El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Comodoro Py debió suspender la primera audiencia del juicio por el expediente conocido como Vialidad II, un desprendimiento del caso principal en el que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022. La causa, que investiga el desvío de fondos públicos destinados a la obra pública en Santa Cruz, se encuentra dividida en tres tramos. El segundo de ellos, que ahora debía comenzar, involucra a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y a otros tres acusados.
La suspensión se produjo el jueves 17 de julio de 2026, cuando el tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, constató que el principal acusado, Sandro Férgola, ex funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó en la sala de audiencias sin sus abogados defensores, Arce y Labombarda. Sin embargo, los letrados se encontraban en el mismo edificio de Comodoro Py, participando de otra audiencia: la del juicio por los Cuadernos de las Coimas, que se desarrolla en el TOF 7. Según fuentes judiciales, los defensores estaban presentes en la Sala Auditorium (conocida como AMIA) desde las 9 de la mañana, en una sesión con modalidad mixta que combinaba participación presencial y remota.
El TOF 2 había ordenado con diez días de antelación a la defensa de Férgola que designara un abogado sustituto para evitar conflictos de agenda. No obstante, los letrados no cumplieron con la instrucción y no se presentaron en la audiencia de Vialidad II. Ante esta situación, los magistrados consideraron que «no estaban dadas las garantías procesales» para que el imputado afrontara el debate sin la debida representación letrada, lo que llevó a la suspensión del inicio del juicio. Fuentes del tribunal calificaron el comportamiento de los abogados como «una provocación y una afrenta al tribunal», y advirtieron que buscarán una respuesta institucional.
El caso Vialidad II se originó a partir de la investigación de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El expediente madre, que concluyó con la condena de Cristina Kirchner en diciembre de 2022, tuvo tres tramos. El primero, en el que también fueron condenados Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia. El segundo tramo, ahora en juicio, se centra en Martín Báez, hijo del empresario y acusado de intermediación en el lavado de activos; Julio Mendoza, ex presidente de la constructora Austral Construcciones; Fernando Butti, ex contador de la firma; y Sandro Férgola, quien, como funcionario de Vialidad, debía supervisar las obras de Báez y presuntamente omitió controles.
La particularidad de este proceso es que Martín Báez y Fernando Butti firmaron un juicio abreviado, admitiendo su culpabilidad por los cargos atribuidos en la instrucción, lo que los excluye del debate oral. Por lo tanto, el único acusado que debía sentarse en el banquillo en esta instancia era Sandro Férgola. La ausencia de sus abogados, sin embargo, generó un impasse que revela las dificultades de coordinar múltiples causas en un sistema judicial sobrecargado.
La superposición de audiencias es un fenómeno habitual en los tribunales federales, donde los mismos abogados pueden representar a clientes en distintos procesos. En este caso, los letrados de Férgola también defienden a otros imputados en la causa de los Cuadernos de las Coimas, un megajuicio que abarca el pago de coimas a funcionarios públicos por parte de empresarios. Fuentes judiciales señalaron que, en la audiencia del jueves, el TOF 7 recibía declaraciones de testigos de la fiscalía, no de la defensa, y que la presencia de los abogados no era obligatoria salvo en actos como la indagatoria. Esta situación fue interpretada como una maniobra dilatoria por parte de la defensa de Férgola.
El incidente tiene implicancias para el desarrollo del juicio. La suspensión prolonga un proceso que ya arrastra demoras desde la instrucción, y podría generar precedentes sobre la gestión de conflictos de agenda en causas de corrupción. Expertos en derecho penal señalan que el tribunal podría aplicar sanciones procesales a los abogados, como apercibimientos o incluso la remoción de la defensa, aunque esto último es poco frecuente. Por ahora, el TOF 2 no fijó una nueva fecha para la audiencia, a la espera de que la defensa regularice su situación.
En el contexto más amplio, el caso Vialidad II forma parte de una serie de procesos judiciales que buscan desentrañar el entramado de corrupción en la obra pública durante la era kirchnerista. La sentencia firme del primer tramo, que incluye penas de prisión para Lázaro Báez y otros, ha sido un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina. Sin embargo, las complejidades procesales, como la superposición de audiencias y las estrategias dilatorias, continúan siendo obstáculos para la resolución definitiva de estos expedientes.
La decisión del tribunal de suspender la audiencia se basó en la protección de las garantías procesales del imputado. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a una defensa adecuada, y cualquier violación podría ser utilizada como fundamento para eventuales recursos de apelación. Por lo tanto, los jueces actuaron con cautela para evitar nulidades futuras. No obstante, el comportamiento de los abogados, que estaban físicamente en el mismo edificio pero no en la sala asignada, fue visto como una falta de respeto a la autoridad judicial.
En conclusión, el inicio del juicio por Vialidad II se vio frustrado por la incomparecencia de los abogados de Sandro Férgola, quienes priorizaron su participación en otra causa. El tribunal deberá ahora resolver el conflicto de agenda y determinar una nueva fecha para el debate. Mientras tanto, el caso continúa su curso, reflejando las tensiones que atraviesan el sistema judicial argentino en la persecución de delitos de corrupción de alto perfil. Los próximos pasos dependerán de la respuesta del TOF 2 y de la disposición de la defensa a cumplir con las órdenes judiciales, en un proceso que busca esclarecer el destino de millones de pesos en obras públicas que nunca se ejecutaron debidamente.
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