El 30 de junio de 2026, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó su propia Ley de Hojarasca, un mecanismo de depuración normativa que, de manera similar a la iniciativa homónima que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación en mayo del mismo año, busca derogar leyes y decretos obsoletos, innecesarios o que han caído en desuso. Entre las normas barridas por esta revisión se encuentra la prohibición que pesaba desde 1998 sobre la comercialización del videojuego «Carmageddon», un título que, en su momento, fue considerado por los legisladores porteños como un incitador a la violencia y a la violación de las normas de tránsito. Con esta derogación, el juego vuelve a ser legal para la venta en la capital argentina tras 28 años de veto.
El contexto de esta prohibición se remonta a la era dorada del videojuego físico, cuando los títulos se comercializaban en cajas de cartón que contenían uno o varios CDs y manuales de instrucciones. «Carmageddon», desarrollado por el estudio británico Stainless Games y publicado por la sueca THQ Nordic (originalmente por Interplay), había llegado al mercado el 30 de junio de 1997. Su premisa rompía radicalmente con el género de carreras: en lugar de obligar al jugador a cruzar primero la línea de meta, el juego ofrecía un «raid de destrucción». El objetivo principal era acumular puntos chocando y destruyendo los vehículos rivales, pero también atropellando peatones, acción que prolongaba el tiempo de la partida. Incluso incluía una mecánica controvertida que otorgaba puntaje adicional por atropellar a ciertos peatones, como niños o mujeres embarazadas, lo que generó una ola inmediata de críticas.
La controversia internacional fue inmediata. En mayo de 1997, antes de su lanzamiento, la British Board of Film Classification (BBFC) se negó a otorgarle una clasificación etaria en el Reino Unido, lo que impedía su comercialización. Para sortear esta barrera, Stainless Games lanzó una versión modificada en la que los peatones humanos fueron reemplazados por zombis de color verde, una solución pragmática que permitió su venta en territorio británico. En noviembre del mismo año, Brasil se convirtió en el primer país del mundo en prohibir formalmente el título, cuando su Ministerio de Justicia vetó su fabricación, distribución, difusión y venta bajo el argumento de que atentaba contra la moral y las buenas costumbres.
La polémica llegó a la Legislatura porteña en 1998, impulsada por un pedido de la Asociación Civil de Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT). El 26 de marzo de ese año se trataron en conjunto tres proyectos de ley que buscaban retirar el videojuego de los locales de la Ciudad. La primera iniciativa, impulsada por los legisladores peronistas Juliana Marino y César Torres, expresaba respaldo a las gestiones de FAVAT «tendientes a la prohibición de videojuegos orientados a la destrucción de personas». Las otras dos pertenecían a la Unión Cívica Radical: una presentada por el diputado Silverio Fernández Gaido y la otra por los legisladores Roberto Clienti y Gustavo Badino. El resultado fue la sanción de una ley que prohibió la venta del juego en el territorio porteño, una medida que, en su momento, fue celebrada por sectores conservadores y asociaciones de víctimas de siniestros viales.
Desde el punto de vista técnico, la derogación de esta normativa representa un hito en la teoría jurídica de la obsolescencia normativa. La Ley de Hojarasca se fundamenta en el principio de que el derecho debe adaptarse a la realidad social. En 1998, la percepción social sobre los videojuegos era radicalmente distinta, y la violencia digital era vista como una amenaza directa a la conducta juvenil. Sin embargo, estudios sociológicos y psicológicos posteriores, así como la evolución del mercado del entretenimiento interactivo, han demostrado que la censura directa no es una herramienta efectiva para la regulación de contenidos, y que sistemas de clasificación etaria como el PEGI (Pan European Game Information) o el ESRB (Entertainment Software Rating Board) son mecanismos más adecuados.
Las implicancias de esta derogación son múltiples. En primer lugar, se repara una anomalía legal que convertía a Buenos Aires en una isla regulatoria en comparación con el resto del país, donde el juego nunca fue prohibido a nivel nacional. En segundo lugar, se envía una señal sobre la madurez del mercado digital local y la capacidad de la administración pública para revisar sus propias decisiones. Finalmente, desde una perspectiva geopolítica, esta acción se alinea con tendencias globales de desregulación y revisión de normativas obsoletas, un fenómeno que también se observa en países como España o Estados Unidos con la revisión de leyes sobre contenidos culturales.
En conclusión, la vuelta de «Carmageddon» a la legalidad en la Ciudad de Buenos Aires no es solo un hecho anecdótico para la cultura gamer, sino un síntoma de un proceso más amplio de modernización legislativa. La ley que lo prohibió en 1998 fue un producto de su tiempo, marcado por el pánico moral hacia un nuevo medio de expresión. Su derogación, 28 años después, es el resultado de la evolución de la opinión pública, la consolidación de la industria del videojuego como un sector económico relevante y la aplicación de un principio de eficiencia administrativa que busca limpiar el ordenamiento jurídico de normas que ya no tienen razón de ser. El juego, con su mecánica controversial, es ahora un bien lícito más en las góndolas digitales y físicas de la capital.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
