El Poder Ejecutivo de la Nación, bajo la administración del presidente Javier Milei, oficializó este miércoles el nombramiento de Ana María Juan como jueza federal del juzgado de Hurlingham, una dependencia judicial que aún no ha sido habilitada para su funcionamiento pleno. La designación, publicada en el Boletín Oficial, se produce en un contexto de fuerte controversia política y judicial, dado que Juan está casada con Marcelo Martínez De Giorgi, el magistrado a cargo de la causa que investiga al Presidente por su presunta implicación en la estafa vinculada a la criptomoneda $Libra.\n\nEl nombramiento de Juan fue posible luego de que el Senado de la Nación aprobara su pliego, en un proceso que atravesó tres gestiones presidenciales. Inicialmente, fue propuesta por Mauricio Macri, pero el pliego fue retirado al asumir Alberto Fernández. Posteriormente, Fernández la postuló nuevamente, y finalmente, Milei retomó el proceso, enviando su nombre al Senado para su aprobación. Según fuentes oficiales del mileísmo, la designación responde a un pedido de la Cámara Federal de San Martín, que busca que Juan ocupe temporalmente otros juzgados vacantes en la jurisdicción —como los de Morón o Moreno— hasta que el juzgado de Hurlingham esté operativo.\n\nLa nueva jueza posee una trayectoria extensa dentro del Poder Judicial. Fungió como secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal de máxima relevancia en causas de corrupción, y más recientemente estuvo a cargo de la oficina judicial para la implementación del sistema acusatorio en la misma jurisdicción. Su designación se da apenas dos semanas después de que su esposo, Martínez De Giorgi, apartara de la causa $Libra a todas las víctimas que actuaban como querellantes, una decisión que ha sido apelada por las defensas de los afectados y que ahora deberá ser revisada por la Cámara Federal.\n\nEl conflicto se intensifica por las implicancias políticas de la medida. Mientras el gobierno de Milei justifica el nombramiento de Juan argumentando la necesidad de cubrir vacantes en la jurisdicción de San Martín, se niega a designar a María Verónica Michelli en un tribunal oral federal de La Plata, también sin habilitación, por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, quien ha investigado al gobierno en múltiples casos, incluido el $Libra. Esta disparidad de criterios ha sido señalada por sectores de la oposición como un ejemplo de favoritismo y de interferencia en la independencia judicial.\n\nParalelamente, el Ejecutivo avanza en una reestructuración de la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal clave que revisa todas las causas de corrupción. El gobierno envió al Senado los nombres de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar dos lugares en la Sala I de esa Cámara, la misma que deberá decidir sobre la reposición de las querellas en el caso $Libra. Bertuzzi, quien actualmente es juez de la Cámara gracias a un traslado durante el gobierno de Macri, concursó para obtener la titularidad. Por su parte, Yadarola, juez en lo Penal Económico, es conocido por su amistad con Juan Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.\n\nLa decisión de apartar a las víctimas de la causa, sumada al nombramiento de la esposa del juez instructor, ha generado una ola de críticas que cuestionan la transparencia y la imparcialidad del proceso judicial. La apelación presentada por los querellantes será dirimida por una Cámara que, con los nuevos nombramientos, podría tener una mayoría afín al oficialismo, lo que añade una capa adicional de complejidad al ya enrarecido clima político-judicial en Argentina. En los próximos días, se espera que la Sala I de la Cámara Federal evalúe el recurso, mientras el gobierno continúa sin brindar detalles sobre la habilitación del juzgado de Hurlingham ni sobre los plazos para la designación de Michelli.
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