El bloque peronista del Senado ha intensificado su ofensiva judicial en la disputa por la conformación del Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030. Tras el rechazo judicial a la estrategia que buscaba habilitar un nuevo mandato del senador Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora y consejero por la Cámara alta, el presidente del bloque Justicialista, el formoseño José Mayans, apeló la decisión y recusó en la mañana de este jueves al magistrado que debía quedar a cargo del caso. La presentación procura obtener un fallo que confirme que Recalde puede ser designado nuevamente en el organismo responsable de seleccionar y remover jueces federales y nacionales, en un momento crítico para la integración del cuerpo.
El reclamo del peronismo no surgió de manera aislada. Semanas atrás, el consejero del propio Poder Judicial, Diego Barroetaveña, había logrado una medida cautelar que le garantizaba presentarse a la reelección en representación de los jueces. Sobre esa base, Mayans construyó su estrategia: solicitó unificar su causa con la de Barroetaveña para que un mismo juez definiera ambos casos con el mismo criterio, evitando así que la Justicia emitiera resoluciones contradictorias sobre una misma norma. El planteo no prosperó, ya que el juez consideró que se trataba de casos distintos, con protagonistas y estamentos diferentes. Ante este revés, el bloque decidió no resignarse al juzgado asignado y optó por recusar al magistrado, buscando un nuevo camino procesal.
De fondo, existe una laguna legal que el Congreso no ha resuelto. Desde 2021, diversos fallos de la Corte Suprema dejaron en un limbo la versión de la ley que regula el Consejo de la Magistratura realmente vigente. La legislación original de 1997 permitía la reelección consecutiva por una única vez de los consejeros. Las reformas posteriores limitaron la reelección, exigiendo un intervalo de un período. En 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de estas reformas y ordenó que cobrara nueva vigencia la normativa original, lo que modificó por completo la configuración del organismo. Esta incertidumbre sobre la habilitación de las reelecciones es explotada por distintos actores: Diego Barroetaveña (jueces), Jimena De la Torre y Fernanda Vázquez (abogados), Mariano Recalde y los diputados cristinistas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. La otra representante por el peronismo del Senado, Anabel Fernández Sagasti, no tiene impedimentos para continuar en el cargo por haber iniciado su mandato con posterioridad al resto.
En julio, el juez en lo Contencioso Administrativo N° 6, Enrique Lavié Pico, hizo lugar a una presentación de Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura que se abstuviera de impedirle participar como candidato a consejero en la elección de este año del estamento de los magistrados. Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la medida cautelar que beneficiaba a Barroetaveña, dejando el asunto en un estado de provisionalidad. La recusación presentada por Mayans se suma a este panorama, en un intento por asegurar que la resolución final sea favorable a los intereses del peronismo en la conformación del Consejo.
La disputa tiene implicancias significativas para el equilibrio de poder en el sistema judicial argentino. El Consejo de la Magistratura es el órgano clave para la designación y remoción de jueces, por lo que su composición política es determinante para el futuro de la administración de justicia. Los intentos de reelección de los consejeros peronistas, en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, reflejan una puja por el control de un espacio estratégico. La recusación de Mayans podría retrasar aún más la definición de la integración del Consejo, generando un escenario de mayor incertidumbre institucional. Se espera que la Justicia resuelva la recusación en los próximos días, aunque el caso podría escalar a instancias superiores, prolongando la disputa y postergando la definición de los nuevos integrantes del organismo.
El desenlace de esta controversia no solo definirá quiénes ocuparán los asientos en el Consejo, sino que sentará un precedente sobre los límites de la reelección en organismos de control. La falta de una ley clara y la judicialización de la política de designación de jueces, durante los últimos años, han instalado un escenario de disputa permanente. Por ahora, la estrategia del peronismo se centra en la recusación y la apelación, mientras los demás estamentos observan con atención los movimientos de las partes. La fecha límite para la integración del cuerpo para el período 2026-2030 se acerca, y sin una resolución judicial firme, el funcionamiento del Consejo podría verse afectado por la falta de definición sobre la legitimidad de sus miembros.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
