La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py ratificó este viernes la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartar de la causa $LIBRA a un grupo de cinco inversores que se habían presentado como querellantes. La resolución, que fue solicitada por el cripto lobbista Mauricio Novelli, representa un avance en la estrategia de defensa del Gobierno de Javier Milei, al debilitar la hipótesis de una estafa orquestada desde las altas esferas gubernamentales.\n\nEl fallo, al que accedió Clarín, lleva las firmas de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, este último uno de los magistrados que asumió formalmente un día antes. La resolución se conoció horas después de que Bertuzzi y Pablo Yadarola completaran la integración de la Sala 1, un cambio en la composición de la Cámara que podría tener implicancias en la orientación de futuras decisiones vinculadas a la investigación.\n\nLos querellantes afectados por la medida son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro París, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Según el criterio esgrimido por la defensa de Novelli y avalado ahora por la Cámara, estos inversores no configuran la figura de «particulares ofendidos» en los términos exigidos por el Código Penal para constituirse como parte acusadora en un presunto delito de estafa. La argumentación central sostiene que, al participar en un mercado de alta volatilidad como el de las criptomonedas, los actores asumen voluntariamente los riesgos inherentes a ese tipo de operaciones.\n\nEn los considerandos de la resolución, los camaristas sostienen que la hipótesis de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» se encuentra «diluida». El texto judicial señala que los apelantes no lograron demostrar la existencia de un ardid o falsa afirmación que los hubiera determinado a adquirir el token $LIBRA. Una de las citas textuales del fallo indica que «quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido».\n\nEste razonamiento se alinea con la postura que la Casa Rosada expresó desde los primeros días del escándalo. En una entrevista otorgada horas después del desplome del token, el presidente Javier Milei comparó la operación con un juego de azar extremo: «Es como que alguien va, juega a la ruleta rusa y le tocó la bala». Además, los jueces fundamentaron que la afirmación de un engaño «pierde efectividad» en un entorno de tecnología blockchain, dado que este sistema registra las operaciones de manera pública, inmutable y trazable, permitiendo a los inversores acceder a información transparente sobre la naturaleza del activo.\n\nEl trasfondo del fallo revela una disputa más amplia sobre la naturaleza de la operatoria. Según reconstrucciones judiciales basadas en mensajes extraídos del teléfono de Novelli, el lobbista habría participado activamente en el diseño de la estrategia comunicacional para que el Gobierno superara la crisis reputacional. Su defensa técnica, que ahora fue validada por la Cámara Federal, se basó en la premisa de que en el caso $LIBRA no se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para configurar una estafa: ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. Esta línea argumental fue la misma que esgrimieron los representantes legales del Gobierno en las presentaciones oficiales.\n\nLos camaristas también cuestionaron la calidad probatoria de los argumentos de los querellantes, a quienes se refirieron como sujetos que «solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra». En este punto, la resolución es tajante al preguntarse cuál es el momento de la secuencia fáctica en el que se inserta el posteo del presidente Milei en redes sociales, un elemento central en la acusación inicial.\n\nLas implicancias de esta decisión son significativas en el plano procesal y político. Por un lado, se reduce el espectro de actores que pueden impulsar la acusación penal, lo que limita las vías para profundizar la investigación en el fuero federal. Por otro lado, consolida una interpretación jurídica que podría sentar precedente para casos futuros vinculados a criptomonedas en Argentina, un mercado en expansión pero aún carente de regulación específica. La resolución también refuerza la posición del Poder Ejecutivo, que ha negado sistemáticamente cualquier participación en un plan de estafa y ha insistido en el carácter especulativo y de alto riesgo de las memecoins.\n\nSin embargo, la causa judicial no está cerrada. A través de sus abogados, los querellantes apartados ya anunciaron a Clarín su intención de recurrir a la Cámara de Casación Penal, última instancia ordinaria antes de la Corte Suprema. Este movimiento procesal mantiene viva la controversia y sugiere que la batalla judicial se extenderá. El foco de la discusión, más allá del destino procesal de los cinco inversores, radica en si existe o no una maniobra delictiva detrás del lanzamiento del token. En este sentido, el fallo de la Cámara Federal no solo resuelve una cuestión de legitimación procesal, sino que además envía una señal clara sobre el rumbo que los tribunales parecen dispuestos a tomar en la evaluación de fondo del caso.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
