La declaración testimonial de Milagros Ayelén Escudero, niñera de la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde, se convirtió este miércoles en un nuevo punto de inflexión dentro de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La mujer, de 27 años, afirmó ante la Fiscalía que nunca ingresó al vestidor de la vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, el mismo lugar donde se cree que se grabó el video que muestra millones de dólares en efectivo entre prendas de vestir. La declaración fue considerada insuficiente por los fiscales, quienes esperaban obtener datos precisos sobre la organización del espacio y los objetos allí presentes.
El testimonio de Escudero se produce en un contexto judicial donde la defensa de ambos investigados busca desvincular a sus representados de cualquier responsabilidad penal. Según el acta oficial a la que accedió este medio, la testigo aseguró que sus tareas se limitaban exclusivamente al cuidado de la menor, quien residía en la planta baja de la propiedad. «La testigo manifestó que no podía describir el vestidor porque nunca ha pasado a la habitación. Refiere que no había un lugar al que no podía pasar, pero como estaba abocada al cuidado de la nena, los ambientes que recorría asiduamente resultaban ser la habitación de la nena, baños, living, la cocina, el parque», consigna el documento. Esta versión contrasta con la hipótesis inicial de la Fiscalía, que suponía que los empleados domésticos tendrían acceso pleno a todas las áreas de la residencia.
El video en cuestión, difundido por el diario La Nación en marzo de 2024, muestra a Cirio manipulando fajos de dólares estadounidenses que se encontraban distribuidos en bolsas de residuos, cajas de cartón y una valija Samsonite. Las imágenes fueron grabadas en un vestidor de hombre, donde se observan camperas, gorras y camisas. La justicia busca determinar si ese espacio pertenecía a la casa de San Vicente —propiedad de Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora— o al departamento de Cirio en el barrio de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La declaración de Escudero no aportó elementos para resolver esta disyuntiva.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Juan Possenti solicitó que se le exhibieran las imágenes a la testigo para que pudiera identificar algún objeto o detalle de la escena. Sin embargo, los abogados defensores Claudio Cafferello, Nicolás Urrutia (por Cirio) y Nicolás Maciel (por Insaurralde) se opusieron a esta medida. «Los abogados de Cirio e Insaurralde se opusieron tajantemente», señala el acta. Tras un breve debate, la Fiscalía decidió no insistir, pero el incidente dejó en evidencia las tensiones entre las partes. Escudero, al ser preguntada si reconocía elementos del video, respondió de manera genérica: «Vio gorras y una valija, pero no recordaba ninguna» de la casa de San Vicente.
El testimonio de la niñera no fue el único previsto para esta jornada. La Fiscalía también había citado a una segunda empleada doméstica, quien no se presentó por problemas de notificación. Esta situación generó malestar en los investigadores, ya que consideran que los empleados que trabajaron directamente en la residencia de San Vicente son testigos clave para corroborar si el vestidor del video corresponde a la vivienda del exintendente. «Sus testimonios son centrales porque pueden confirmar la distribución de los ambientes y si existía algún tipo de restricción de acceso», explicó una fuente judicial. La ausencia de la segunda testigo obligará a reprogramar su declaración.
Las implicancias de estas declaraciones trascienden el plano procesal. El caso Insaurralde-Cirio ha captado la atención pública por la magnitud de los montos implicados y por las conexiones políticas del exfuncionario. Insaurralde, quien fue intendente de Lomas de Zamora entre 2015 y 2023, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y posible evasión fiscal. La aparición de los dólares en el video agregó un nuevo capítulo a una investigación que ya incluía allanamientos a propiedades, análisis de cuentas bancarias y la revisión de movimientos migratorios de los imputados.
Desde el punto de vista social, el caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en la función pública y la necesidad de mecanismos más efectivos de control patrimonial. Economistas consultados por este medio señalan que la tenencia de divisas no declaradas en estos montos sugiere un circuito financiero paralelo, que podría estar vinculado a prácticas de corrupción. «La falta de declaración de estos activos implica una evasión fiscal directa. Además, el origen del dinero podría estar relacionado con sobornos o desvíos de fondos públicos», indicó un analista que pidió reserva de su identidad.
En el ámbito político, la oposición ha utilizado el caso para cuestionar la gestión del gobierno provincial y nacional, mientras que desde el oficialismo se ha evitado hacer comentarios directos. «Esto no es solo un tema judicial, es un problema de confianza en las instituciones», declaró un diputado opositor que sigue de cerca la causa. Por su parte, los abogados de Insaurralde y Cirio mantienen que sus representados son inocentes y que el video fue sacado de contexto. «No hay delito en tener ahorros personales», afirmó Nicolás Maciel, defensor de Insaurralde, en declaraciones extraoficiales.
La investigación continuará con nuevas medidas de prueba. La Fiscalía tiene previsto analizar el teléfono de Escudero para verificar si existen registros de comunicación con los imputados o fotos de la vivienda. Además, se espera la declaración de otros testigos que trabajaron en el country Fincas de San Vicente, incluyendo personal de seguridad y mantenimiento. Paralelamente, la justicia federal avanza en el análisis de las cuentas offshore vinculadas a Insaurralde, detectadas a través del escándalo de los Panama Papers.
Por ahora, la incógnita sobre el origen de los dólares y si el vestidor pertenece a la casa de San Vicente sigue sin resolverse. La declaración de la niñera, en lugar de esclarecer los hechos, ha generado nuevas dudas sobre la dinámica interna de la familia y el grado de conocimiento que tenían los empleados sobre las actividades de sus patrones. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas que, al menos por el momento, parecen estar lejos de llegar.
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