partidarios. En este caso, la combinación de servicios estatales con iconografía proselitista generó cuestionamientos, aunque en Formosa el hecho pasó relativamente desapercibido. La provincia gobernada por Gildo Insfrán está signada por una profusa cartelería con el rostro del mandatario peronista, una suerte de culto a la personalidad que se ha naturalizado a lo largo de tres décadas.
El contraste entre el discurso nacional de La Libertad Avanza y la realidad provincial es notable. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei criticó con dureza el uso de recursos públicos para fines partidarios, una práctica que asoció a la “casta” política. Una vez en el Gobierno, algunos de sus dirigentes en el interior parecen replicar esas conductas. La polémica no se centra en la asistencia social en sí, sino en el envoltorio comunicacional que la acompaña. La presencia de folletería con el eslogan “En Formosa es tiempo de libertad” y la ausencia del color azul institucional en el material del Ministerio de Capital Humano sugiere una continuidad entre la gestión y la militancia.
El operativo incluyó la participación de ANSES, PAMI, Migraciones y la secretaría de Trabajo, entre otros organismos. Estas dependencias brindan servicios esenciales para la población, como el acceso a jubilaciones, pensiones, atención médica y regularización migratoria. La jornada atrajo a numerosos vecinos de Las Lomitas y localidades cercanas, que aprovecharon la cercanía para resolver gestiones. La infraestructura utilizada —gazebos, mesas de atención y carpas— fue dispuesta en el salón municipal, cuyo frente luce las gigantografías políticas.
La justificación de no retirar los ploteos por falta de fondos resulta paradójica en el marco de un gobierno que pregona la reducción del gasto público. Si bien el costo de desmontar la decoración podría ser menor en comparación con otras erogaciones, la anécdota refleja una tensión más profunda: la dificultad de separar la estructura estatal del proyecto partidario. En provincias con fuertes identidades políticas, como Formosa, esta separación se vuelve aún más difusa.
El caso de Las Lomitas no es aislado. En distintas localidades del país, tanto oficialistas como opositores han utilizado edificios públicos para actos de campaña o han exhibido símbolos partidarios en dependencias estatales. La diferencia, en este caso, radica en que el intendente pertenece al espacio político que llegó al poder con la promesa de erradicar esas prácticas. La contradicción entre el discurso y la acción es el núcleo de la controversia.
Desde una perspectiva institucional, la utilización de un salón municipal para un operativo de servicios sociales no constituye una irregularidad en sí misma. El problema surge cuando el espacio se convierte en una extensión de la campaña política, con símbolos que pueden interpretarse como una coacción simbólica para los ciudadanos que acuden a resolver necesidades básicas. La presencia de imágenes de funcionarios en el lugar donde se realizan trámites puede generar una sensación de condicionamiento, aunque no exista una obligación explícita.
La oposición local aún no se ha pronunciado de manera orgánica sobre el episodio. Voces críticas señalan que la naturalización de estas prácticas en Formosa responde a décadas de hegemonía política, donde la confusión entre Estado y partido ha sido moneda corriente. El propio Insfrán ha sido cuestionado por el uso de recursos provinciales en beneficio de su imagen. En ese contexto, el accionar de Basualdo podría interpretarse como una adaptación del oficialismo nacional a las lógicas preexistentes.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no emitió declaraciones sobre el uso de su logo en un contexto partidario. Tampoco hubo pronunciamientos desde la Secretaría de Comunicación Pública ni desde la Municipalidad de Las Lomitas más allá de la explicación sobre los costos de desmontaje. La ausencia de respuestas oficiales contribuye a la incertidumbre sobre si se trató de una decisión política deliberada o de una simple omisión administrativa.
En términos de comunicación gubernamental, la jornada en Las Lomitas logró un doble propósito: por un lado, acercó servicios del Estado a una población con necesidades concretas; por otro, reforzó la identidad partidaria en un territorio donde La Libertad Avanza busca consolidarse. El intendente Basualdo, de perfil bajo pero con aspiraciones de liderazgo provincial, utiliza su gestión para proyectar una imagen de eficiencia y cercanía, aunque los métodos recuerden a los que su propio espacio político denostó.
La provincia de Formosa, con una estructura política sólida y un oficialismo provincial que lleva más de tres décadas en el poder, representa un desafío para cualquier fuerza emergente. La estrategia de los libertarios parece combinar la prestación de servicios con la instalación de símbolos, una táctica que puede rendir frutos electorales pero que también expone las contradicciones de un discurso que prometía romper con las viejas prácticas.
El episodio de Las Lomitas deja varias preguntas abiertas: ¿es legítimo utilizar espacios públicos para operativos estatales cuando estos están decorados con propaganda partidaria? ¿Qué mecanismos de control existen para evitar la confusión entre Estado y partido? ¿Cómo se concilia la austeridad proclamada con la negativa a gastar en la remoción de ploteos que, precisamente, no deberían estar allí? Las respuestas no son sencillas y varían según la óptica política.
Lo cierto es que la imagen de un salón municipal convertido en búnker libertario, con vecinos haciendo trámites de ANSES o PAMI entre gigantografías de Milei y los Basualdo, condensa las tensiones de una Argentina donde las campañas permanentes y la gestión se superponen. Mientras el gobierno nacional pregona un cambio cultural, en el territorio las prácticas parecen resistirse a ese cambio. La falta de reacción inmediata sugiere que, en Formosa, lo que en otros distritos sería un escándalo, aquí se disuelve en la continuidad de una forma de hacer política que trasciende a los partidos.
La polémica, por ahora, no escaló más allá de la publicación periodística. No hubo denuncias judiciales ni pedidos de informes en el Concejo Deliberante. La ciudadanía que acudió a los servicios estatales probablemente no percibió la connotación política del entorno; para muchos, la prioridad era acceder a una vacuna, una jubilación o una consulta médica. Esa es, quizás, la dimensión más compleja: la naturalización de la política como telón de fondo de la vida cotidiana. Mientras tanto, el salón municipal de Las Lomitas seguirá mostrando los rostros de Milei y los Basualdo, recordando que, en la Argentina de hoy, la libertad de unos puede convivir con las viejas prácticas de siempre.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
