Un movimiento procesal de apariencia técnica ha encendido las alarmas en los pasillos del Poder Judicial porteño. La inclusión de María Pérez Cárrega, secretaria letrada del juez Alberto Lugones, en la terna final para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10, ha sido interpretada por fuentes judiciales como un nuevo capítulo en el presunto blindaje judicial que protegería al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, de cara a la recta final del Mundial 2026.\n\nEl Juzgado Penal Económico N° 10 es el tribunal que tiene bajo su órbita la causa principal contra ambos dirigentes: la investigación por la construcción y posible financiamiento irregular de la lujosa mansión de Tapia en el partido bonaerense de Pilar. Este expediente, que acumula múltiples derivaciones y recursos, ha sido el epicentro de una compleja trama que mezcla fútbol, poder político y sospechas de corrupción.\n\nEl procedimiento que llevó a Pérez Cárrega a la terna final se originó en el Concurso 430, abierto en 2019 para cubrir la vacante del juzgado. La cronología del concurso, revelada por una investigación periodística, es inusualmente extensa y errática. El examen escrito se realizó en 2019, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020, las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022, y la propuesta definitiva de la Comisión de Selección fue aprobada recién en abril de 2026. Este cronograma dilatado contrasta con la urgencia que suele imprimirse a concursos de similares características.\n\nEn la primera orden de mérito, que ponderaba antecedentes académicos y el resultado del examen escrito, Pérez Cárrega se ubicaba en el puesto número 12, con 15.020 puntos. Los primeros lugares eran ocupados por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino. Sin embargo, tras las entrevistas personales realizadas por la Comisión de Selección, el orden se modificó de manera drástica. El consejero Diego Barroetaveña, encargado de evaluar esa etapa, argumentó en su informe que Pérez Cárrega había demostrado “un perfil integral y actualizado”, con especial capacitación en perspectivas de género y ética pública. A pesar de que otros concursantes como Esteban Horacio Murano, Rodolfo Rodrigo Florez, Mariano Carlos Madiedo, Mabel Elena Castelnuovo, Ramiro Velasco, Eduardo Emilio Botello y Santiago Roldán tuvieron “un desempeño correcto”, Barroetaveña sostuvo que la postulante de Lugones exhibió “un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada”.\n\nEl rol de Barroetaveña agrega una arista más a la controversia. El consejero renunció a la comisión de Ética de la AFA a principios de 2026, un vínculo que, según fuentes judiciales, podría haber generado un conflicto de intereses al momento de evaluar a una candidata vinculada al juez que lleva la causa más sensible para la dirigencia futbolística.\n\nActualmente, el Juzgado Penal Económico N° 10 es subrogado por la jueza Verónica Straccia. Ella concentra la investigación de la mansión de Pilar desde la semana pasada, luego de que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resolviera que el expediente debía tramitar íntegramente en ese fuero. Cuando se designe al nuevo juez titular, Straccia dejará el juzgado y quien asuma tendrá en sus manos un expediente de alta exposición política y mediática, con la capacidad de definir el curso de una investigación que podría implicar a la máxima autoridad del fútbol argentino.\n\nLas implicancias de esta maniobra son múltiples. Por un lado, socava la credibilidad del sistema de concursos judiciales, que debería garantizar la selección de los jueces más idóneos y, sobre todo, independientes. Por otro, refuerza la percepción de que ciertos sectores del Poder Judicial operan en función de intereses particulares. La designación de una persona de máxima confianza del juez Lugones al frente del juzgado que él mismo controlaba de manera indirecta es leída por observadores judiciales como una estrategia para perpetuar un criterio favorable a los intereses de la AFA.\n\nLa investigación por la mansión de Pilar no es el único expediente que salpica a Tapia y Toviggino. Ambos están imputados por presuntas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA y en la concesión de derechos televisivos. Sin embargo, la causa de la mansión es la que más cerca está de una definición, y cualquier cambio en la titularidad del juzgado puede incidir directamente en el ritmo y el rumbo de las pesquisas.\n\nEn conclusión, el proceso de selección del nuevo juez para el Juzgado Penal Económico N° 10 expone una preocupante interacción entre el poder político, el deportivo y el judicial. La inclusión de una colaboradora de Lugones en la terna final, precedida por un concurso de duración anómala y una justificación de méritos que no se condice con la evaluación objetiva de los antecedentes, perfila un escenario donde el blindaje judicial de los dirigentes de la AFA parece ser la prioridad, por encima de la transparencia y la independencia del sistema de justicia. La designación final recaerá en el Poder Ejecutivo, que deberá elegir entre la ternada. La decisión será monitoreada de cerca por la opinión pública y las organizaciones de control judicial, que ven en este caso un termómetro del estado de la separación de poderes en la Argentina.
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