El escándalo de abuso sexual, grooming y explotación de menores que afecta al departamento Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba, provocó un fuerte sismo institucional en la Legislatura unicameral. La causa judicial, que acumula más de una docena de detenidos —entre ellos remiseros, un agente policial y un excolaborador parlamentario—, expuso no solo una red delictiva que captaba a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, sino también un preocupante déficit en los mecanismos de control del personal contratado por el poder legislativo.
La investigación, iniciada por denuncias de madres de la localidad de Río Seco, reveló un patrón de operación sistemático: los acusados utilizaban redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para contactar a las víctimas, ofreciendo dinero, comida o traslados a cambio de material íntimo y encuentros sexuales. Según consta en el expediente judicial, las víctimas pertenecían a entornos de extrema precariedad social y económica, lo que facilitaba la acción de los depredadores.
El impacto político escaló cuando se confirmó que uno de los principales imputados se desempeñaba como asesor directo del legislador provincial oficialista Ernesto “Cañito” Flores. La revelación generó una crisis institucional: el legislador solicitó licencia luego de que la oposición reclamara su renuncia, mientras la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, se sumó al pedido de expulsión. La discusión pública derivó en un cuestionamiento más amplio sobre el uso de recursos estatales para facilitar o encubrir actividades ilícitas, y la oposición exigió transparencia total en la nómina de empleados y contratados del cuerpo deliberativo.
Ante la gravedad del escenario y la creciente presión social, la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto, impulsó una reforma sustancial en las normativas de contratación. El nuevo decreto 206 establece que cada solicitud de incorporación de personal deberá ser firmada por el legislador, autoridad o responsable de bloque que la promueva. Además, se debe identificar al contratado, especificar la dependencia a la que se incorporará, describir sus tareas, justificar los motivos de su contratación y declarar expresamente que la solicitud se realiza “bajo su responsabilidad institucional”.
La medida introduce dos cambios clave: primero, un endurecimiento en los requisitos de ingreso y la verificación obligatoria de antecedentes penales para todo el personal que aspire a trabajar en despachos o bloques; segundo, un mecanismo de responsabilidad solidaria que convierte a los legisladores en garantes formales de la conducta de sus colaboradores. Esto implica que, en caso de detectarse irregularidades, el contratante deberá responder ante la institución y potencialmente ante la justicia.
Las implicancias de esta reforma son múltiples. A nivel político, busca restaurar la confianza en una institución golpeada por el escándalo y envía una señal clara de que la impunidad no será tolerada. Sin embargo, la medida también plantea interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad penal de los legisladores y sobre si estos controles serán suficientes para prevenir nuevos casos. La experiencia comparada de otras provincias argentinas muestra que la mera existencia de protocolos no garantiza su cumplimiento efectivo, y que se requiere de auditorías regulares y supervisión ciudadana para que las normativas tengan resultados palpables.
Desde la perspectiva social, el caso de Río Seco dejó en evidencia la vulnerabilidad de las infancias en contextos de pobreza extrema, donde las redes de explotación operan con relativa impunidad aprovechando la desesperación de las familias. Las organizaciones de derechos humanos de la provincia han solicitado que la causa no quede reducida a un caso aislado, y que se implementen políticas integrales de protección de menores que incluyan educación digital, canales de denuncia accesibles y asistencia a las víctimas.
En términos económicos, el escándalo impacta en la gestión pública provincial: la reforma administrativa requerirá recursos adicionales para la verificación de antecedentes y la implementación de un sistema de monitoreo continuo. Además, el cambio en los procesos de contratación podría ralentizar la incorporación de personal necesaria para el funcionamiento del legislativo, aunque las autoridades provinciales consideran que este es un costo asumible frente al riesgo reputacional y legal que implicaría un nuevo caso.
En conclusión, la Legislatura de Córdoba ha dado un paso inédito al institucionalizar la responsabilidad política sobre el personal contratado. La medida es un avance significativo en materia de transparencia, pero su eficacia dependerá de la capacidad real de control y sanción. El caso de Río Seco, con sus ramificaciones políticas y judiciales, funcionará como un test de estrés para el sistema. La sociedad civil y la prensa seguirán de cerca los próximos movimientos de la justicia cordobesa y de la Cámara de Legisladores, en un contexto donde la protección de la infancia se ha convertido en una prioridad ineludible para la agenda pública provincial.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
