La justicia federal argentina avanza sobre uno de los casos que expone la intersección entre la política partidaria, el uso de recursos estatales y la manipulación digital. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó este martes la indagatoria del ex diputado nacional por Salta Emiliano Estrada, dirigente de La Cámpora, por el delito de peculado de trabajo y servicios. La acusación sostiene que Estrada utilizó a dos empleados de su bloque en la Cámara de Diputados para crear y administrar cuentas falsas en la red social TikTok, desde las cuales se difundieron noticias falsas y se atacó a rivales políticos en la provincia. La pena prevista para el peculado de trabajo y servicios oscila entre dos y diez años de prisión, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
El caso se originó a partir de una investigación en los tribunales de Comodoro Py, luego de que se detectara que dos asesores con sueldos públicos, Florencia Bustamante y Alonso Allemand, realizaban tareas de campaña sucia a favor de Estrada mientras se desempeñaban como empleados del Congreso. Ambos reconocieron los hechos y fueron condenados en un juicio abreviado a un año y cuatro meses de prisión en suspenso como partícipes secundarios del delito de intimidación pública. La declaración de Bustamante fue clave: «Estrada fue quien me impartió órdenes y directivas de todos los trabajos que realicé o encargué; tanto los trabajos gráficos y audiovisuales de sus redes sociales personales y laborales», afirmó. Además, admitió que se ocupó de «la creación» de cuentas en TikTok «con el objetivo de perjudicar puntualmente a determinadas personas del ámbito mediático empresarial y político».
Las cuentas identificadas por la fiscalía eran «La Casta Salteña», «La Casta de Sáenz», «Informante Salta» y «Casta Salta». Estas tenían como blanco principal al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, un peronista enfrentado al kirchnerismo. La difusión de noticias falsas y la creación de identidades digitales anónimas se habrían coordinado desde el despacho del entonces diputado, utilizando los recursos humanos y tecnológicos del Congreso. El fiscal Marijuán sostuvo que la conducta de Estrada encuadra en el artículo 261 del Código Penal, que castiga al funcionario público que «empleare, en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública».
La trayectoria política de Emiliano Estrada explica la magnitud del escándalo. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey en Salta y candidato a vicegobernador del kirchnerista Sergio «Oso» Leavy. Sin embargo, posteriormente se alineó con el cristinismo y en 2021 fue electo diputado nacional por La Cámpora. Dejó su banca en diciembre del año pasado, pero la causa judicial ya estaba en marcha. La denuncia inicial se radicó en Comodoro Py por el delito federal de peculado, que investiga el uso de bienes públicos para fines personales. La Justicia logró reconstruir el modus operandi: dos asesores con sueldos públicos dedicaban parte de su jornada laboral a producir contenido difamatorio y a gestionar cuentas falsas en TikTok.
El avance de la causa no solo compromete a Estrada, sino que también expone una práctica que, según especialistas en derecho penal y transparencia, podría repetirse en otros despachos legislativos. El peculado de trabajo y servicios es una figura penal que busca proteger el erario público y la correcta asignación de los recursos estatales. Al utilizar a empleados pagados por el Congreso para fines partidarios, se produce un perjuicio directo al Estado y se distorsiona la función legislativa. La pena, que puede alcanzar los diez años de prisión, refleja la gravedad que el legislador quiso imprimir a este tipo de conductas.
La dimensión digital del caso agrega un componente novedoso. La creación de cuentas anónimas en TikTok para difundir noticias falsas y atacar a opositores no es un fenómeno aislado en la política argentina, pero sí es la primera vez que se documenta con una condena a los operadores materiales y una imputación a un ex legislador por el uso de recursos públicos. Las cuentas «La Casta Salteña», «La Casta de Sáenz», «Informante Salta» y «Casta Salta» no solo publicaban contenido falso, sino que buscaban instalar una narrativa de corrupción contra el gobernador Sáenz, quien mantiene una tensa relación con el kirchnerismo. Este tipo de operaciones, conocidas como «granjas de trolls», suelen requerir financiamiento y coordinación, que en este caso habrían provenido del propio Congreso.
El fiscal Marijuán también investiga a Estrada por el delito de intimidación pública, que se suma al peculado. La intimidación pública castiga a quien infunde temor en la población mediante amenazas o falsedades. Las noticias falsas difundidas desde las cuentas anónimas podrían haber generado alarma social y afectado la reputación de personas específicas. La condena de Bustamante y Allemand como partícipes secundarios de este delito sienta un precedente sobre la responsabilidad de los empleados que acatan órdenes ilegales, aunque en este caso se beneficiaron con la suspensión de la pena.
El impacto político del caso es significativo. La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner, enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre sus prácticas internas. Emiliano Estrada era un referente en Salta y su alejamiento del Congreso no lo protege de la acción penal. La causa en Comodoro Py podría escalar hacia otros funcionarios si se comprueba que existió una estructura más amplia de financiamiento y coordinación. Por ahora, la indagatoria solicitada por Marijuán es un paso procesal que obligará a Estrada a defenderse de las acusaciones. La defensa del ex diputado aún no se pronunció públicamente, pero se espera que niegue los hechos o argumente que las tareas de sus asesores no configuraban delito.
Desde una perspectiva más amplia, el caso plantea interrogantes sobre la regulación de las redes sociales y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de recursos estatales. La lucha contra la desinformación se ha convertido en una prioridad en democracias de todo el mundo, y Argentina no es la excepción. Sin embargo, la novedad aquí es que la desinformación se habría producido desde el propio Estado, utilizando empleados públicos y con un claro sesgo partidario. La condena de los asesores y la imputación del ex diputado envían una señal de que la Justicia está dispuesta a perseguir estas conductas, aunque el proceso recién comienza.
El desarrollo del caso también arroja luz sobre las condiciones laborales en el Congreso. Los asesores de los legisladores son contratados con fondos públicos y deben desempeñar tareas inherentes a la función legislativa. Cuando se los desvía hacia actividades proselitistas o de inteligencia informal, se produce una doble violación: por un lado, se malversan recursos; por otro, se afecta la integridad del proceso democrático. La declaración de Bustamante, quien admitió haber recibido órdenes directas de Estrada, es un elemento probatorio contundente que probablemente será central en la indagatoria.
En conclusión, la solicitud de indagatoria de Emiliano Estrada marca un hito en la investigación de delitos de corrupción que involucran el uso de recursos públicos para fines políticos y digitales. La causa, que ya tiene dos condenados, avanza hacia el ex diputado con una imputación por peculado de trabajo y servicios e intimidación pública. La pena potencial de hasta diez años de prisión subraya la seriedad del cargo. El caso también expone las tensiones internas del peronismo salteño y el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el gobernador Gustavo Sáenz. A medida que la investigación continúe, se sabrá si Estrada es finalmente procesado y si surgen nuevos responsables. Por lo pronto, la Justicia ha dado un paso firme hacia la rendición de cuentas sobre el uso de la estructura estatal para la guerra sucia digital.
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