El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, por unanimidad de sus siete integrantes, destituyó este jueves al juez federal de Rosario Gastón Salmain. La decisión se basa en el mal desempeño de sus funciones al haber omitido de forma consciente, en su currículum presentado para concursar como juez, que había sido cesanteado como empleado del Poder Judicial en 2022 por un intento de soborno para adulterar el sorteo de causas. La destitución implica la pérdida inmediata de sus fueros como magistrado, lo que derivará en su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria en la causa penal en la que está procesado por pedir una coima para dictar un fallo. El tribunal, sin embargo, rechazó esta segunda acusación.
El veredicto, leído por el secretario Marcelo Bová, no contó con la presencia del juez destituido. El Jurado consideró que la conducta de Salmain al postularse para la magistratura quebrantó la confianza pública depositada en los jueces. «La veracidad de lo que un juez declara bajo juramento de su propia trayectoria es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo», sostuvo el tribunal. Y agregó: «Quien la quebranta al postularse y la mantiene quebrantada ya investido de la magistratura no conserva las condiciones que la Constitución exige para ejercerla».
El caso de Salmain se remonta a sus inicios en el Poder Judicial. Ingresó en 1997 como empleado del Juzgado Federal N° 8 de la Seguridad Social. En noviembre de 2021 se le inició un sumario administrativo por ofrecer coimas para adulterar el sorteo de causas, un hecho que derivó en una causa penal en la que fue procesado y posteriormente accedió a una probation. En febrero de 2002 renunció al Poder Judicial y en junio de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo cesanteó en el cargo. Ese antecedente quedó registrado en su legajo.
A pesar de ello, entre 2016 y 2024, Salmain se presentó en 36 concursos públicos para ocupar cargos de juez sin informar esa cesantía, pese a que el reglamento de concursos le obligaba a declararla. El Jurado fue categórico al señalar que «la omisión fue consciente. El magistrado conocía la sanción, conocía su registro y conocía el reglamento de concursos y decidió con un criterio propio qué declarar y qué callar». Esta conducta constituyó la base de la destitución.
El segundo cargo que enfrentaba Salmain ante el Jurado era el pedido de una coima en 2023, ya como juez, para dictar un fallo que permitiera al fideicomiso «Attila» comprar 10 millones de dólares a precio oficial cuando regía el cepo cambiario. Los fiscales Luis Juez Jimena De la Torre y Diego Barroetaveña habían solicitado su destitución por ambos cargos, mientras que la defensa, a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, pidió que se rechazara la imputación. El Jurado finalmente destituyó a Salmain solo por el primer cargo, al rechazar la acusación por el pedido de coima.
La decisión del Jurado de Enjuiciamiento se produce después de que el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendiera a Salmain en junio pasado y lo enviara a juicio político por ambos hechos. La destitución firmada por los jueces Marcelo Bartumeu y los demás integrantes del tribunal marca un precedente en la justicia argentina, al subrayar la importancia de la transparencia y la veracidad en la hoja de vida de los aspirantes a magistrados.
Tras conocerse la destitución, Salmain perdió automáticamente los fueros que lo protegían como juez federal. En consecuencia, la Cámara Federal de Rosario dispuso su detención bajo prisión domiciliaria en el marco de la causa penal en la que está procesado por el pedido de coima, aunque este cargo no fue incluido en la destitución. La medida busca asegurar su sometimiento al proceso judicial mientras se sustancia la causa.
El caso Salmain expone las fallas en los mecanismos de control y selección de magistrados en Argentina. La omisión deliberada de un antecedente disciplinario en 36 concursos públicos evidencia una grieta en los procesos de evaluación y una cultura de la impunidad que el Jurado de Enjuiciamiento buscó corregir con esta destitución. Asimismo, la decisión de rechazar la acusación por coima, pero avanzar con la destitución por mentir en el currículum, envía un mensaje claro: la integridad y la honestidad son requisitos indispensables para el ejercicio de la función judicial, independientemente de la gravedad de las conductas posteriores.
La prisión domiciliaria de Salmain, mientras se define su situación penal, plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas cautelares en casos de corrupción y la necesidad de fortalecer los organismos de control. La sociedad civil y los organismos de transparencia han reclamado históricamente mayores controles en la designación de jueces, y este caso podría impulsar reformas en el reglamento de concursos para exigir declaraciones juradas más rigurosas y verificaciones exhaustivas de antecedentes.
La destitución de Salmain también deja al descubierto la lentitud de los procesos disciplinarios: desde el sumario administrativo en 2021 hasta la destitución en 2026 transcurrieron cinco años, durante los cuales el magistrado continuó ejerciendo y presentándose a concursos. Este lapso plantea dudas sobre la capacidad del sistema para detectar y sancionar oportunamente conductas incompatibles con la función judicial.
En el plano institucional, la decisión del Jurado de Enjuiciamiento reafirma la potestad del Estado para remover a magistrados que incurran en mal desempeño, incluso cuando no se configura un delito penal. La figura del mal desempeño, consagrada en la Constitución Nacional, permite sancionar conductas que, sin ser delictivas, afectan la confianza pública en la justicia. En este caso, la mentira en el currículum y la ocultación de un antecedente de cesantía por corrupción resultaron suficientes para la destitución.
El fallo también subraya la importancia de la veracidad en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. La obligación de informar antecedentes disciplinarios no es un mero formalismo, sino un requisito esencial para evaluar la idoneidad moral de los candidatos. La decisión del Jurado establece un estándar claro: la omisión consciente de información relevante en un concurso público constituye una falta grave que amerita la máxima sanción administrativa.
Con la destitución consumada, Salmain enfrenta ahora un futuro incierto. La prisión domiciliaria podría convertirse en efectiva si la causa penal avanza, aunque el rechazo de la acusación por coima en el Jurado no implica su absolución en sede penal. La Cámara Federal de Rosario deberá resolver su situación procesal, mientras la sociedad observa con atención un caso que puso a prueba la fortaleza de las instituciones y la independencia de los poderes del Estado.
La destitución de Gastón Salmain es un recordatorio de que la justicia debe ser transparente desde su origen. La confianza pública no se recupera solo con sentencias, sino con la integridad de quienes las dictan. El Jurado de Enjuiciamiento ha hablado: la mentira y la omisión de antecedentes no tienen cabida en la magistratura. Ahora resta que el sistema judicial y los organismos de control aprendan la lección y cierren las grietas que permitieron que un juez cesanteado por corrupción llegara a ocupar un cargo federal.
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