La justicia de Entre Ríos atraviesa una de sus crisis más profundas en materia de seguridad de la información. Una funcionaria judicial fue despedida y denunciada penalmente por filtrar datos confidenciales del expediente que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional del Partido Justicialista, Gustavo Bordet. La revelación, realizada por el fiscal José Arias en una audiencia pública, expuso una red de filtraciones que habría beneficiado a los principales implicados en la causa, incluyendo a los presuntos testaferros del ex mandatario.
La funcionaria identificada como Giuliana Flores se desempeñaba desde hacía al menos dos años en la Unidad Fiscal de Concordia, el mismo organismo donde Arias lleva adelante la investigación contra Bordet. Estaba a cargo de la mesa de entradas, el sector por donde ingresan todas las notificaciones, presentaciones y documentos de los expedientes. Esa posición estratégica le permitía acceder a información crítica antes de que se concretaran las medidas judiciales. Según la acusación, Flores transmitía esos datos a su padre, Norberto Flores, y a su hermano, Germán Flores, ambos investigados en la misma causa y señalados como parte del círculo íntimo de Bordet.
El fiscal Arias detalló durante la audiencia que la funcionaria anticipó un allanamiento clave. En uno de los audios presentados, se escucha a Giuliana Flores relatando a su padre que había visto un oficio judicial con pruebas que comprometían al ex gobernador. «Ella dice que es comerciante, me explicó a mí, ¿viste? Y me explicó que era comerciante y que ella solo estaba contestando un oficio, y llevó una contestación de oficio, y en esa contestación de oficio tenía el nombre de Salvi», dice la mujer en la grabación, en referencia a Salvador Carubia, señalado como presunto testaferro de Bordet. «Y no sé, como que Bordet le había comprado no sé cuánta cantidad de cosas, mucha plata, mucha plata. Entonces le mandé a Nano al toque y le dije ‘no pasa nada’, no sé qué. Así que bueno, le avisé yo de esto a Nano», agrega. «Nano» es su hermano Germán, también implicado. El audio está fechado el 20 de mayo, ocho días antes de un allanamiento determinante en la causa.
Norberto Flores, padre de la funcionaria, acompaña a Bordet desde la época en que este era intendente de Concordia. Actualmente se desempeña como asesor de Mariel Ávila en la Legislatura de Entre Ríos. Ávila es la esposa del ex gobernador. Germán Flores, por su parte, trabaja con Salvador Carubia, el presunto testaferro. Esta triangulación de vínculos familiares y políticos configuró un canal directo de información reservada desde el corazón de la fiscalía hacia los investigados.
Las revelaciones se produjeron en el marco de una audiencia solicitada por Jorge Romero, abogado defensor de Bordet, quien buscaba recusar al fiscal Arias por presuntas presiones a imputados. Sin embargo, lejos de debilitar la posición del fiscal, la maniobra derivó en la exposición de las filtraciones. Arias presentó una serie de audios y mensajes de WhatsApp que Giuliana Flores enviaba a su padre y a su hermano con detalles precisos sobre los avances del expediente. «Esta empleada le pasaba datos a su hermano y su padre sobre información concreta de allanamientos que no se habían realizado. Les estaba anticipando la medida», sostuvo el fiscal.
La causa de fondo investiga a Gustavo Bordet por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión como gobernador de Entre Ríos. El ex mandatario, que hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, es señalado por la presunta utilización de testaferros para ocultar bienes y operaciones financieras. Salvador Carubia y los hermanos Flores aparecen en el expediente como parte de ese entramado. La filtración de información no solo compromete la investigación, sino que también pone en riesgo la eficacia de futuras medidas judiciales.
Tras la audiencia, Giuliana Flores fue separada de su cargo y denunciada por «violación de secretos de funcionario público», un delito que prevé penas de prisión para quien revele información reservada obtenida en ejercicio de sus funciones. La fiscalía General de Entre Ríos aún no se pronunció sobre si existirán más imputaciones. La defensa de Bordet, por su parte, no emitió declaraciones públicas sobre las acusaciones de filtración, aunque el abogado Romero mantiene su pedido de recusación contra Arias.
El caso expone una vulnerabilidad estructural en el sistema judicial entrerriano: la facilidad con que información sensible puede ser extraída y utilizada para beneficiar a los investigados. La mesa de entradas de una fiscalía es un punto neurálgico, y la designación de personal con vínculos directos con los imputados plantea serios interrogantes sobre los controles internos. En los últimos años, varios expedientes de corrupción en Argentina han sufrido obstáculos similares, con filtraciones que alertaron a los sospechosos antes de los allanamientos.
El impacto político es significativo. Bordet es una figura de peso dentro del peronismo entrerriano y su situación judicial podría repercutir en el tablero electoral de 2027. La oposición ya comenzó a reclamar explicaciones sobre cómo una empleada con familiares investigados pudo acceder a información crítica durante tanto tiempo. Organizaciones de transparencia judicial pidieron una auditoría de los sistemas de manejo de expedientes en Concordia.
Desde el punto de vista procesal, la filtración podría invalidar algunas pruebas si se demuestra que la defensa las conoció de antemano. Sin embargo, los especialistas señalan que las medidas ya concretadas no se anulan automáticamente, sino que deben ser evaluadas caso por caso. La denuncia contra Giuliana Flores es el primer paso para determinar responsabilidades penales, pero también apunta a desarticular una red que habría operado con impunidad durante meses.
La causa contra Bordet sigue su curso, pero el episodio de las filtraciones añade una capa de complejidad. La confianza en la imparcialidad de la investigación queda debilitada, y tanto la fiscalía como el Poder Judicial de Entre Ríos enfrentan el desafío de restaurar la credibilidad. Mientras tanto, los presuntos testaferros y el propio ex gobernador permanecen bajo la lupa de la justicia, ahora con la certeza de que sus vínculos alcanzaban incluso las entrañas del organismo que los investiga.
El desenlace de este escándalo dependerá de la celeridad con que actúen los tribunales superiores. La denuncia por violación de secretos es solo el comienzo. Resta saber si la filtración tuvo ramificaciones mayores y si otros empleados judiciales estuvieron involucrados. Por lo pronto, la destitución de Giuliana Flores marca un precedente: la justicia entrerriana comienza a limpiar su propia casa, aunque el daño a la investigación principal ya está hecho.
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