En el marco de la última sesión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, también conocido como C-24, la representación de Estados Unidos presentó una propuesta para disolver ese organismo, al considerar que «ha perdido su propósito original». Esta iniciativa adquiere una relevancia particular para la Argentina, ya que el C-24 es el ámbito donde el país sostiene desde hace décadas su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y donde cada año se adopta por consenso una resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales.
La propuesta estadounidense fue fundamentada en que, si bien más de 80 antiguas colonias se han incorporado a la ONU como Estados Miembros, el Comité «funciona como si nada hubiera cambiado», revisando los mismos textos cada año. Además, la delegación norteamericana señaló que el funcionamiento del comité y «los viajes anuales del Comité Especial a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur» representan un despilfarro de tiempo y recursos de la ONU. Cabe destacar que el C-24 supervisa actualmente 17 Territorios No Autónomos en el mundo, entre ellos las Islas Malvinas, Gibraltar, el Sahara Occidental y Puerto Rico.
El Comité Especial de Descolonización fue establecido en 1961 por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de supervisar la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Originalmente estaba compuesto por 24 miembros, de ahí su nombre, aunque con el tiempo se amplió su composición. A lo largo de las décadas, el C-24 ha sido un foro central para los territorios no autónomos y para los Estados que reclaman soberanía sobre ellos. En el caso de las Malvinas, la Argentina ha encontrado en este comité un espacio multilateral para exponer su posición y obtener resoluciones que respaldan la necesidad de negociaciones bilaterales con el Reino Unido.
La propuesta de disolución se produce en un momento de máxima tensión entre la Argentina y el Reino Unido. El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal del Mar una solicitud formal de medidas para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Malvinas, y recibió una dura respuesta británica que incluyó el aval explícito a las tareas de esas mismas empresas. Este proyecto, liderado por empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, contempla la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte de las islas, lo que ha generado una fuerte objeción por parte de la Argentina, que considera que se trata de una explotación unilateral de recursos naturales en un área en disputa de soberanía.
En junio pasado, durante la reunión anual del Comité Especial de Descolonización, el canciller argentino Pablo Quirno denunció la «militarización» y «explotación unilateral de los recursos naturales» de Malvinas por parte del Reino Unido y renovó el llamado a las autoridades británicas para retomar el diálogo directo por la soberanía de las islas. En esa misma sesión se aprobó una resolución impulsada por Chile, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia que urge al Reino Unido a negociar con la Argentina para resolver el conflicto sobre Malvinas. Esta resolución, adoptada por consenso, refleja el apoyo regional a la posición argentina y se suma a las más de 40 resoluciones que la ONU ha aprobado sobre la cuestión de las Islas Malvinas a lo largo de la historia.
La propuesta estadounidense de disolver el comité solo podría ser adoptada por la Asamblea General, donde se requiere una mayoría de dos tercios de los Estados Miembros. Esto implica que la iniciativa deberá superar un proceso complejo y que probablemente enfrentará la resistencia de numerosos países, especialmente aquellos que tienen territorios no autónomos o que apoyan las causas de descolonización. En este sentido, la Argentina, junto con otros países como Cuba, Venezuela y Bolivia, probablemente buscará movilizar apoyos para preservar el comité.
El contexto político regional y global también juega un papel crucial. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado un enfoque hacia América Latina que incluye un respaldo implícito a la posición argentina en el caso Malvinas. En su última presentación ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente argentino Javier Milei hizo una encendida defensa del reclamo argentino por la soberanía sobre Malvinas, con duras críticas a la ONU, a la que acusó de «inútil» y de haber decidido «mirar hacia otro lado con la causa» de las islas. El fervor «malvinero» del Gobierno se avivó luego de que Trump insinuó que podría cambiar el enfoque de su país sobre Malvinas, algo que dio ímpetu a la Casa Rosada para reencender sus reclamos.
Las implicancias de una eventual disolución del C-24 serían significativas para la Argentina. El comité ha sido un instrumento diplomático clave para mantener viva la cuestión Malvinas en la agenda internacional y para ejercer presión sobre el Reino Unido. Sin este foro, la Argentina perdería un espacio multilateral de debate y de adopción de resoluciones anuales que, aunque no son vinculantes, tienen un fuerte valor político y simbólico. Además, la disolución del comité podría afectar la supervisión de otros territorios no autónomos, como el Sahara Occidental o Gibraltar, lo que generaría preocupación en otros países.
Desde una perspectiva económica, el proyecto Sea Lion representa una apuesta del Reino Unido por desarrollar la industria petrolera en las islas, lo que podría generar ingresos significativos para las empresas involucradas y para el gobierno de las Islas Malvinas. Sin embargo, la Argentina considera que esta explotación es ilegal y ha llevado el caso al Tribunal del Mar, un tribunal internacional con sede en Hamburgo que se encarga de resolver disputas relacionadas con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La respuesta británica, que avaló explícitamente las tareas de las empresas, profundiza la disputa y complica las posibilidades de negociación.
En cuanto a las consecuencias geopolíticas, la propuesta estadounidense podría interpretarse como un gesto hacia la Argentina en un momento en que la administración Trump busca fortalecer sus lazos con el gobierno de Milei, quien ha alineado su política exterior con Washington en varios temas. No obstante, también podría responder a una visión más amplia de la política exterior estadounidense que busca reducir costos en organismos multilaterales y cuestionar la eficacia de ciertos comités. La disolución del C-24 requeriría una votación en la Asamblea General, donde Estados Unidos no tiene poder de veto, a diferencia del Consejo de Seguridad.
La Argentina, por su parte, ha mantenido una posición firme y ha recibido el apoyo de diversos países latinoamericanos y del Caribe. La resolución aprobada en junio pasado, impulsada por Chile, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, es un ejemplo de ese respaldo. Además, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Mercosur han expresado en reiteradas oportunidades su apoyo a la causa argentina. En este sentido, la diplomacia argentina deberá desplegar una intensa labor para evitar que la propuesta estadounidense prospere.
El Comité de Descolonización ha sido escenario de debates sobre la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial. En el caso de las Malvinas, la Argentina sostiene que el principio de integridad territorial debe prevalecer sobre el de autodeterminación, dado que la población de las islas es considerada por la Argentina como trasplantada y no como un pueblo originario. Esta interpretación es respaldada por numerosas resoluciones de la ONU que instan a ambas partes a negociar. El Reino Unido, por su parte, argumenta que los isleños tienen derecho a la autodeterminación y que cualquier cambio de soberanía debe contar con su consentimiento.
La propuesta de Estados Unidos también podría ser vista como un intento de reformar el sistema de la ONU, un tema que ha estado en la agenda internacional durante años. La eficiencia y la eficacia de los organismos multilaterales son cuestiones debatidas, y la crítica estadounidense al C-24 se suma a otras voces que piden una revisión de los mandatos y los recursos. Sin embargo, para la Argentina, el C-24 no es un foro obsoleto sino un instrumento vital para mantener la cuestión Malvinas en el ámbito multilateral.
En conclusión, la propuesta de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU plantea un desafío para la Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La iniciativa, que requiere la aprobación de la Asamblea General, se produce en un contexto de tensiones con el Reino Unido por la explotación petrolera en las islas y de un gobierno argentino que ha hecho de la causa Malvinas una bandera política. La decisión final dependerá de la correlación de fuerzas en la Asamblea General y de la capacidad de la diplomacia argentina para preservar un foro que ha sido clave en su estrategia multilateral. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del C-24 se suma a la larga disputa por la soberanía de las islas, que continúa sin resolverse más de cuatro décadas después de la guerra de 1982.
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